Frente al Club Militar de Río de Janeiro, donde se conmemoró el golpe Estado de 1964, centenas de manifestantes, muchos de ellos adolescentes, gritaron consignas y arrojaron huevos a los invitados, expresando su repudio con humor. Una escena habitual en otros países de América Latina que también vivieron dictaduras, en Brasil es el amanecer de […]
Frente al Club Militar de Río de Janeiro, donde se conmemoró el golpe Estado de 1964, centenas de manifestantes, muchos de ellos adolescentes, gritaron consignas y arrojaron huevos a los invitados, expresando su repudio con humor.
Una escena habitual en otros países de América Latina que también vivieron dictaduras, en Brasil es el amanecer de una reacción popular, 27 años después de la llegada de la democracia.
A la hora de la convocatoria el jueves 29, difundida por Internet y las redes sociales, apenas un manifestante sostenía estoicamente una hoja de papel con la inscripción «Golpe no es revolución».
Decenas de periodistas decepcionados con el alcance de la protesta se disponían a partir, cuando el grupo comenzó a crecer.
«La dictadura ya acabó, hay que meter preso al torturador», gritaban algunos. «¡Parásito! ¡Cobarde!», gritaban otros cuando un anciano militar, identificado por los manifestantes como un antiguo torturador, intentaba abrirse paso hasta el portón del Club Militar.
«Estamos aquí para hacer justicia: acabar con la impunidad de esos militares torturadores y asesinos», dijo Tȃnia Rocha, una expresa política y viuda de un militante asesinado del Partido Comunista Brasileño.
Pese a militar en Tortura Nunca Más, uno de los grupos surgidos para promover que los responsables de violaciones a los derechos humanos comparezcan ante la justicia, Rocha estaba emocionada por la magnitud de la protesta que, por primera vez desde el inicio de la democracia, comenzó a dejar de ser tímida.
«Estoy disfrutando», dijo a IPS levantando su pancarta con fotografías de personas desaparecidas.
Nando de Oliveira, de 16 años, contó a IPS que asistió a la protesta para que «la tortura sea eliminada para siempre de nuestros libros de historia».
Durante la dictadura militar (1964-1985), más de 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas, 50.000 encarceladas y más de 20.000 torturadas. Una de ellas es hoy la mujer más ilustre del país, la presidenta Dilma Rousseff.
Una ley de amnistía adoptada en 1979 impidió enjuiciar a los responsables de los abusos.
Rocha atribuye a la amnistía y a la cantidad relativamente baja de víctimas -comparadas con las de vecinos como Argentina y Chile- la demora de la reacción social.
«A pesar de que la dictadura aquí fue tan sangrienta, tan asesina, tan sanguinaria como en los otros países», subrayó Rocha, que fue torturada en la cárcel, aunque «no tanto como otros compañeros que fueron mutilados».
Rousseff prohibió a los militares festejar el aniversario del golpe de Estado el 31 de marzo. Es la primera vez que se toma esta medida desde la recuperación de la democracia.
Pero los militares adelantaron dos días el festejo y continuaron con la programación prevista, que incluyó la conferencia «64: la verdad».
Protegido por guardaespaldas, otro oficial retirado consiguió entrar. Un huevo arrojado con mala puntería fue suficiente para que se reiniciaran los cantos, gritos y consignas.
«Pai, afasta de mim esse cálice», decía el cartel de un joven disfrazado con uniforme militar y máscara de burro, recordando el verso de una famosa canción de Chico Buarque contra el régimen.
El movimiento de jóvenes contra los crímenes de la dictadura se extiende a otros estados como el sureño São Paulo, donde algunos comenzaron a organizar «escraches», denuncias públicas de presuntos torturadores o asesinos.
«Brasil fue el primero de la región en implantar una dictadura», dijo a IPS otra manifestante, Ana Miranda, del Colectivo Memoria y Verdad. «La impresión es que, estratégicamente, era tan importante que el silenciamiento fue terrible hasta hoy», dijo.
Ese silencio fue tan grande que, «después de tanto tiempo todavía internalizamos el miedo, como si las Fuerzas Armadas fueran dueñas absolutas del poder», apuntó Miranda.
Tal vez uno de los frutos de ese miedo sea la Comisión de la Verdad, que comenzará a sesionar este año para investigar violaciones cometidas desde 1964, pero que no tendrá poder de denunciar presuntos responsables a la justicia.
Pero la activista cree que aun mutilada, la discusión sobre la verdad está comenzando a llevar a las calles al movimiento de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Dentro del Club Militar, el general del ejército Gilberto Serra accedió a hablar con IPS. El escenario del diálogo incluía una mampara exhibiendo diarios de la época del golpe, que sus protagonistas prefieren llamar «revolución».
«Ellos (los manifestantes) tienen sus opiniones y tienen el derecho a expresarla. Pero me parece que en aquella época hubieran debido asumir la responsabilidad de haber llevado a esos jóvenes a morir en la guerrilla», dijo Serra.
«Ellos son los culpables. No nosotros, que en esa época impedimos la instauración de un gobierno comunista», agregó. Serra estimó que la Comisión de la Verdad debería escuchar a «todos los lados», aunque luego valoró que «la verdad debería dejarse a los historiadores».
Uno de los conferencistas de la celebración castrense es el general Luiz Eduardo Rocha Paiva, conocido por sostener que Rousseff debe ser convocada por la Comisión de la Verdad para hablar sobre sus acciones como guerrillera.
Afuera, se sumó a los manifestantes un oficial que solo llegó a coronel porque el ejército lo dio de baja por condenar el golpe. «Yo soy un militar del lado de acá», aclaraba a la multitud.
«Fui dado de baja en 1964 porque estuve contra el golpe, contra la tortura, contra esos militares que hicieron uso indebido del poder», dijo a IPS el coronel retirado Bolivar Meirelles, hoy de 72 años.
Adentro, los oficiales, ancianos retirados y jóvenes activos, escuchaban a Rocha Paiva definir la «revolución» como «un movimiento cívico-militar».
«No veo nada malo en esa Comisión de la Verdad, a pesar de ser extremadamente revanchista y de que su motivación es una provocación para intranquilizar el país en momentos de relativa tranquilidad», comentó a IPS el general retirado Jonas Correia.
Recostada entre dos patrullas policiales, una joven de 19 años escribió con pintura roja sobre su cuerpo y ropa los nombres de sus «antepasados» desaparecidos y asesinados en la dictadura.
Maria de Aquino Silveira creció escuchando la historia de tíos, abuelos, tíos-abuelos y una hermana, víctimas de la dictadura.
«Una creció con Internet y allí aprendió que hay otros que sufren y sufrieron, y las máscaras comienzan a caer. Ahora nuestro mundo es mayor y podemos ver. Yo misma ya no soy esa niña que escuchaba las historias de familia. Ahora puedo ver con mis propios ojos», explicó.