Tras un pelea entre dos reclusos de la prisión de Carandiru, los policías dispararon contra los presos con ametralladoras, fusiles y pistolas automáticas, apuntando principalmente a la cabeza y al tórax. En la operación también se usaron perros para atacar a los detenidos heridos. Al final de la confrontación fueron encontrados 111 detenidos muertos: 103 […]
Hoy se cumplen 15 años del comienzo de uno de los episodios de mayor violencia y falta de respeto de los derechos humanos de la historia de Brasil: la masacre de Carandiru – casa de detención de la Zona Norte de San Pablo, en la cual 111 presos fueron asesinados por policías. Se cumplirán también 15 años de impunidad de los policías involucrados en los crímenes.
Más de 80 policías acusados por los homicidios aún esperan la decisión del tribunal y la defensa quiere extender la absolución. Nadie fue castigado por las muertes. Todo lo contrario, la ciudad de San Pablo entregó, en la sede de la Cámara Municipal de San Pablo, el último día 21 de septiembre, el título de ciudadano paulistano ilustre al coronel jubilado de la Policía Militar Luiz Nakaharada.
Nakaharada, que es uno de los denunciados por el Ministerio Público por los crímenes en la casa de detención, habría entrado tirando con una ametralladora Beretta 9 milímetros. Él comandó 74 hombres, de los 325 policías militares que ingresaron al Pabellón 9 de la casa de detención sin las respectivas insignias y señales de identificación.
El 2 de octubre de 1992, una pelea entre dos presos – Coelho y Barba – hizo que se iniciara un tumulto en el Pabellón 9, que culminó con la Masacre de Carandiru. Según la investigación de Sandra Carvalho y Evanize Sydow, teniendo como fuente el estudio «Masacre de Carandiru, Basta de Impunidad», elaborado por la Comisión Organizadora de Seguimiento para los Juicios del Caso Carandiru, a pesar del tumulto y de señales de fuego, no había peligro de fuga de los presos.
Los presos inclusive, cuando se dieron cuenta de la llegada de la policía comenzaron a tirar estiletes y cuchillos hacia afuera, demostrando que no resistirían la invasión y algunos colocaron fajas en las ventanas, pidiendo tregua. La toma de la planta baja por los policías, se realizó sin resistencia o reacción con armas de fuego por parte de los presos, según la declaración de los propios policías involucrados en la acción.
Pero soldados del Grupo de Acciones Tácticas Especiales – no respetando la orden de las autoridades reunidas de intentar una última negociación – rompen las cadenas y corrientes del portón del pabellón e invaden el lugar sin que haya negociación. No fue permitida la presencia de autoridades civiles durante la invasión.
«Los PMs dispararon contra los presos con ametralladoras, fusiles y pistolas automáticas, apuntando principalmente a la cabeza y al tórax. En la operación también se usaron perros para atacar a los detenidos heridos. Al final de la confrontación fueron encontrados 111 detenidos muertos: 103 víctimas de disparos (515 tiros en total) y 8 muertos debido a heridas producidas por objetos cortantes», constató la investigación. Hubo además 153 heridos, de los cuales 130 eran detenidos y 23 policías militares. Ningún policía fue muerto.
Cerca del 80% de las víctimas de la masacre esperaban una sentencia definitiva de la Justicia, o sea, no habían sido condenados. Sólo nueve habían recibido penas de más de 20 años. 51 de los presos muertos tenían menos de 25 años y 35 tenían entre 29 y 30 años. De los detenidos recogidos en la Casa de Detención, 66% eran condenados por asalto y 8% por homicidio.
Cuando la pericia llegó al lugar de la violencia policial, los responsables de la masacre habían modificado la escena del crimen, destruyendo pruebas valiosas que habrían permitido la atribución de responsabilidades por las muertes a individuos específicos. A los civiles no se les permitió la entrada a los pisos superiores del Pabellón 9, mientras que la PM daba órdenes a los detenidos para que removiesen los cuerpos de los corredores y celdas a fin de apilarlos en el primer piso.
De acuerdo con el análisis de la pericia, sólo 26 detenidos fueron muertos fuera de sus celdas. La mayoría fueron alcanzados en la parte superior del cuerpo, en regiones letales como la cabeza y el corazón. De los 103 muertos por arma de fuego, 126 recibieron balazos en la cabeza, el cuello fue el blanco de 31 balas, y las nalgas recibieron 17. Los troncos recibieron 223 tiros. «Los exámenes de balística informan que los blancos sugieren la intención premeditada de matar», dijo la pesquisa.
Y agregó: «la tesis de que hubo confrontación armado entre policías militares y detenidos no está sustentada por las pruebas de los autos del proceso. La legítima defensa alegada por la cúpula de la Policía Militar no tiene fundamento en los hechos». El laudo del Instituto de Criminalística concluyó que: «En todas las celdas examinadas, las trayectorias de los proyectiles disparados indicaban tirador(es) posicionado(s) en el umbral de las celdas, apuntando su arma hacia los fondos o laterales. No se observó ningún vestigio que pudiese denotar disparos de armas de fuego realizados desde adentro hacia afuera de las celdas».
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