La Iniciativa de Granos del Mar Negro se ha renovado, por ahora, pero con muchas reticencias por parte de Rusia.
GINEBRA – La compleja interacción entre la geopolítica y los mercados financieros hizo que la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 conmocionase a la economía mundial. Es cierto que las implicaciones han variado tanto dentro de los países como entre ellos. Sin embargo, hubo algunos denominadores comunes, como la subida de los precios de las materias primas.
Las alteraciones de precios fueron especialmente graves en el caso de las materias primas agrícolas blandas. En tiempos de paz, Rusia y Ucrania producían una gran cantidad de cereales, suministrando 28 % del trigo y 75 % del girasol comercializados en todo el mundo. Antes de la guerra, también figuraban entre los principales proveedores mundiales de cebada y maíz.
Tras el inicio de las hostilidades, las exportaciones de grano se vieron gravemente interrumpidas. Durante cuatro meses, los buques militares rusos bloquearon los puertos ucranianos.
Las restricciones de la oferta provocaron la volatilidad del mercado y el aumento de los precios. El trigo, por ejemplo, alcanzó un máximo histórico en marzo de 2022. Esto dejó a millones de personas, sobre todo en los países del Sur en desarrollo, en primera línea de una crisis alimentaria.
Entonces, en julio de 2022, se firmaron dos acuerdos: uno era un memorando de entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Moscú para facilitar el acceso mundial de las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes.
El segundo fue la Iniciativa de Granos del Mar Negro (BSGI, en inglés), firmada por Rusia y Ucrania, que facilitaba la exportación segura de grano y otros alimentos desde los puertos ucranianos a través del mar Negro.
Con la mediación de la ONU y Turquía, la BSGI abrió un corredor marítimo protegido a través de Ucrania. El acuerdo disipó la preocupación por el abastecimiento mundial de grano y provocó un descenso de los precios. Desde el verano boreal pasado, más de 900 barcos cargados de cereales y otros alimentos han salido de los principales puertos ucranianos.
Antes del conflicto, los puertos ucranianos exportaban entre cinco y seis millones de toneladas de grano al mes, según el Consejo Internacional de Cereales.
A finales de 2022, Ucrania había alcanzado de nuevo su capacidad exportadora histórica (algo menos de cinco millones de toneladas). La respuesta de la producción en otros lugares también contribuyó a aumentar la oferta mundial.
Aun así, las exportaciones ucranianas a los países en desarrollo siguen por debajo de los niveles anteriores a la guerra.
Y aunque el desbloqueo del corredor comercial ayudó a hacer frente a la inseguridad alimentaria en 2022, los atrasos en las exportaciones eran considerables. En la actualidad, los precios de los cereales siguen siendo elevados, aunque hayan bajado en los últimos meses.
Con ese contexto, el 13 de marzo comenzaron en Ginebra las negociaciones entre funcionarios de la ONU y representantes de la Federación Rusa, encabezados por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Vershinin, sobre una posible prórroga del BSGI. Tras la prórroga de cuatro meses de noviembre, el acuerdo expiraba el día 18.
A principios de este mes, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó la importancia del acuerdo. Remarcó que contribuía a reducir el coste mundial de los alimentos y ofrecía un alivio crítico a la población, especialmente en los países de renta baja. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también pidió que se ampliara la iniciativa.
Por su parte, las autoridades rusas argumentaron que las sanciones ocultas contra las empresas de fertilizantes y el principal banco agrícola del país han socavado las exportaciones de productos básicos. En febrero de 2022, tras las primeras sanciones occidentales contra el Kremlin, se establecieron exenciones para algunos productos alimentarios y fertilizantes rusos.
En Ginebra, los delegados moscovitas subrayaron que el exceso de cumplimiento y la evasión del mercado por parte de las empresas privadas habían provocado que las exportaciones rusas de productos básicos no se comercializaran lo suficiente.
También señalaron que las sanciones a sus sistemas de pagos, logística y seguros creaban una barrera para que Moscú vendiera sus cereales y fertilizantes en los mercados internacionales.
Frente a esto, solicitaron que las jurisdicciones nacionales mejoraran las aclaraciones sobre exenciones para productos alimentarios y fertilizantes.
“Creo que es una petición justa”, afirmó Jayati Ghosh, catedrática de Economía de la estadounidense Universidad de Massachusetts. Las sanciones ocultas están obstaculizando las transacciones financieras rusas y socavando las exportaciones supuestamente exentas.
Cuando el BSGI se renovó en noviembre, Rusia amenazó con incumplir el acuerdo a menos que se abordaran las sanciones ocultas. Aunque finalmente se acordó una prórroga, Moscú ha insistido desde entonces en que sus propias exportaciones agrícolas (sobre todo de amoníaco) se incluyan en el BSGI como condición para su renovación.
En la última negociación del acuerdo, la precondición de Rusia quedó notablemente sin abordar. Moscú, por su parte, aceptó prorrogar el acuerdo solo dos meses. Ucrania, por su parte, hizo declaraciones contradictorias al respecto. El viceprimer ministro, Oleksandr Kubrakov, tuiteó que el acuerdo se había prorrogado cuatro meses.
Hasta ahora, la ONU no ha especificado la duración de la renovación, pero esta podría ser la última vez que se acuerde una prórroga, según Ghosh.
Es probable que Rusia utilice este último acuerdo como una amenaza. Rechazar una tercera prórroga en primavera podría obligar a la comunidad internacional a escuchar sus preocupaciones.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
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