Decir (y se dice), «que hay que ver si es posible mantener el sistema de pensiones», así como el subsidio de paro, las diferentes financiaciones de dependencias y marginalidades, es un posicionamiento conservador, neoliberal, ya que se posiciona claramente en la economía oficial/capitalista, y en contra de la mayoría trabajadora/parada/pensionista, de la población que hace […]
Decir (y se dice), «que hay que ver si es posible mantener el sistema de pensiones», así como el subsidio de paro, las diferentes financiaciones de dependencias y marginalidades, es un posicionamiento conservador, neoliberal, ya que se posiciona claramente en la economía oficial/capitalista, y en contra de la mayoría trabajadora/parada/pensionista, de la población que hace posible (recordemos que son fundamentalmente las rentas (cada vez más escasas) de los más desfavorecidos, las que posibilitan que el Estado tenga ingresos) con su esfuerzo personal y económico, que las instituciones, el sistema, pueda seguir siendo operativo a pesar de los inmensos desvíos y apropiaciones/robos, regalos y evasiones fiscales que se hacen las elites político/económicas.
En España, por ejemplo, según la OCDE, los impuestos sobre las rentas del trabajo superan ampliamente la media de los países ricos. El 39,6 % de la nómina de un asalariado español sin hijos fue a parar, en el año 2015, a las arcas de Hacienda [1] o de la Seguridad Social, mientras la media de la OCDE no llega al 36 %.
Y esto ocurre en un país con elevados porcentajes de paro, y de precariedad laboral.
Pero es que, además; el 13% de los asalariados españoles están por debajo del 60% de la media de ingresos del país, donde el SMI es de 900 € (después de que U. Podemos forzara su subida), y la pensión media contributiva: 993,11, cifras a las que, al quitarles el casi 40 % de los impuestos, implican tener que convivir con la pobreza.
Los trabajadores españoles pagan mucho, son esquilmados, pero el Estado español recauda poco, ya que ha impuesto legalmente un sistema impositivo muy favorable y/o inexistente para las rentas del capital, y grandes fortunas, fomentando la permisividad y amnistías fiscales con los evasores a paraísos fiscales, legalizando la mínima tributación de las SICAV, o la ingeniería tributaria mediante contabilidades creativas que esconden el beneficio en el Impuesto de Sociedades, que tributa con tipos más bajos que los que se aplican al trabajo, o declarados como Patrimonio, premiando la corrupción y el enriquecimiento de estos delincuentes sociales.
Y con este panorama, Joaquín Nieto, otro ejecutivo institucional, director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, asegura que «La recuperación social ha empezado pero está lejos de culminar». Lo cual no deja de ser una afirmación políticamente correcta, y que no se moja, pero no deja de ser otra mentira, dado que, la recuperación social no existe ni existirá, ya que las políticas de Crisis llevan y llegan con leyes que legalizan tal hecho.
De hecho la retórica liberal-populista continua con su deseo de implantar la rebaja generalizada de impuestos, rebaja que oculta su deseo de que las elites, los ricos, vean reducida su contribución fiscal (todavía más), intentando ocultar que el objetivo es el de implantar políticas que limiten la capacidad del Estado en las necesidades de financiación del gasto social. Eso sí; no renunciaran a ejército y policía que les proteja, ni a enriquecerse con los contratos de infraestructuras estatales, ni a corromper y ser corruptos, ni a explotar y oprimir a la mayoría que no puede evitarlo. ¿Cómo financiaran esto?. Legislaran para que los trabajadores, los desfavorecidos, lo sigan haciendo.
Por tanto, la cuestión no está en no pagar impuestos, sino en que paguen los que hasta ahora no lo hacen (o contribuyen poco), de forma proporcional a los ingresos y riqueza acumulada, es más, que se paguen de forma progresiva. Esa es la política fiscal, que aunque escrita, nunca se aplicó, y que elimina de una vez por todas, cualquier duda sobre la viabilidad de las pensiones o R. B, que solo deben ser una partida más de los Presupuestos Generales del Estado.
Nota:
[1] Como se puede apreciar en el cuadro de más abajo, de los 146.484 millones de la recaudación, la inmensa mayoría pertenecen al IRPF (rentas de trabajo), y al IVA pagado por los hogares y la vivienda.
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