La deuda pública del Estado español a finales del 2010 [1] era de 700.000 millones de euros, lo que equivale al 60% del Producto Interior Bruto (PIB). En junio del 2011, ésta subió al 65% del PIB, lo que significa que hasta finales del año pasado nuestra deuda pública respetaba los tratados europeos, y en […]
La deuda pública del Estado español a finales del 2010 [1] era de 700.000 millones de euros, lo que equivale al 60% del Producto Interior Bruto (PIB). En junio del 2011, ésta subió al 65% del PIB, lo que significa que hasta finales del año pasado nuestra deuda pública respetaba los tratados europeos, y en estos momentos sigue siendo de las más bajas de la zona euro. Entonces, ¿por qué tanto movimiento alrededor de la deuda española? La respuesta es sencilla, por la deuda privada. Ésta se distribuye entre el sector financiero (1,35 billones – millones de millones – de euros), es decir los bancos, fondos de inversión, etc.; el sector no financiero (1,3 billones de euros), constructoras y inmobiliarias principalmente; y los hogares (menos de un billón de euros). Si sumamos la deuda privada y la pública el total ascienden a un colosal 400% del PIB.
El 45% de la deuda total se debe a acreedores extranjeros como Alemania (22% del total de la deuda externa), Francia (20%), Estados Unidos (17%), Gran Bretaña (14%), el resto de países del Unión Europea (16%), para ser más exactas a los bancos de estos países, y el 55% a acreedores españoles (Banco de Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank). Por lo que la presión para el pago de la deuda no solo viene desde fuera de las fronteras del estado sino también desde nuestro territorio.
En el contexto actual de recesión, el reembolso de sus deudas por parte de los hogares, de las constructoras e inmobiliarias es cada vez más problemático. Por lo que los bancos, tanto españoles como extranjeros, van a tener complicado el cobro de estas deudas. Si a esta situación se añade el más que probable cese de pagos de Grecia, ya que su recesión cada vez es más profunda, vemos que los bancos, tanto españoles como extranjeros, están en una situación muy delicada, por tener en sus carteras unos cuantos bonos de deuda griega.
Si nos basamos en las acciones llevadas a cabo por el Estado español desde el estallido de la crisis financiera, en cuanto empiecen a caer los bancos más expuestos, es probable que los poderes públicos asuman las deudas de estas entidades bancarias, tanto hacia acreedores españoles como extranjeros, a través de mecanismos como avales, préstamos y compra de activos tóxicos. Así, en lo que llevamos de crisis, el gobierno ha puesto a disposición de los bancos unos 220.000 millones de euros, de los cuales estas entidades (no sabemos cuáles) han gastado 100.000 millones de euros. Esto significa que la deuda pública española se verá incrementada al asumir la deuda de estas entidades privadas, llevándola muy por encima del 100% del PIB.
Al incrementar la deuda pública, las tasas de interés asociadas a ésta se van a disparar, lo que aumentará el déficit del estado, por lo que será necesario endeudarse más, entrando en un círculo vicioso de sobreendeudamiento. En ese preciso momento aparecerán el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE) para «rescatarnos».
Estos rescates ya han sido aplicados en varios países de Europa: Islandia (octubre 2008), Grecia (mayo 2010), Irlanda (noviembre 2010). Consisten en préstamos con intereses un pelín más bajos que los del mercado, a cambio de condiciones drásticas: diminución del empleo público, privatización de los servicios públicos básicos (educación, sanidad), incremento de los impuestos indirectos (IVA), venta de las empresas públicas (lotería), diminución de todo tipo de pensiones (desempleo, jubilación, invalidez). Los efectos de estas medidas han sido similares en todos estos países: explosión del paro, incremento de la precarización y la desigualdad (especialmente para las mujeres, las personas menores de 25 años y las inmigradas), emigración hacia países con mejores condiciones económicas (Canadá, Australia). En base a estos datos podemos afirmar que estos rescates se convierten en una pérdida total de soberanía y tienen consecuencias sociales desastrosas.
Este es el escenario al que se dirige muy probablemente el Estado español, en caso de que la ciudadanía deje su poder en las manos de sus representantes habituales. O podemos intentar cambiar las cosas, como en Irlanda, Grecia, Portugal, Francia, donde la ciudadanía está investigando su deuda pública a través de auditorías o tomando contactos para poder conseguirlo.
Podemos recuperar nuestro poder y cambiar de rumbo… así que…Visto lo visto, ¿quieres que nos rescaten?
Yves Julien pertenece a la Comisión de Economia del 15M de Benimaclet (Valencia)
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