Brasil ha vivido en las últimas semanas una intensa guerra discursiva. En la noche del último domingo vino su primer desenlace. Por 25 votos más que los dos tercios necesarios del pleno, la Cámara Baja aprobó la continuación del proceso de impugnación política de la presidenta Dilma Rousseff, que va ahora para la Cámara Alta. […]
Brasil ha vivido en las últimas semanas una intensa guerra discursiva. En la noche del último domingo vino su primer desenlace. Por 25 votos más que los dos tercios necesarios del pleno, la Cámara Baja aprobó la continuación del proceso de impugnación política de la presidenta Dilma Rousseff, que va ahora para la Cámara Alta. Es ésta la que, de acuerdo con la Constitución, tiene «competencia privativa» para juzgar los presuntos «delitos de responsabilidad» imputados a la presidenta, para eventualmente destituirla de su cargo. Sin embargo, se trata de un juicio político, en el que el reconocimiento de esos «delitos» puede no demandar una estricta definición jurídica, como recientemente mostró la Suprema Corte, cuyo presidente va a dirigir la sesión de prueba del Senado. En eso consiste la guerra discursiva, pues el casuismo arbitrario de todo el proceso lo vuelve muy cercano a un simple golpe de Estado.
Algo similar ocurre en varias sociedades indígenas, con el fenómeno que los antropólogos llamamos «acusación de brujería». No se trata, en este caso, de comprobar la brujería en sí, como encadenamiento causal objetivo, sino, dada ella por supuesta, poner en movimiento otros mecanismos sociales (otros encadenamientos lógicos) capaces de concretar la figura del brujo y volverla sobre alguien específico, ya sea por sus fallos éticos o simplemente por su fragilidad social. De ahí, se dan varios destinos posibles a los brujos, incluso (como en una de las sociedades en las que trabajé) su muerte a machetazos. La acusación de brujería es casi siempre una manera (quizá la más contundente) de una sociedad de purgarse de sus propios fantasmas… y acomodarse con esto. Por evidente, la ausencia de objetividad intrínseca en el caso de la acusación de brujería conspira contra la episteme jurídica moderna, por lo que muchos occidentales llamarían «medievales» a los procedimientos judiciales de este orden. Pero… ¿y en la política? ¿se puede todo? ¿incluso cuando se trata de una imbricación con la lógica jurídica, de la que un proceso extrae su fundamento mismo de legalidad?
Más que fragilidad, el Gobierno de Dilma Rousseff parece haber llegado al cénit de su nulidad. Sin iniciativa política, atrincherado en el mito tecnócrata de la suficiencia gestionaria, perdiéndose en caminos muy equivocados e inoportunos, abrazando programas e iniciativas que traicionan todo lo que prometió en los comicios, burlándose de sus propios electores, el actual Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) no se parece en nada al programa histórico que alentó a esta formación política en sus primeras dos décadas de existencia.
El espejismo del lulismo
Refracción pálida del «lulismo», su programa de conciliación de clases y de inclusión por el consumo -sin mover un dedo en los términos de regulación de la ciudadanía acorde a la lógica preexistente del privilegio-, el Gobierno de Dilma Rousseff quiso ser la terca ama de llaves de una casa política en proceso de ruinas, una vez hundido el boom de las commodities. Se afincó con el ministerio quizá más inexpresivo de toda la historia política brasileña y no supo (y no quiso) establecer canales de comunicación, ya sea con los movimientos sociales o bien con los sectores productivos (salvo el agronegocio latifundista, para desesperación de los ambientalistas y defensores de los derechos indígenas). Para colmo, abrazó torpemente el austericidio neoliberal y echó el país en la mayor crisis económica de los últimos cien años.
De otra parte, el programa político del lulismo, su opción maximizada por el consumo y su elusión de la ciudadanía por medio de la pretendida suficiencia de los expedientes asistenciales, han engendrado una antipolítica que vació no sólo la antes pujante mediación organizativa de la representación social, sino también los valores del colectivo y de la participación, en nombre del individualismo de las oportunidades.
El espejismo del lulismo consistió en la idea de que la gestión de la máquina gubernativa y sus programas cosméticos de distribución serían suficientes para proporcionar una inclusión social que no necesitaría traducirse en ampliación de derechos y en valores de una sociabilidad no excluyente. El espejismo del lulismo se expresó, en último término, como un rechazo de la política, un rechazo de la dimensión colectiva.
El resultado, finalmente, ha sido la elección, junto con el segundo mandato de Dilma Rousseff, del Parlamento más conservador de los últimos 30 años en Brasil; un parlamento fragmentado en muchos partidos pero que, en la práctica, está mayormente dominado por un grupo de unos 120 diputados personalmente fieles al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, sobre el cual pesan, desde hace 25 años (y con la ayuda del lento y burocrático poder judicial de Brasil), sendas acusaciones de corrupción, un tipo que actúa políticamente como un gángster y que se mueve por un deseo personal de vendetta contra la presidenta. La renuncia del PT a hacer política como movilización social produjo el mismísimo Congreso que en el último domingo propinó un contundente golpe contra el mandato de la presidenta.
«Golpe de Estado» parlamentario
Aparte de eso, las peligrosas compañías de la vieja política oportunista con las que el PT quiso repartir el condominio del poder (y de las que descuidó de deshacerse, al menos después de que Dilma Rousseff barruntara el alcance potencial de las demandas de las jornadas de junio del 2013), pronto se volvieron contra la presidenta, luego de husmear «otras oportunidades» (incluso la de hacerse con el poder para estancar las inconvenientes investigaciones sobre corrupción). No por casualidad, el «golpe de Estado» parlamentario va urdido y conducido por Eduardo Cunha y su compañero de partido, Michel Temer, que no es otro que el vicepresidente de Dilma Rousseff. Tras ser los más grandes beneficiarios en todos los esquemas de corrupción que han funcionado en el Gobierno, los socios de este partido (PMDB) desembarcaron de él a toda prisa.
Al absolutizarse el proceso de impugnación de la presidenta como juicio político, lo que los hechos del último domingo proporcionarían es la aseveración de la absoluta fragilidad del Gobierno frente a la Cámara Baja, presuntamente una representación más ‘capilarizada’ de la sociedad. De modo que, simbólicamente, el juicio acerca del mandato de la presidenta ya llegaría al Senado en condiciones de desventaja para ella. Una vez más, estamos en plena guerra discursiva: si se trata de una confrontación de legitimidades o si se trata de un golpe de fuerza, así de llano y simple.
Si las acusaciones de brujería prosperan en parte por la fragilidad de aquel a quien le toca el capirote de brujo, por otra parte la brujería misma tiene que ser supuesta como dada, que es lo que hace eficaz e inexorable la imputación. Aquí entra el discurso reduccionista, selectivo y mesiánico sobre la corrupción, al que se le debe añadir la ironía de que en el último domingo este discurso ha sido empuñado por políticos de una Cámara en la que alrededor de un 60% de sus miembros tiene sobre sus cabezas acusaciones criminales que van de corrupción a homicidio.
Una ironía que llega a los hechos inmediatos: al día siguiente de dedicar su voto en favor del impeachment a su esposo y de decir que «la corrupción tiene solución» y que su esposo era ejemplo de esto, la diputada Raquel Muniz lo vio arrestado por la Policía Federal, por fraude y favoritismo económico, que él habría cometido como alcalde de un municipio de la provincia de Minas Gerais. No se trata, para nada, de un caso aislado en la clase política brasileña. Bien al revés.
En cuanto a la guerra discursiva, el intento de la derecha de caracterizar a posteriori maniobras de compensación fiscal del Gobierno (hasta entonces largamente utilizadas por gobiernos anteriores) como delito, consumando un intento de retroactividad legal, imposibilita que, objetivamente, se reconozca la existencia de crimen de responsabilidad. Jurídicamente, uno no puede cometer un crimen cuando no sabe que es crimen. De ese modo, el proceso de impugnación del mandato de la presidenta se configura claramente como un golpe de Estado por parte de la derecha.
Defensa de la democracia
Así, el argumento de la defensa de la democracia impulsó la oposición al impeachment a un peldaño más universal, y congregó a toda la izquierda y la ciudadanía íntegra a una lucha por principios elementales. Ya no se trata más estrictamente de la defensa del gobierno de Dilma (defendible tan sólo por los ingenuos o los gubernamentalistas fanáticos, hoy por hoy, no más que un 9% de los electores), sino de la oposición a una maniobra de destitución forzada, una violación de la convivencia democrática.
La derecha, como siempre, no está para nada preocupada con estos escrúpulos. Como es usual en la lógica del privilegio, los antojos oligárquicos no se ciñen a otra cosa que no sean sus antojos mismos. Los gobiernos del PT siempre han estado ciegos para esto; se han puestos tan arrogantes que despreciaron irresponsablemente al enemigo. En este momento, con sus recursos institucionales, económicos y mediáticos, es la derecha la que ha tomado la delantera. Pero la eficacia de la acusación de brujería que lanzó no sería posible sin un Congreso venal y cínico y, sobre todo, sin los errores y el rechazo de la política por parte del lulismo y por parte de la tecnocracia autoritaria de Dilma Rousseff.
Es posible que la eventual impugnación política de la presidenta, con la ya flagrante ilegitimidad de este proceso, irónicamente acabe por poner a Lula, el patrimonio carismático mayor del PT, en muy buenas condiciones para presentarse en los próximos comicios. Es también posible (y bastante probable) que él venga a ser el próximo blanco de la cacería judicial de la derecha.
Sin embargo, por cuenta de su crónico agotamiento político, lo novedoso de todo puede ser también la incapacidad del PT de capitalizar la indignación generada en el ámbito de la guerra discursiva en la dimensión más universal en la que ahora está puesta; una indignación que viene también lastrada como reacción al discurso de odio propalado por la derecha, que dejó escapar sus más íntimos fantasmas: aquellos que tienen por fantasía erótica coger todos los brujos izquierdistas a golpes de machete.
Por diferentes medios y diferentes modos, el progresismo sudamericano parece estar en reflujo en los espacios de gobierno (no necesariamente equivalentes a espacios de poder) que ocupa en el continente, ya sea por elecciones, golpes parlamentarios o crisis interminables. Lo que parece común en todos los casos no es la existencia o legitimidad de proyectos alternativos -la derecha no tiene otra alternativa que no sea reinstaurar la plenitud institucional y reguladora de la lógica del privilegio-, sino los impasses a que han llevado sus propias insuficiencias.
Ricardo Cavalcanti-Schiel, antropólogo, investigador en la Universidad de Campinas