Repsol acudiría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si no logra un acuerdo con el Gobierno de Ecuador para la renegociación de su contrato en el bloque 16. Antes de iniciar una causa en ese organismo, la firma plantea al Gobierno encontrar una solución amistosa a la controversia en un […]
Repsol acudiría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si no logra un acuerdo con el Gobierno de Ecuador para la renegociación de su contrato en el bloque 16. Antes de iniciar una causa en ese organismo, la firma plantea al Gobierno encontrar una solución amistosa a la controversia en un plazo de seis meses.
Esto porque la compañía considera que la reforma al reglamento de la Ley 42, que incrementa del 50% al 99% el beneficio para el Fisco en la renta petrolera, hace inviable la operación del bloque.
El vocero de la firma en Ecuador, Federico Cruz, señaló ayer que espera que la controversia generada por la reforma a la Ley 42 que incrementa la renta para el Fisco en el 99%, no llegue a esos niveles. «Creemos que sí podemos encontrar un acuerdo en los próximos seis meses», dijo Cruz.
Sin embargo, este no es más que un paso previo que se contempla dentro de las reglas antes de acudir a un arbitraje en el Ciadi.
El inciso dos del artículo 6 del Convenio Ciadi establece que «cuando surja una diferencia en materia de inversión, las partes en la diferencia procurarán primero resolverla mediante consultas y negociaciones».
De igual forma, así lo establece el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y España, acuerdo que invoca Repsol dentro de su pedido de negociación local.
«En ese tratado se establece que las compañías deben dejar pasar por lo menos seis meses antes de que puedan acudir a un arbitraje, tiempo en el cual se pudiera llegar a un acuerdo», explicó un técnico de la Procuraduría del Estado.
En otras palabras, se trata de una fase de conciliación entre las partes, agregó el mismo técnico.
La comunicación de la firma se cruzó el 12 de noviembre pasado, a la Presidencia, la Cancillería, la Procuraduría y el Ministerio Minas y Petróleos.
Desde esa fecha corre el plazo para iniciar las negociaciones.
A pesar de ello, aún no se ha conformado la comisión especial para la renegociación de los contratos, anunciada en días pasados, confirmó el titular encargado del Ramo, José Serrano.
La razón está, según el funcionario, en que el Ministerio está a la espera de las líneas base de negociación por parte del presidente Rafael Correa.
En todo caso, explicó que el tema será analizado por el mandatario Correa y el ministro de Petróleos, Galo Chiriboga, durante su gira a Arabia y Asia.
Pero la posición del Gobierno de no modificar la reforma del 99% deja muy poco espacio de negociación con las petroleras.
Serrano insistió que las negociaciones se orientarán «a modificar el contrato y no el marco jurídico del país (la reforma del 99%)».
Según Cruz, la firma espera de que el Gobierno presente sus alternativas para modificar el modelo contractual, pero dejó entrever que el Estado debiera reconocer sus inversiones en el país, aunque prefirió no hablar de montos. «Las cifras están en discusión y tenemos que ponernos de acuerdo con el Gobierno en eso».
Hasta 2006 la petrolera local reportó a la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) inversiones por USD 1 449 millones. De esta cifra, hasta 2005 se amortizó un total de 667,5 millones.
De no haber un acuerdo y en caso de la compañía decida proceder con una demanda arbitral, el país enfrentaría su tercer proceso, por materia petrolera, en el Ciadi.
El primero fue el planteado por la estadounidense Occidental, luego de que el Estado decidió dar por terminado su contrato en mayo del 2006. El 10 de octubre de ese mismo año City también solicitó iniciar un arbitraje, por considerar que la Ley 2006-42 afecta el equilibrio de su contrato.
Sobre la solicitud de Petroecuador de iniciar el proceso de caducidad del contrato de City Oriente, por el no pago de la Ley 42, Serrano indicó que Petroecuador no cumplió con los pasos previos que requiere el proceso.
Esto es, antes de enviar su pedido, que se hizo el 8 de noviembre pasado, debía notificar a la compañía con el incumplimiento.
Entonces, según el contrato, la firma tiene 10 días para presentar sus pruebas de descargo o cancelar el valor adeudado.
Oxy pide cerca de USD 3 billones
La petrolera estadounidense Occidental solicitó una indemnización de casi USD 3 000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Esto dentro del proceso arbitral planteado ante este organismo, con sede en Washington.
Según el calendario establecido en mayo pasado, por el tribunal que atiende la causa, la compañía tenía hasta ayer para presentar su demanda económica en contra del país. La demanda con los argumentos jurídicos se presentaron en julio pasado.
La compañía lo hizo antes de la fecha prevista, el 28 de octubre pasado. Ecuador, en tanto, aún no presenta sus alegatos a la jurisdicción. Estos debían ser presentados hasta el pasado 15 de septiembre; sin embargo, el país pidió una prórroga a fin de contratar al despacho jurídico que le asesorará en el caso. Esto luego de que la firma estadounidense Lefoeuf renunció a la defensa por un conflicto de intereses.
Hasta el 15 de noviembre Ecuador debía responder a la demanda jurídica presentada por Oxy y hasta el 15 de diciembre próximo el memorial de daños o cuantía económica.
Sin embargo, el Tribunal dio plazo al país hasta enero para contratar a una firma y continuar con los procesos pendientes.