El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, manifestó preocupación por la crisis de alimentos en Guatemala, que consideró un ejemplo extremo en la región, y señaló la poca capacidad del Estado para combatirla, especialmente por la falta de recursos económicos. La situación es preocupante porque la […]
El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, manifestó preocupación por la crisis de alimentos en Guatemala, que consideró un ejemplo extremo en la región, y señaló la poca capacidad del Estado para combatirla, especialmente por la falta de recursos económicos.
La situación es preocupante porque la desigualdad en los ingresos persiste; las poblaciones más pobres se concentran en el área rural, un 72 por ciento, y los más afectados son los indígenas, dijo el Relator, quien finalizó su vista este sábado.
De acuerdo con De Schutter, esto implica que el país recaude más impuestos para cumplir con sus obligaciones, sin embargo «es un Estado pobre y débil que apenas recauda el 9.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 12. 5 establecido en los Acuerdos de Paz», el cual fue firmado entre la guerrilla y el Estado en 1996.
Por otro lado, el experto consideró una paradoja que Guatemala tenga una excelente legislación que promueve la seguridad alimentaria y nutricional (SINASAN) adoptada en 2005, antes que muchos países en la región, pero que no ha sido aplicada.
Además de reunirse con el mandatario Álvaro Colom y el presidente del Congreso, Roberto Alejos, De Schutter tuvo acercamientos con varios sectores, entre ellos los partidos políticos, el sector justicia y la primera dama, Sandra Torres de Colom, a cargo del Consejo de Cohesión Social, que impulsa programas para combatir la pobreza en el área rural.
El experto valoró los esfuerzos iniciados por el gobierno para atender a las personas más vulnerables en el área rural, pero consideró que estos programas, sobre todo «Mi Familia Progresa» no son suficientes para atacar los problemas estructurales del hambre.
Para ello dio una serie de recomendaciones que podrían mejorarlos significativamente, como la identificación de los beneficiarios en una legislación para que puedan reclamar sus derechos ante los tribunales, si no son beneficiados y su aplicación con una perspectiva de derechos humanos y no asistencialista.