El próximo jueves, día 28 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La jornada se aprovechará para reivindicar que no se desprecie la prevención de riesgos laborales ni por parte de los empresarios ni por las administraciones públicas, que no les obligan a aplicar las medidas […]
El próximo jueves, día 28 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La jornada se aprovechará para reivindicar que no se desprecie la prevención de riesgos laborales ni por parte de los empresarios ni por las administraciones públicas, que no les obligan a aplicar las medidas que están contempladas en la legislación. Los datos de los expertos indican que a nivel europeo se está produciendo una regresión social en el mundo del trabajo hacia una desregulación laboral, una mayor precarización y a jornadas laborales más amplias, que son los elementos directos del incremento de los accidentes laborales. La OITindica que al día fallecen 6.000 trabajadores en el mundo debido a la falta de medidas de seguridad laboral y son 2,2 millones los trabajadores y trabajadoras que pierden la vida al año, por accidentes y enfermedades profesionales. Una sangría humana que en Hego Euskal Herria se cobró la vida de 2.383 trabajadores en accidentes mortales desde 1988 a 2004. En la UE fallecen en torno a 7.500 trabajadores al año, otros 1.400 en el Estado español y 661 en el francés. Desde el ámbito sindical se llama a la movilización social para frenar esta grave situación. La seguridad y la salud en el trabajo son en este inicio del siglo XXI tareas todavía pendientes de llevar a la práctica de forma eficaz en los centros de trabajo. Muchos trabajadores pierden la vida o quedan incapacitados para volver a su puesto, como ya ocurría hace dos siglos. El trabajo es responsable de uno de cada cinco problemas de la salud en la UE y la OITindica que se producen 6.000 muertes al día por accidentes o enfermedades profesionales contraídas en el trabajo diario. Los escasos avances logrados en los últimos 25 años en los sistemas de prevención están perdiendo peso debido a una regresión en los derechos laborales que está recorriendo la Unión Europea, más preocupada por llevar adelante la práctica del neoliberalismo económico más extremo que en asegurar la salud de quienes se exponen, en realidad, a perder la salud y la vida en muchos casos. Los expertos en esta materia sostienen que invertir en prevención y en seguridad en los centros de trabajo supone estar en sintonía con el progreso y con la innovación, lo que a medio plazo es más rentable, pero los empresarios hacen oídos sordos ante estas recomendaciones con el consentimiento de la Administración pública que, como denuncian los sindicatos, mira hacia otro lado en más ocasiones que las que debiera. Cultura preventiva El 28 de abril se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Una fecha histórica en la que se profundizará en la demanda de la cultura de la seguridad y de la sanidad en el trabajo desde el punto de vista de la prevención. A nivel general, la OITrecomienda que en esa fecha se haga hincapié en la necesidad de exigir que los empresarios apliquen la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Los datos estadísticos sobre la siniestralidad laboral son demoledores y, en general, se insiste en la Unión Europea que «las condiciones de trabajo no han mejorado en general», según un estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. A falta de datos concretos de Lapurdi, Nafarroa Beherea yZuberoa, en el resto de Euskal Herria casi un millón de trabajadores (991.421 trabajadores) han sufrido un accidente de trabajo en los últimos dieciséis años; de ellos 2.383 fallecieron, lo que hace una media de 150 fallecidos por año en el puesto de trabajo o cuando iban o volvían del mismo. Otros 15.494 sufrieron accidentes graves. No son todos, porque faltan los autónomos, quienes se encuentran en la economía sumergida y sectores que no entran en las estadísticas oficiales. Es una situación dramática y que sitúa a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa en los peores lugares de la Unión Europea. La siniestralidad en Hego Euskal Herria dobla en porcentaje a la de la Unión Europea. El 65% de los accidentes mortales ocurren en contratas o subcontratas y el 52% de los mismos en empresas de menos de 25 trabajadores, según denuncia LAB. Más de la mitad de los empleados soportan altos ritmos de trabajo. El 40% realiza tareas monótonas que inciden en su salud. El 33% de los ocupados se queja de dolor de espalda, el 28% de estrés y el 15% se encuentra sometido a conductas de acoso moral o intimidación. Yendo a las causas de los accidentes de trabajo, la precariedad, la intensificación de los ritmos de trabajo, la falta de formación e información a los trabajadores, sobre todo a los nuevos, y la escasa vigilancia de la salud son las más importantes y las que se mantienen de forma constante. En este sentido, hay que tener en cuenta que la inestabilidad de los empleos en Hego Euskal Herria es más del doble que la media europea. Los trabajadores temporales sufren dos veces y media más accidentes de trabajo que quienes tienen un puesto fijo, según denuncia ELA Los incrementos en los ritmos de trabajo y los horarios irregulares, más flexibles, y trabajos nocturnos hacen, por otra parte, que las probabilidades de sufrir un siniestro crezcan. Atodo esto hay que añadir que en el 60% de las empresas no tienen comité de seguridad y salud y que un 65%de los trabajadores no tiene cubierta la vigilancia de la salud, lo que empeora la salud. Aeste conjunto de situaciones se une la elevada subcontratación, lo que significa que se está produciendo una externalización del riesgo, ya que en las medianas y grandes empresas se reducen los accidentes, pero se trasladan a las empresas que subcontratan para determinados trabajos, que suelen coincidir con que son las peores tareas. En el Estado español, por otro lado, fallecen al año en el entorno de los 1.400 trabajadores y en el Estado francés, por encima de 650 trabajadores. En el conjunto de la Unión Europea las estadísticas indican que son alrededor de 7.500 trabajadores los que mueren a causa de su empleo, incluyendo como en el resto de estadísticas los accidentes que ocurren en el trayecto al trabajo. En general, la legislación en materia preventiva no se cumple por parte de los empresarios y desde la Administración pública no se incide en este tema. De hecho, las infracciones que se saldan con multas en el Estado español no alcanzan ni el 5% de los accidentes. Más barato En realidad, a los empresarios les sale más barato pagar las multas que disponer de unos lugares de trabajo en condiciones de seguridad y de salud como indica la legislación, como insisten las centrales sindicales. Hay que tener en cuenta que sólo existe un inspector de trabajo por cada 22.000 trabajadores en el Estado español, mientras que la media a nivel europeo se encuentra en un controlador por cada 6.000 empleados y, en la mayoría de los países, su tarea está relacionada de forma directa con las condiciones de seguridad y salud en la empresa, lo que no ocurre en el Estado español. A nivel internacional, según la OIT, cada año mueren dos millones de hombres y mujeres por culpa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En el mundo se producen 270 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año. Un análisis de por dónde camina la salud laboral en el conjunto de la Unión Europea demuestra, en general, que está perdiendo espacio debido a la presión del poder económico de las empresas. Marc Sapir, director de la Oficina Técnica Sindical de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), estima que es necesario «revitalizar la política comunitaria de la sanidad en el trabajo», porque entiende que la legislación y la estrategia establecida hasta el año 2006 «reposa sobre un análisis global correcto», pero no trasmite iniciativas «concretas dentro de un calendario prefijado». Para él, es necesario que los trabajadores adopten una posición de «confrontación» contra los empresarios y los gobiernos estatales para que la salud en el trabajo ocupe, de nuevo, el protagonismo que tuvo hace unos años, es decir que sea un elemento central en las revindicaciones laborales. En la Unión Europea, como expresa Sapir, «se debe evitar la retórica de la autosatisfacción y de que se va en la buena línea, porque en estos momentos la política comunitaria está caracterizada por un deterioro de las condiciones de trabajo que están influyendo en un aumento de los riesgos para los trabajadores». Pasos atrás Existen varias situaciones que en el conjunto de la Unión Europea suponen pasos atrás en la política sobre la salud en el trabajo. La dimensión de género no se ha integrado de forma real, y las razones de igualdad se han quedado fuera de las materias a adquirir dentro de las empresas. Este elemento fue criticado por el Parlamento europeo, porque ha faltado ese avance necesario para equiparar la seguridad y la salud entre hombres y mujeres dentro de las empresas. Otra realidad que está cobrando especial importancia dentro de la Unión Europea, al contrario de lo que ocurría hasta hace un par de años, es que están aumentando todavía más las tentativas de incrementar la precarización del trabajo. La desregulación de los servicios están en pleno debate y puede provocar una pérdida de derechos para los trabajadores, que afectará de manera directa a la seguridad en el trabajo. Tiempo de trabajo El tiempo de trabajo es otro elemento que está teniendo un protagonismo negativo. Los cambios que ha producido la globalización han reabierto un debate sobre el aumento de la jornada de trabajo y la flexibilidad de la misma que actúan en contra de la salud del trabajador. Para algunos esta regresión social tendrá consecuencias lamentables. Un estudio sobre las consecuencias de trabajar por encima de las ocho horas diarias indica que el riesgo es mayor. «Se produce un crecimiento exponencial de los accidentes a partir de la novena hora del trabajo», ya que se eleva en un 60% la posibilidad de tener un percance, y si la jornada es de 12 horas diarias el riesgo aumenta en un 80%y, por encima de ese horario, se acerca al 97% esa probabilidad, según un estudio realizado por la Agencia Escandinava de Seguridad y Salud en el Trabajo. Otro elemento de plena actualidad, que ha reabierto el debate en la Unión Europea, es la falta de actuaciones concretas en favor de la salud en el trabajo ante la directiva sobre los riesgos químicos y la nueva valoración que se está produciendo a partir de una serie de sustancias químicas. En este caso, los diferentes lobbys de la industria química de la Unión Europea están presionando para que no se limite la producción. La Confederación Europea de Sindicatos reclama actuaciones concretas para que se contemplen dentro de la normativa los valores límite, tanto indicativos como obligatorios, de las diferentes sustancias para que «no se sobrepasen ni afecten ni dañen a la salud de las personas». También desde esa organización se pone el acento en que se debe tener en cuenta «los riesgos que entraña trabajar con esas sustancias para la salud reproductiva» y avisa que es necesario que «se refuerce la prevención contra los agentes cancerígenos». Incumplimiento La Directiva 89/391/CEE modificó la visión práctica de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores con la introducción de un enfoque preventivo e integrado y la mejora constante de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Ala misma le sucedieron otras que desarrollaron nuevos aspectos y los diferentes estados de la Unión Europea las incluyeron en sus actuaciones. Los textos y las normas legislativas estatales «son en general buenas», a juicio de los agentes sociales, pero «no se cumplen». La laguna principal que detectó recientemente un informe del Parlamento europeo se refieren a que los empresarios no han aplicado los elementos a los que se refiere la legislación. La transposición de la directiva marco puso de manifiesto la «existencia de lagunas en la casi totalidad de los estados miembros», en particular por lo que se refiere en el ámbito de la aplicación, a la responsabilidad del empresario en aplicar «los principios de prevención; el alcance de la obligación de evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores; tener servicios de protección y de prevención adecuados; la obligación de documentar la evaluación de los riesgos en todos los tipos de empresas y; finalmente, la información, la consulta, la participación y la formación de los trabajadores». Esas carencias detectadas en la UE, sin embargo, aún no se han resuelto. El informe oficial reconoce que los trabajadores temporales son los más afectados y advierte que «la complejidad creciente de los procesos de trabajo, la evolución negativa de las condiciones de trabajo y la modificación de los tipos de riesgos exigen un enfoque transparente y sistemático de la salud». Consecuencias económicas Según remarca la OIT, cada año se pierden como consecuencia de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial por el coste en ausencias del trabajo, tratamientos de las enfermedades y de las incapacidades, y por las prestaciones a los supervivientes. «Las pérdidas económicas son veinte veces superiores a toda la ayuda oficial a los países en desarrollo», indica el organismo internacional. En el conjunto de la Unión Europea se calcula que los costes representan entre el 2,6% y el 3,8% del Producto Nacional Bruto, lo que supone una pérdida de 158 millones de días de trabajo. «Unos 350.000 trabajadores se vieron obligados a cambiar de empleo por causa de los accidentes y otros 300.000 sufren de incapacidad permanente en distintos grados, mientras que 15.000 trabajadores quedaron excluidos definitivamente del mercado de trabajo debido a las lesiones», según la Comisión Europea. Bruselas entiende que la disminución del número de accidentes laborales desde la entrada en vigor de la legislación «se ha traducido en un ahorro de 25 millones de días de trabajo». En el Estado español, los costes de la siniestralidad laboral alcanzaron los 13.085 millones de euros en 2003, lo que representa 1,76% del PIB, mientras que en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa se encuentran en 1.425 millones de euros. En el Estado francés, las jornadas perdidas han ido creciendo desde el 2001: de 31,8 millones de jornadas perdidas aquel año se pasó a 36,1 millones en 2003.