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Ecuador

Revisarán los contratos con petroleras extranjeras

Fuentes: Argenpress

El designado ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, anunció hoy que revisará los contratos del gobierno con petroleras extranjeras para mejorar la participación del Estado.De los 21 contratos suscritos entre Petroecuador y las petroleras foráneas, cinco tienen temas pendientes con el Estado y dos están en procesos de investigación.Los siete contratos petroleros que […]

El designado ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, anunció hoy que revisará los contratos del gobierno con petroleras extranjeras para mejorar la participación del Estado.

De los 21 contratos suscritos entre Petroecuador y las petroleras foráneas, cinco tienen temas pendientes con el Estado y dos están en procesos de investigación.

Los siete contratos petroleros que esperan definiciones con el Estado ecuatoriano son City Oriente, que suscribió el contrato de participación en el bloque 27 a finales de marzo de 1995, con vigencia hasta diciembre de 2021.

Ecuador TLC, subsidiaria de la brasileña Petrobras que está a cargo del bloque 18 y campo Palo Azul, suscribió el contrato de participación el 19 de diciembre de 1995 y su vigencia concluye en 2022.

Tripetrol, bloque 28, suscribió el contrato en marzo de 1995 y su vigencia está en suspenso.

La firma Burlington firmó el contrato en abril de 1998 y CGC en julio de 1996. Su vigencia está por definir.

Petrobras (bloque 31) suscribió el contrato en julio de 1996 y rige hasta 2024.

Repsol YPF firmó su contrato en diciembre de 1996 y rige hasta enero de 2012.

El ex presidente de Petroecuador, quien fue designado nuevo ministro de Minas y Petróleo, dijo que buscará un justo equilibrio entre las partes para que el Estado perciba más, pero sin poner en riesgo los contratos.

La petrolera City Oriente registró una demanda arbitral en contra de Ecuador el 16 de diciembre de 2006 ante el Ciadi.

La firma tiene un contrato de participación con el Estado para operar el bloque 27 en la Amazonia. La compañía se opone a una ley que obliga a la entrega al Estado de 50 por ciento de los ingresos extras generados por la diferencia de precios del crudo.

La demandante señala que estas reformas modificaron los acuerdos que el Estado y las petroleras consintieron originalmente.

El bloque 18, a cargo de Ecuador TLC, también abrió otro frente. Hace dos semanas una comisión del Ministerio de Energía concluyó que Petrobras operaría un campo común inexistente (Palo Azul).

Debido a la existencia de un contacto de agua y petróleo entre los pozos Palo Azul 1 (bloque 18) y Palo Azul 2 (operado por Petroecuador), el Ministerio de Energía los declaró unificados en 2002.

El informe de esa comisión señaló también supuestas irregularidades en la transferencia de 40 por ciento de las acciones en el país de Petrobras a la japonesa Teikoku.

El contrato con Repsol para el campo Tivacuno también genera dudas en el gobierno. Jorge Albán, ministro encargado de Minas y Petróleos, anunció que una comisión especial analiza el tema, luego de que la Secretaría Anticorrupción presentó un documento que cuestiona la figura de contrato de prestación de servicios para la operación de ese campo.

Técnicos del Ministerio de Energía consideraron que la figura de prestación de servicios no es aplicable para la exploración y explotación petrolera.

La operación de Petrobras en el bloque 31, en cambio, está suspendida desde julio de 2005 por decisión del Ministerio del Ambiente, debido a la construcción de obras adicionales en el interior del Parque Yasuní para iniciar la explotación petrolera.

Esta situación obligó a Petrobras a presentar otro estudio de impacto, pero aún no hay respuesta por parte del gobierno.

La petrolera argentina CGC y Burlington tampoco han iniciado las tareas de exploración y explotación por un conflicto con las comunidades indígenas de la Amazonia.

Tripetrol, que opera el bloque 28, tiene de por medio un proceso de caducidad de su contrato por no concretar las inversiones.

La firma impugnó la decisión y el caso se dirime en la Corte Superior de Justicia.