El Senado brasileño publicó este lunes un informe elaborado por sus técnicos que indica que no existen pruebas en contra de la presidenta Dilma Rousseff, separada de su cargo, que demostraran que la mandataria participara en maniobras fiscales que llevaron a la apertura del juicio político en su contra en la Cámara Alta. El estudio […]
El Senado brasileño publicó este lunes un informe elaborado por sus técnicos que indica que no existen pruebas en contra de la presidenta Dilma Rousseff, separada de su cargo, que demostraran que la mandataria participara en maniobras fiscales que llevaron a la apertura del juicio político en su contra en la Cámara Alta.
El estudio realizado por peritos designados por la Comisión Impeachment del Senado reza que Rousseff no participó de «pedaladas fiscales». Estos peritos decretaron que tres de los cuatros créditos suplementarios sin aval del Congreso eran irregulares y tuvieron impacto en la meta fiscal.
«Sin embargo, no se encontraron acciones directas por parte de la jefa de Estado suspendida que hayan contribuido al atraso de 3.5 millones de reales (un millón 036 mil 390 dólares) en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional brasileño», refiere Telesur a través de un corresponsal.
En este sentido, las razones por las cuales se abrió el juicio político contra la mandataria no tendrían lugar según los técnicos, porque Rousseff no tuvo que ver directamente y para la existencia del proceso, según la Constitución, debe haber una acción directa sobre el hecho que se le acusa.
Las pedaladas fiscales es una de las cuatro acusaciones contra la presidenta, por lo que pese a que resulta exculpada de ello, el juicio continúa.
En mayo pasado el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días, en los que se analizarán las pruebas que supuestamente vinculan a la jefa de Estado con presuntas pedaladas fiscales, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
El 12 de mayo pasado, Michel Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil y lleva adelante una agenda neoliberal que se aleja del plan de Gobierno de Rousseff. Entre sus medidas económicas está revisar el sistema de pensiones y reducir la inversión pública, priorizados durante el mandato de Rousseff, y el cierre de TV Brasil, la televisora del Estado.
Además, solicitará ante el Congreso un proyecto de ley para reducir el presupuesto del grupo Empresa Brasileña de Comunicaciones (EBC), responsable de administrar las televisoras de la nación suramericana y de las operadoras internacionales.