La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó este viernes varios artículos del polémico Código Forestal, anulando así posibles amnistías para las personas y empresas que promuevan la deforestación de los inmensos bosques y selvas de esa nación sudamericana. Las organizaciones ecologistas han considerado un triunfo esta decisión de Rousseff, tras haber encabezado manifestaciones y protestas […]
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, vetó este viernes varios artículos del polémico Código Forestal, anulando así posibles amnistías para las personas y empresas que promuevan la deforestación de los inmensos bosques y selvas de esa nación sudamericana.
Las organizaciones ecologistas han considerado un triunfo esta decisión de Rousseff, tras haber encabezado manifestaciones y protestas contra esta ley que, según ellas, amenazaba con convertirse en el amparo de aquellos que promueven la tala de los bosques.
Rousseff ha introducido doce vetos y realizado 32 modificaciones al texto aprobado en abril por la Cámara de Diputados, pero además ha anunciado que dictará una medida provisional para regular aquellos artículos que fueron anulados. Los cambios serán publicados por el Diario Oficial de la Unión el próximo 28 de junio.
Con estas modificaciones, queda anulado el artículo que sólo exigía la recuperación de la vegetación de las llamadas áreas de preservación permanente (APP) en un espacio de diez metros alrededor de las riveras de los ríos, sin contemplar la posibilidad de que esa zona de protección fuese mayor.
El objetivo es «no permitir la reducción de la protección (de la Amazonia y otros ecosistemas del país) ni nada que amnistíe la deforestación», ha explicado en declaraciones a la prensa la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
La polémica normativa suponía un duro revés en las políticas ecológicas que puso en marcha el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que Rousseff se comprometió a continuar cuando asumió el poder en enero de 2011.
Las organizaciones a favor de la protección ambiental denunciaron que el Gobierno estaba anteponiendo los privilegios de las grandes empresas e industrias internacionales, por encima de las comunidades indígenas que habitan la selva y los bosques.