Uno de los problemas de los países de América Latina es que el ‘Estado’ no cumple con su misión de corregir las deficiencias del mercado y de no proveer servicios públicos, sanidad, educación, previsión social, etc., dado que está constreñido a una escasez de recursos. Sólo es un instrumento de vender ‘patria’, sufragar a unas […]
Uno de los problemas de los países de América Latina es que el ‘Estado’ no cumple con su misión de corregir las deficiencias del mercado y de no proveer servicios públicos, sanidad, educación, previsión social, etc., dado que está constreñido a una escasez de recursos. Sólo es un instrumento de vender ‘patria’, sufragar a unas fuerzas militares-policiacas que mantengan un orden precario y hacer literatura legal con escasa capacidad de su conversión en cambios significativos en la vida de la gente.
La desigualdad social extrema es una rémora para el avance global de la sociedad. No existe la igualdad de oportunidades y se malogran potencialidades humanas. Además de un problema ético de si uno puede vivir ‘bien’ coexistiendo con la miseria y la pobreza de otros seres humanos.
De ahí, que la cohesión social o el denominado diálogo social pueden ser una entelequia cuando además de haber una dialéctica de cómo dividir la tarta primaria, sueldos-beneficios, no existe un mínimo consenso o una aceptación social de la necesidad de disponer de recursos públicos (y de cómo conseguirlos) y la provisión de servicios públicos.
No es casual que América Latina sea la región del mundo menos igualitaria y que, por ejemplo, el gasto social público per capita promedio es casi 30 veces inferior al promedio de la la Unión Europea, según datos proporcionados por el Comité Económico y Social Europeo. Y todo esto, después de decenios de aplicar dictatorialmente el Consenso de Washington y la reducción del Estado a negocios clientelares. Muchos pensamos que las carencias de una renta social retroalimentan las limitaciones de despegue y avance económico.
Los autores del Informe, Domingo Carbajo y Santos Ruesga, inspector fiscal y profesor de estructura económica respectivamente, y estudiosos de la situación fiscal y de las administraciones tributarias de América Latina tratan de enfrentarse al problema de mejorar la capacidad de los sistemas fiscales.
Rechazan la grandilocuencia de proyectos radicales de reforma fiscal por muy bien intencionados que sean, hasta puede ser una excusa para que no haya nada efectivo, que no dispongan previamente de un consenso social, una administración tributaria con medios y motivada con control de censos e información cruzada sobre los agentes económicos. Para ellos, no son relevantes leyes tributarias ‘perfectas’ si no hay aceptación social, reglamentos factibles que logren un incremento de la base tributaria y de los sujetos obligados a tributar. Es mejor, a corto plazo, apostar por una motivación y participación de los que trabajan en esa parcela del Estado; mejorar la capacidad recaudatoria -eliminando beneficios fiscales, por ejemplo-, de los tributos existentes y mantener figuras calificadas como heterodoxas por los minimizadores del Estado, como la tasa por transferencias; la fijación de tasas especiales por el consumo de bienes representativos de riqueza, que logren la extensión horizontal y vertical de la tributación; la eliminación de la elusión fiscal y que mejoren la información sobre la situación de los diferentes económicos. Apuestan por la formalidad y la universalidad, aunque suponga una contribución mínima, frente al incumplimiento sistemático de la obligación de contribuir tanto a nivel estatal como de los tributos municipales. Todo esto, simultaneando una labor de transparencia sobre el destino de ese aumento de la recaudación y el éxito o rémoras de las modificaciones tributarias.
Hay varios hechos que gravitan en la necesidad de mejorar la capacidad recaudatoria de los Estados. Se vive en un proceso de desarme arancelario, con mayor o menor intensidad, en función de los acuerdos multi o bilaterales. Y esa recaudación, a pesar del incremento comercial, tiende a disminuir.
El proceso democrático exige que la categoría de ciudadano, con derechos igualatorios y efectivos de derechos y obligaciones, sustituya a la de subdito o incluso un concepto de patriota que hace abstración del bienestar social general por mor de sublimar al ‘país’ por encima de sus habitantes.
El libro da claves posibilistas de mejorar positivamente la situación actual de falta de suficiencia, equidad y por supuesto, progresividad de los sistemas fiscales en América Latina, pero siempre con la salvedad de que se exige una voluntad política de ‘fondo’, implicación social y motivación entre los encargados día a día de la gestión tributaria.
«Retos para la reforma fiscal en América Latina». Domingo Carbajo Vasco y Santos Ruesga Benito. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas