El inicio del juicio contra el ex dictador y ex presidente de Iraq, Sadam Husein, está siendo calificado de histórico por quienes creen que debe ponerse fin a la impunidad y que dictadores como el iraquí tienen que comparecer ante los tribunales. Nada que objetar a ese planteamiento, pues no cabe excusar bajo ningún criterio […]
El inicio del juicio contra el ex dictador y ex presidente de Iraq, Sadam Husein, está siendo calificado de histórico por quienes creen que debe ponerse fin a la impunidad y que dictadores como el iraquí tienen que comparecer ante los tribunales. Nada que objetar a ese planteamiento, pues no cabe excusar bajo ningún criterio la violación de derechos humanos o el atropello de pueblos o minorías. No es menos cierto que la aplicación de la justicia exige el respeto pleno y cabal de las leyes y procedimientos nacionales e internacionales, cuyo acatamiento es esencial para una correcta aplicación de la misma. El juicio que enfrenta el ex dictador está afectado, desde una perspectiva jurídica internacional, de graves vicios que privan de legitimidad al tribunal designado para enjuiciarlo. El mayor, aunque no único impedimento, es la forma en que Sadam Hussein fue derrocado y capturado. Tal se logró perpetrando el mayor de los crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad como es una guerra de agresión, que viola las normas más sagradas del orden jurídico mundial. Para entender mejor la trascendencia judicial de este crimen debe recordarse que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI) reafirma, en su Preámbulo, la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro. El artículo 5 del Estatuto incluye, además, el crimen de agresión dentro de la competencia del TPI. No se admite, pues, que la captura de personas acusadas de crímenes perseguibles internacionalmente se haga perpetrando crímenes mayores. Admitir tal posibilidad sería aceptar que, para capturar a un criminal, pueda un gobierno masacrar a pueblos enteros. Tal aberración abriría la puerta a la comisión de crímenes aún más horrendos que es, ni más ni menos, lo que viene ocurriendo en Iraq desde el inicio de la agresión y la ocupación. Otra cuestión es la referida a la legitimidad de las autoridades que nombraron al tribunal y, en consecuencia, a la legitimidad e idoneidad de dicho tribunal. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial». Iraq es un país ocupado por 200.000 soldados y mercenarios extranjeros y la permanencia del gobierno actual depende de las fuerzas de ocupación. Iraq, hoy, carece de instituciones independientes, de Constitución y de un ordenamiento legal que sea reconocido como tal. No hay, por tanto, un sistema jurídico fiable que pueda dar garantías de juicio imparcial. El tribunal es casi secreto y, salvo para EEUU y sus aliados, nadie puede creer que sea independiente. Es un remedo de tribunal o un tribunal político, creado para legalizar la venganza de los enemigos internos y externos del régimen baasista. Un tercer aspecto se refiere a los crímenes por los que será juzgado el ex dictador y ex presidente de Iraq. Las represiones internas, sobre todo en caso de sublevaciones o de movimientos separatistas, tienen una interminable lista, contándose por decenas los países, regímenes y tiranos que han ensangrentado sus países. En Guatemala, por cuarenta años, los indígenas sufrieron una represión brutal que dejó 200.000 muertos. Leyes de amnistía cerraron el capítulo sin juicio contra nadie. Otro tanto ocurrió en Argentina, Uruguay o Chile. En la última década, África ha sido escenario de las guerras más sanguinarias de las últimas décadas, con millones de víctimas. Nadie ha sido perseguido ni enjuiciado. Con excepción del genocidio en Ruanda y de la ex Yugoslavia, para lo que se crearon tribunales internacionales ad hoc, el resto de los crímenes no cuenta, preocupa ni perturba a nadie. Esta dolorosa realidad lleva a considerar el juicio contra Sadam como una revancha. Se trata de una aplicación selectiva de la justicia, donde lo que realmente se juzga no son los crímenes en sí -que los hubo y deben ser juzgados- sino el desafío de Sadam a EEUU. Interesante será ver la lista de cargos contra Sadam. Habrá un alarde de cinismo si se le acusa, por ejemplo, del empleo de gases tóxicos o similares, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario desde 1925. EEUU lanzó sobre Vietnam 80.000 toneladas de químicos, entre ellos el agente naranja, que además de provocar centenares de miles de víctimas en la población civil, es causante de miles de muertes y de deformaciones que aún hoy siguen afectando a la población vietnamita. Nadie plantea perseguir y enjuiciar a los gobernantes estadounidenses responsables de la barbarie. Por demás, las armas usadas en Iraq fueron entregadas por Occidente a sabiendas del uso que tendrían, lo que plantearía una cuestión de corresponsabilidad o de complicidad en la comisión de crímenes de guerra. Los adversarios de Sadam le acusan también de la muerte de 15.000 personas. Desde el inicio de la guerra de agresión han muerto en Iraq más de 100.000 seres humanos y decenas de ciudades y pueblos han sido bombardeados o destruidos. ¿Quién juzgará esos crímenes? Sadam, como en los 90 el ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega, ha sido llevado ante un tribunal espurio para satisfacer una política imperial, no para mejorar el Derecho y la Justicia. Si de perseguir criminales se tratara, no es Sadam el peor de todos. Hay otros, poderosos y blancos, que matan en nombre de Dios y los gobiernos occidentales callan o dicen amén. No hay en Bagdad un acto de justicia, sino su negación. El gobierno de EEUU, impulsor del juicio, daría mejor ejemplo ratificando el Estatuto del TPI y aceptando un tribunal internacional para Sadam. Otro tribunal habrá que pedir para los responsables de la guerra de agresión contra Iraq.
Augusto Zamora R. es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid [email protected]