En el aire se huele un desenlace tormentoso para la crisis política que sacude al país. En la última semana de octubre se concentra el punto de cruce que definirá la evolución de la misma de cara a los próximos meses. El anuncio por parte del CNE de que los días 26, 27. 28 de […]
En el aire se huele un desenlace tormentoso para la crisis política que sacude al país. En la última semana de octubre se concentra el punto de cruce que definirá la evolución de la misma de cara a los próximos meses. El anuncio por parte del CNE de que los días 26, 27. 28 de ese mes sería la jornada en la que millones de ciudadanos pueden activar el Referendo Revocatorio colocando sus huellas dactilares en los escasos puntos habilitados por el poder electoral, encendió todas las alarmas en la cúpula del gobierno y el PSUV.
Por otra parte, la inminencia de una contundente acción popular que exprese la voluntad de la población de hacer de ese acto una muestra terminante del rechazo mayoritario al gobierno de Maduro y toda su política, hace que la cúpula de la MUD aparezca desdibujada, paralizada y muestra las costuras de su endeble unidad sin principios, en la medida que se acerca la fecha que podría convertirse en el impulso de una movilización ciudadana hoy anestesiada, que se manifiesta apenas en focos de estallido local de un mal humor creciente.
Es que el Referendo Revocatorio es el antídoto para detener o ralentizar al menos parte de las maniobras y las aspiraciones autoritarias y las urgencias por pactar a espaldas de la gente. Pondría a protagonizar, aunque sea por el breve espacio de unos días, al sujeto social hoy maniatado por unas cúpulas que le tienen más miedo a cualquier expresión democrática que a la coronación perversa de un sistema que termine de eliminar todos los derechos y garantías que vienen siendo vulnerados y violados.
Si finalmente se concreta el fuerte rumor sobre la amenaza del TSJ de emitir una sentencia que eche por tierra la recolección de las huellas, sumada a la eliminación de hecho de las elecciones regionales que deberían realizarse antes de que finalice 2016, lo que presenciaremos en adelante es la instalación de un gobierno de facto, de un régimen bonapartista clásico. Esa sentencia del máximo tribunal, avalaría, de concretarse, un autogolpe por parte del Ejecutivo contra el país.
La maniobra está clara en la sanción del Presupuesto Nacional de 2017. La supuesta discusión con un «poder popular» clientelizando y amordazado por pequeñas prebendas, de la principal ley anual de la Nación, para justificar el manejo sin ningún tipo de control de los recursos del país y sin posibilidad de inspección sobre en qué se gastarán los mismos, es el adelanto de un sistema político que gobernaría haciendo «lo que se dé la gana» al ejecutivo, o al supuesto Comando Supremo de la Revolución, un esperpento oscuro, que nadie eligió cuyos integrantes están en las sombras y a cuya autoridad, por encima de las leyes, apela el presidente Maduro, cuando avanza en sus pasos autoritarios. Pasos que van más allá de toda legalidad o legitimidad y por fuera completamente de la hoja de ruta que siempre defendió el presidente Chávez: La CRBV.
En los días que quedan de octubre, todos los actores políticos y sociales serán puestos a prueba una vez más. El momento es crucial no solo por lo que significaría la suspensión del derecho de activar el Revocatorio en sí mismo, si no y sobre todo, porque podría representar la consolidación de un rumbo de pacto espurio, en primer lugar con el poder económico transnacional y en segundo término entre parte de ambas cúpulas políticas de la falsa polarización. Pacto que, para sorpresa de los incautos, seria tolerado de tener éxito, por el poder imperial.
Los dos caminos que se abren frente a la última ventana democrática que va quedando, el derecho a elegir y o revocar a los altos cargos políticos, son opuestos por el vértice. Si se logra sortear la amenaza de eliminación de este derecho, podremos presenciar la revitalización de un pueblo agobiado y desesperanzado por la evolución brutal de una crisis cruel. Pero si se elimina ese derecho como tantos otros, lo que viene, además de un régimen autoritario abierto, es la concentración de un mal estar social que crece geométricamente y que sin posibilidades de encontrar caminos democráticos para expresarse, buscará más temprano que tarde como siempre sucede en la historia, las vías de la acción independiente de las masas humilladas y oprimidas.
Como sea que suceda, el futuro del país se abre en pinzas. Una senda se dirige a la resolución democrática del conflicto. La otra, aunque tenga que recorrer el sinuoso e incierto camino de lucha contra el autoritarismo, al final barrerá también a las cúpulas que hayan forzado la vía autoritaria y del pacto. Por eso, octubre trae en sus entrañas un desenlace tormentoso.
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