Diecisiete disparos hechos por un trío de sicarios segaron la vida de Héctor Jaramillo y Alexis García, sindicalistas de la construcción, cuando transitaban a bordo de un automóvil en Ciudad Guayana, en el sudeste de Venezuela. El cortejo fúnebre también fue infiltrado por matones que desataron un tiroteo en el que murieron otros dos miembros […]
Diecisiete disparos hechos por un trío de sicarios segaron la vida de Héctor Jaramillo y Alexis García, sindicalistas de la construcción, cuando transitaban a bordo de un automóvil en Ciudad Guayana, en el sudeste de Venezuela.
El cortejo fúnebre también fue infiltrado por matones que desataron un tiroteo en el que murieron otros dos miembros del mismo sindicato, Neomar Rodríguez, conocido por su apodo de «Piraña», y Robert Rivero, más una amiga de ellos, Eloína García, en tanto otros cuatro asistentes resultaron heridos.
Estos crímenes perpetrados a fines de enero dejaron expuesta la vieja práctica de venta de puestos de trabajo, sobre todo a la construcción, y muestra a sindicalistas que contratan asesinos a sueldo para ajustes de cuentas en Guayana, la ciudad del estado de Bolívar, centro de la industria del acero y el aluminio y donde se han edificado puentes y empalmes carreteros en los últimos años.
«El desempleo que campea en la zona lleva a miles de compañeros a los portones de las obras en construcción en busca de un puesto, e individuos inescrupulosos que se dicen sindicalistas les cobran por incluirlos en las listas de empleo», denunció ante IPS Víctor Moreno, presidente de la regional Federación de Trabajadores del estado Bolívar.
Poder escoger un trabajador desata guerras entre sindicatos rivales. Los sindicalistas con poder de selección cobran a un obrero entre 250 y 450 dólares, el salario de un mes, por incluirlos en las nóminas.
«La muerte de Jaramillo y García buscó sacarlos del juego, penetrar la obra en la que ellos actuaban, vender los cupos, claudicar luego en la discusión de beneficios para los trabajadores y mantener el control a punta de pistola. Sus vidas valieron entonces el equivalente a 250 dólares por 300 puestos», deploró Manuel Muñoz, otro sindicalista de la zona.
Los asesinados eran del Sindicato Único de Trabajadores del estado Bolívar (Sutrabolívar) y laboraban en la ampliación, que avanza a marcha forzada, del estadio Cachamay, una de las sedes de la Copa América de Fútbol que se disputará en junio y julio en Venezuela, y que desde el día del crimen es objeto de una redoblada vigilancia policial y militar para evitar nuevos brotes de violencia.
A fines del año pasado cuatro trabajadores de la construcción murieron a balazos en un tramo carretero de El Pao, al sur de Ciudad Guayana. La policía judicial estableció que se trató de un tiroteo producto de una venganza por motivos pasionales y no laborales.
Sin embargo, la prensa de la zona destaca que un centenar de trabajadores del sector han muerto de manera violenta en los últimos cuatro años, y unos 30 sólo en 2006, de los cuales 15 con alguna responsabilidad en sus organizaciones laborales, según el propio presidente de Sutrabolívar, Asdrúbal López.
Los líderes obreros de distintas corrientes de pensamiento describen el problema y repudian las prácticas de vender puestos y apelar a la violencia, tal cual lo hicieron todos los consultados por IPS, pero hasta ahora no han instrumentado medida alguna para erradicar esos flagelos, en un marco de estancamiento o pérdida de protagonismo del sindicalismo.
Incluso el presidente del ortodoxo Partido Comunista, Jerónimo Carrera, advirtió que «al proceso venezolano hacia el socialismo le hace falta un verdadero movimiento obrero organizado».
La venta de cupos laborales «es una perversión de una vieja conquista, la cláusula de seguridad o protección sindical, que entregaba al sindicato poder para dar trabajo a sus adherentes, y así evitar que el patrono dejase sin posibilidades de sustento a los obreros más combativos», recordó a IPS el abogado laboralista León Arismendi.
En Venezuela, «esa conquista se convirtió en un negocio, primero en la industria petrolera y, últimamente, en la de construcción, donde los sindicalistas más que luchar por su clase se caen (matan) a balazos por un botín», lamentó Arismendi.
Según Moreno, simpatizante de la oposición política al presidente Chávez, «en Guayana y en particular en la construcción la situación se agrava por la falta de inversión pública, lo cual se traduce en menos obras frente a un desempleo de 14 o 15 por ciento» de la fuerza de trabajo.
El Instituto Nacional de Estadísticas venezolano indicó en diciembre que la desocupación en el país alcanzaba a 8,4 por ciento de la población económicamente activa.
Pero además, dijo Moreno «el gobierno tiene culpa porque en su afán de desmantelar la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) impulsó sindicatos paralelos, y en Guayana actúa una decena de organizaciones, rivales entre sí».
La CTV fue la central sindical mayoritaria a lo largo del siglo XX, de tendencia socialdemócrata y por ende afín a la oposición política que sigue esa corriente ideológica.
Algunas veces los sindicatos, sin que medie una convención colectiva de trabajo, «pactan con empresarios de alguna obra que se inicia para que sean sus seguidores los únicos empleados», agregó Moreno, para quien la solución debe empezar porque las autoridades del Trabajo convoquen la elección de un solo sindicato del ramo.
Pero surge «el problema de que la unidad obrera no se decreta, y en verdad es difícil hacerla con sindicatos que parecieran querer discutir a tiros», dijo por su parte a IPS Eduardo Piñate, dirigente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, movimiento identificado con el gobierno de Chávez y partidos políticos oficialistas.
«Por supuesto que repudiamos el uso de sicarios para dirimir diferencias sindicales, así como la práctica perversa de vender los puestos de trabajo. Y la criticamos más aún cuando incurren en ella activistas o supuestos dirigentes de sindicatos que se dicen partícipes del proceso de cambios que vive el país «, expuso Piñate.
La introducción de correctivos y la marcha hacia la unificación sindical «la trabajamos como un problema más político que disciplinario», subrayó.
Los sindicatos únicos por rama de industria nunca pudieron establecerse en Venezuela, pese a que varias centrales obreras los impulsaron durante décadas en sus programas, y, en cambio, crecieron miles de pequeñas organizaciones, libres de federarse o no.
Las que se federaron lo hicieron en la CTV y también en centrales más pequeñas como la Central Única de Trabajadores de Venezuela, comunista, la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa) y la Confederación General del Trabajo, de raíz democristiana.
Hace seis años, sindicalistas que seguían a Chávez crearon la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con varias corrientes que responden sobre todo a liderazgos grupales.
Esas corrientes de la UNT acogen diversos sindicatos en algunas regiones, y en el caso de Bolívar explicaría que funcionen varias organizaciones e incluso grupos dentro de algunos de ellos, como el beligerante Muralla Roja, sindicado por sus rivales de hechos de violencia laboral.
El fenómeno no se limita a Guayana, pues por ejemplo ante los portones de empresas que hacen obras para el tren subterráneo de Caracas han chocado reciamente, incluso con armas de fuego, grupos de trabajadores de distintos bandos «chavistas».
En Ciudad Guayana, la policía judicial informó este jueves que identificó como asesinos de Jaramillo y García, aunque todavía no los ha capturado, a tres integrantes de una banda de matones que actúa en una barriada de esa urbe, quienes habrían sido contratados como sicarios.
Respecto del tiroteo en el sepelio, las autoridades manejan la hipótesis de que se aprovechó esa movilización para una venganza personal.