Una ola de críticas se han vertido sobre el denominado Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina, luego de la organización, durante el mes de diciembre, de un Taller de redacción de solicitudes de patentes. El evento desarrollado durante tres días en ese organismo contó con la organización conjunta y la activa participación […]
Una ola de críticas se han vertido sobre el denominado Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina, luego de la organización, durante el mes de diciembre, de un Taller de redacción de solicitudes de patentes. El evento desarrollado durante tres días en ese organismo contó con la organización conjunta y la activa participación de funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM).
Las críticas se relacionan con la gran influencia de estos organismos en el desarrollo de las políticas internas de la institución y los acuerdos conducentes a una mayor protección de los «inventos» originados en los países más desarrollados tecnológicamente, presentados como solicitudes de patentes de bajos estándares en materia de actividad inventiva, sin cumplimiento de los requisitos impuestos por las leyes nacionales que regulan las patentes.
Las industrias latinoamericanas han visto frenada su innovación como consecuencia de la gran cantidad de solicitudes provenientes de Estados Unidos, Unión Europea y Japón, bloqueando el surgimiento de innovación nacional y restringiendo el acceso a la información técnica y al conocimiento que pudieran contener dichas solicitudes.
Los acuerdos de cooperación signados por el organismo de patentes y marcas argentino con organismos internacionales y Cámaras de Comercio de Estados Unidos no han redundado en mejoras para el desarrollo de la economía nacional y han favorecido la creación de monopolios y su correlato de concentración de tecnologías en pocas empresas extranjeras, especialmente en materia de medicamentos.
Estos acuerdos parecen contradecir las políticas de distribución de la riqueza y el desarrollo de una economía basada en criterios propios impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner y su flamante Ministra de Producción, Débora Giorgi.
La deficiente performance de la institución de propiedad industrial contrasta con la dinámica impuesta por otros organismos del Estado argentino en sus esfuerzos por romper la lógica neoliberal en ese país.