La controversial ley Directiva Retorno, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, mediante la cual no solo se fijan normas para la admisión de extranjeros sino que además se asumen métodos bárbaros para su expulsión, es la demostración de que el «choque de civilizaciones», más que una teoría, es la realidad que actualmente vive la humanidad. […]
La controversial ley Directiva Retorno, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, mediante la cual no solo se fijan normas para la admisión de extranjeros sino que además se asumen métodos bárbaros para su expulsión, es la demostración de que el «choque de civilizaciones», más que una teoría, es la realidad que actualmente vive la humanidad.
La teoría de Samuel Huntington señala que «los estados-nación seguirán siendo los actores más poderosos del panorama internacional, pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones y grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones.»
Si damos crédito a los que señalan que el modelo occidental es el autodenominado «la civilización», y las naciones orientales y pobres del planeta que son la mayoría, son vista como «la barbarie», ya existe entre ambas una confrontación cultural, del occidente con el oriente que no necesariamente se refiere a naciones que comparten la misma ubicación geográfica. Se deduce de ello, que Occidente considera tanto a los árabes, africanos, asiáticos y latinos como «bárbaros» y los condena a la marginación.
La división existente entre los movimientos socialistas en Europa, facilitó la aprobación de esta ley sobre flujos migratorios que contradice toda lógica social y humana y que es considerada por Amnistía Internacional como un «retroceso en materia de derechos humanos que criminaliza la migración». Algunos parlamentarios europeos votaron a favor de este texto por demás controversial que entrará en vigencia el año 2010.
La Directiva Retorno ha contado con el drástico rechazo por parte de intelectuales, artistas, organizaciones de derechos humanos, ecologistas, comunistas, socialistas y países de la Comunidad Andina de Naciones.
Esta ley permite la detención de los expulsables hasta de año y medio, práctica desdeñable para cualquier gobierno que se denomine democrático. El presidente de Ecuador, Rafael Correa por su parte, la calificó como una «agresión» y la rebautizó como «Directiva de la vergüenza». Entre otras cosas porque este reglamento viola los derechos humanos a tal punto que establece que tanto los adultos como los menores de edad, lactantes, niños y adolescentes, son igualmente expulsables y no podrán regresar en un período de cinco años al territorio de donde han sido echados.
La Comisión Europea estima que el número de inmigrantes ilegales es de 8 millones, quienes viven clandestinamente, y que cada año ingresan de manera legal a Europa alrededor de 2 millones de personas, a quienes ahora quieren expulsar o echar en condiciones humillantes para que regresen a sus tierras de origen.
Europa quiere privilegiar los servicios y derechos a los ciudadanos originarios de su región; garantizar como Estados Unidos lo hace la atención a la población blanca. Lo demostró cuando el huracán Katrina azotó a los estados de Florida, Bahamas, Luisiana y Mississippi, mayoritariamente de población afrodescendiente, que fue abandona a su suerte. Unas dos mil personas fallecieron víctimas del fenómeno natural.
Esta ley aprobada por el Parlamento Europeo no sólo es deleznable como dezlenable e injusta es la política de no retorno que Israel aplica al pueblo palestino, desplazado de su territorio desde hace 60 años.
La Organización de Naciones Unidas, en 1951 decretó como Refugiado «…todas aquellas personas que huyen legalmente de su país debido a un temor bien fundado de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas…». Sin embargo, según los movimientos de derechos humanos, por lo menos a 7 millones de palestinos desplazados en el mundo, el estado sionista de Israel les niega el derecho a retornar a su tierra, de los cuales por lo menos 1 millón 500 mil sobreviven en campos de refugiados, discriminados, sometidos a practicas terroristas y a masacres.
La fuerza de ocupación israelí, que cuenta con el silencio y la complicidad de la mayor parte de la llamada «comunidad internacional» representada en los gobiernos, argumenta que los palestinos desplazados no tienen lugar en esa tierra, pero abre programas para que judíos de todas partes del mundo ingresen a ese territorio. Incluso es tan descarada esta práctica que todo ciudadano independientemente de su nacionalidad, si se convierte al judaísmo puede optar por la nacionalidad israelí y vivir allí. Incluso las autoridades de las embajadas en los distintos países están obligadas a facilitar los trámites y recursos para el traslado. Porque el fin último es no dejar espacio para el retorno de los palestinos.
Hoy con toda justicia los inmigrantes que escogieron una tierra para trabajar y vivir, protestan en contra de la ley de inmigración aprobada por Europa, y por fortuna su protesta tiene espacio en los medios. También millones son las voces que se levantan, con menos oportunidad mediática, y claman porque se respete el derecho que tiene el pueblo palestino de retornar voluntariamente a su tierra. ¡No a la Directiva Retorno… Retorno sí, pero para los palestinos!