Educación básica, salud y otros servicios públicos demandan inversiones sustanciales, pero las restricciones fiscales frenan el nivel de la inversión requerida. Con niveles de desempleo y pobreza todavía altos, y con un comercio que resiente el impacto de una apretada política monetaria, Lula será cada vez más vulnerable a la crítica si las condiciones económicas se deterioran
Los acreedores extranjeros y los inversionistas financieros han elogiado al gobierno brasileño, encabezado por el presidente Luis Inacio Lula da Silva, por haber preservado la estabilidad económica y alcanzado una tasa de crecimiento económico saludable (5.2%) el año pasado. El país ha mejorado la dinámica de su deuda pública y el fortalecimiento de su balanza externa ha incluso alentado a las autoridades para buscar la renovación del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional después de siete años de acuerdos de financiamiento.
Sin embargo, los éxitos del gobierno de Lula en materia social han sido menos impresionantes, particularmente si se consideran las altas expectativas que creó de mejorar los servicios y las condiciones de vida de los pobres de la nación.
Lula, antiguo líder obrero de izquierda, ascendió al poder en enero de 2002 basado, en gran parte, en una plataforma de igualdad social y reducción de la pobreza. Su elección -fue el primer presidente surgido de las clases populares bajas- hizo crecer las esperanzas de los pobres y los desempleados. Y aunque el gobierno tuvo que dar prioridad a la estabilización de la deuda pública, también se comprometió a atender su trascendental agenda social. Los esfuerzos, empero, se han visto obstaculizados.
Educación básica, salud y otros servicios públicos demandan inversiones sustanciales, pero las restricciones fiscales frenan el nivel de la inversión requerida. De hecho, existe la percepción de que desde que Lula llegó a la Presidencia, los servicios de salud se han deteriorado en muchas áreas. Asimismo, su programa insignia Hambre cero ha sido calificado de extremadamente simplista y criticado como una forma de clientelismo, así como por no atender las severas desigualdades de ingreso y otros temas que afectan a los marginados.
El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas ha identificado unas 13 »bolsas de pobreza», esto es, unas 600 localidades con un total de 26 millones de habitantes, donde el Indice de Desarrollo Humano de la ONU es comparable al de algunos países africanos como Uganda. Reportes recientes del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y del Ministerio de Salud revelan que Brasil atraviesa por una »transición nutricional», donde la pobreza se manifiesta no tanto en la insuficiente ingesta de calorías, sino en la baja calidad y las deficiencias nutricionales de los alimentos consumidos. Entre la población de bajos ingresos es ahora la obesidad, más que el hambre, lo que incrementa la tasa de mortalidad, cambio que aún no ha sido incorporado en la estrategia gubernamental.
Entre tanto, una reforma universitaria que instaura condiciones de »acción afirmativa» (discriminación positiva) para los alumnos negros se percibe como errónea. Quienes se oponen a la medida argumentan que la integración racial en los campus universitarios ya refleja a la sociedad brasileña como un todo. Además de las crecientes preocupaciones sobre su impacto en la calidad de la educación superior, la reforma universitaria se considera una distracción inoportuna frente a la necesidad de mejorar las condiciones de la educación primaria.
Hay también preocupaciones crecientes de que la carga fiscal y las tasas de interés son demasiado elevadas para facilitar la creación sustancial de empleos, y de que el crimen no se combate con la fuerza suficiente. El resentimiento por los altos impuestos parece destinado a crecer, particularmente en ausencia de un mejoramiento visible de servicios públicos como el transporte. Algunos creen que esos factores podrían sentar las bases para el surgimiento de una fuerza electoral de centro derecha en el espectro político, por primera vez desde el fin de la dictadura militar, en los primeros años de la década de los ochentas.
El desempleo continúa siendo un serio problema a pesar del saludable crecimiento de 5.2% logrado el año pasado (la tasa más alta en un década). Pero la expansión del PIB durante dos años ha generado solamente una cuarta parte de los 10 millones de nuevos empleos que Lula prometió en su campaña electoral. En febrero la tasa de desempleo se situó en 10.6%, comparado con 10.5% cuando Lula asumió la presidencia, según muestran las cifras del gobierno.
Quizá más seria resulta la percepción de que el gobierno de Lula, si bien no le falta voluntad para atender los problemas sociales, carece de una estrategia coherente y de un equipo capacitado para hacerse cargo de ellos. Los puestos más importantes del gabinete económico brasileño están en manos de tecnócratas, pero la conducción y aplicación de la política social están en manos de los miembros del gobernante Partido de los Trabajadores, muchos de los cuales carecen de experiencia relevante o son nombramientos políticos.
Por ejemplo, en diciembre de 2004 Ana Fonseca, secretaria ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Social y reconocida experta en la ejecución de programas de bienestar social, fue despedida por el ministro de Desarrollo Social, miembro del PT, Patrus Ananias, debido a diferencias de opinión acerca de las propuestas de Fonseca para allanar los problemas en la ejecución del programa Hambre cero (el análisis del padrón de beneficiarios reveló fraude local y clientelismo).
¿Y qué sigue?
El problema de la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes ha sido el foco de algunas iniciativas del nuevo gobierno. El primero de febrero se crearon un nuevo Consejo Nacional de la Juventud y una Secretaría de la Juventud, esta última encabezada por Beto Cury, obrero metalúrgico de Minas Gerais. La designación de Cury eleva a 60 el número de antiguos líderes sindicales o activistas sociales que ocupan posiciones claves en el gobierno. El nuevo Programa Nacional para la Inclusión de la Juventud, que intenta proporcionar capacitación profesional y un pequeño estipendio mensual a casi 200 mil jóvenes entre 18 y 24 años, recibirá un subsidio de 115 mdd anuales.
Este programa continúa iniciativas previas como Mi primer trabajo, que aspira a capacitar a los jóvenes para liberarlos del ciclo del desempleo permanente. Los críticos del gobierno han argumentado que estas medidas sólo han sido desplantes políticos y no programas verdaderamente efectivos, puesto que el nivel de los recursos involucrados es insignificante comparado con la escala de los problemas. Se estima que en Brasil 34 millones de jóvenes sufren marginación social.
El gobierno continúa a la búsqueda de medidas de bajo costo para detener la marginación. Una de las estrategias es utilizar el trabajo voluntario. El 19 de enero, durante su viaje a Tabatinga, en la frontera con Colombia, Lula anunció el reinicio del Proyecto Rondón, programa que se llevó a cabo durante el gobierno militar, el cual enviaba estudiantes universitarios, durante sus vacaciones, a áreas alejadas para trabajar de voluntarios en proyectos de desarrollo social.
A pesar de los pobres resultados de sus políticas de bienestar social, Lula sigue siendo muy popular, con un índice de aprobación de 60%, y no parece que tenga mayores problemas para ganar la relección en 2006.
Pero los ancestrales retos de desarrollo relacionados con la desigualdad en el ingreso, marginación social y deficientes servicios públicos no desaparecerán. El gobierno, en consecuencia, tendrá que mejorar el diseño y la eficacia de sus políticas sociales, de manera que le permitan llevar adelante su agenda social sin comprometer la disciplina fiscal. También necesita cimentar el apoyo para realizar reformas estructurales más profundas.
De otra manera, la capacidad del gobierno para cumplir sus promesas a los pobres continuará en entredicho y podría haber mayor erosión en la confianza en el gobierno entre sus principales electores. La posición del PT entre sus bases tradicionales ha comenzado a menguar, al no cumplirse las expectativas de rápido mejoramiento de las condiciones sociales y porque el apego del gobierno a la estricta disciplina fiscal se ha dado a expensas del gasto social, lo que algunos han visto como una traición.
La confianza tanto del público como de los hombres de negocios se elevó durante el año pasado por el mejoramiento económico, pero hay señales de que el repunte se debilita.
EIU prevé un crecimiento moderado de 3.7% en 2005 y de 3.3% en 2006. Así, con niveles de desempleo y pobreza todavía altos, y con un comercio que resiente el impacto de una apretada política monetaria, Lula será cada vez más vulnerable a la crítica si las condiciones económicas se deterioran. Con el tiempo su apoyo público, así como su prestigio entre los sectores de negocios e inversionistas extranjeros, podría deteriorarse seriamente.