De acuerdo con el decreto de creación de la reserva, el plazo final de la retirada era el 15 de abril pasado, pero la gran mayoría de los catastros no han sido enviados para el Gobierno Federal y ninguna de las 250 familias ha sido indemnizada. Con el nuevo plazo, el gobierno espera resolver los […]
De acuerdo con el decreto de creación de la reserva, el plazo final de la retirada era el 15 de abril pasado, pero la gran mayoría de los catastros no han sido enviados para el Gobierno Federal y ninguna de las 250 familias ha sido indemnizada.
Con el nuevo plazo, el gobierno espera resolver los 240 casos de posesión de no-indígenas, incluyendo siete haciendas de arroz.
El Incra, órgano federal responsable por el asentamiento de familias en el proyecto de reforma agraria, y la Funai, fundación responsable por los indígenas, explican que primero serán indemnizados los casos considerados de buena-fe. Son los que llegaron a vivir en el área antes de 1998, año en que la Funai declaró la reserva.
La mayoría de ellos son pequeños productores que recibirán una indemnización y serán reasentados en áreas de 100 a 500 hectáreas.
Según Artur Mendes, director de la Funai, los casos más complicados son las siete haciendas de arroz, donde la resistencia a la retirada de los no-indígenas es grande. El director afirmó que el gobierno pedirá ayuda a la Policía Federal para finalizar el levantamiento de informaciones sobre las familias del área.