La creación de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil intensificó el debate sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura en ese país. Grabois plantea que además de verdad, debe haber justicia. El pasado 16 de mayo en Brasil se conformó oficialmente la Comisión Nacional de la Verdad que dispondrá de […]
La creación de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil intensificó el debate sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura en ese país. Grabois plantea que además de verdad, debe haber justicia.
El pasado 16 de mayo en Brasil se conformó oficialmente la Comisión Nacional de la Verdad que dispondrá de dos años para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988. Luego de dos años de investigación, el resultado será un informe público entregado al presidente de la Nación. Sin embargo, la Comisión no puede juzgar ni promover el castigo a los agentes del Estado responsables de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. El objetivo es conocer la verdad, establecer un relato histórico sobre los hechos. Víctoria Grabois, presidenta de la organización de derechos humanos Tortura Nunca Mais y familiar de desaparecidos explica en detalle la función de la Comisión en un escenario histórico y sociopolítico complejo. De fondo se escuchan los festejos de un partido de fútbol mientras ella relata sucesos de la dictadura militar, de su vida como militante y como familiar de desaparecidos, sin prestar demasiada atención a los ánimos deportivos.
-¿Durante cuánto tiempo vivió con un nombre falso?
-Tuve que usar un nombre falso en el período en el cual viví clandestinamente desde 1964 hasta 1980. Cuando volví al país, realicé un proceso judicial para llamarme nuevamente Víctoria y recuperar el nombre de mi hijo. El nació en 1966 y fue registrado en Brasil con su propio nombre Igor, y en 1972 cuando inició la guerrilla de Araguaia lo registré con otro nombre.
Pero en 1980, cuando él ya tenía 13 años, tenía que comenzar sus estudios secundarios, tenía que recuperar su verdadero nombre. No fue hasta 1982 que recuperamos nuestros nombres verdaderos. Yo realicé mis estudios universitarios, mi formación de grado con un nombre falso. Toda una vida, con nombre falso. Sólo en 1982 pude «legalizar» mi vida y sobre todo mi diploma universitario, porque aunque militara, mis estudios universitarios figuraban con otro nombre, lo cual me generó muchos problemas para conseguir trabajo.
-¿Cómo comenzó a militar por los derechos humanos?
-Mi activismo comenzó luego de la instauración de la Ley de Amnistía, en 1980. Porque durante el período de dictadura militar en Brasil, durante 16 años, viví en la clandestinidad. En ese período, mi padre, mi hermano y mi primer marido desaparecieron en la guerrilla de Araguaia. Después de la Ley de Amnistía de 1979, en 1980, pude volver a Río de Janeiro. Entonces comencé a trabajar en el Comité Brasileño por la Amnistía de Río de Janeiro, que duró hasta finales de 1981, ya que un año más tarde se produjo la llamada «redemocratización de Brasil» donde fueron creados los partidos políticos, se acabó la censura, tuvimos nuestra primera elección desde el inicio de las dictaduras. Allí se creó el PT, el Partido de los Trabajadores, y el PDT de Leonel Brizola. Hasta 1985, el gobernador de Río de Janeiro, Brizola, nombró como secretario de Defensa Civil un coronel del ejército, el coronel Jacaranda. Así un grupo de ex presos políticos, realizando una investigación, descubrieron que este coronel había sido un torturador. Entonces Brizola dimitió al coronel. Con ese acto se fundó el grupo Tortura Nunca Mais de Río de Janeiro, y ahí comencé a actuar en el grupo. Ya son 27 años. De todas formas, el motivo fundamental que me llevó a dedicar mi vida a los derechos humanos fue haber perdido a tres personas de mi familia.
-¿Cuál es el papel de Tortura Nunca Mais en la sociedad contemporánea?
-El grupo Tortura Nunca Mais fue creado con el objetivo de localizar a todos aquellos que fueron desaparecidos durante la dictadura. Pero este grupo creció porque Brasil es un país donde reina la impunidad. Nadie que haya cometido un crimen de lesa humanidad fue juzgado. Sólo ahora, por primera vez, Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien fue juzgado como «torturador» por parte de la Justicia. El día 14 de agosto, un juez de San Pablo de segunda instancia declaró que este hombre había torturado a los miembros de la familia Teles. Torturó al padre, a la madre y a los hijos. Este es el primer caso en Brasil en que un torturador es declarado torturador. Además, se han recogido recientemente las denuncias contra Sebastiao Curi y Licio Maciel, acusados de secuestrar y desaparecer a cinco miembros de la guerrilla de Araguaia. La jueza Fair Pimenta de Castro del segundo tribunal federal de Marabá aceptó finalmente las denuncias, lo cual es un hecho inédito en Brasil. La importancia del grupo Tortura Nunca Mais, es que no sólo trabaja con la violencia de la época de la dictadura, sino también con la violencia actual. Principalmente en la década del 90, donde acontecieron tres masacres emblemáticas, sobre todo por parte de la policía hacia los sectores más vulnerables. Una de las causas, es la falta de justicia. Pero las causas son muchas. Entonces, Tortura Nunca Mais atiende psicológicamente y legalmente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura y de hoy. Porque actualmente las víctimas son los jóvenes pobres que viven en las favelas.
-¿Hay algún acontecimiento paradigmático que llevó a la formación de la Comisión de la Verdad?
-Hay que señalar que la Comisión de la Verdad se instaura como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Araguaia contra el Estado brasileño, donde se condenó al Estado por no haber tomado medidas concretas en relación a lo sucedido durante la dictadura. Esta acción fue propuesta por el Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), por el grupo Tortura Nunca Mais de Río de Janeiro y por la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de San Pablo. Estas tres entidades demandaron al Estado brasileño en 1995. Finalmente, en 2010, la sentencia fue favorable para las familias. Cuando estábamos en Costa Rica, el presidente de aquel entonces, Luiz Inacio Lula da Silva, envió al Congreso un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad, que se concretó hacia fines del 2011 con el mandato de Dilma Rousseff, proclamando a sus miembros en 2012.
-¿Qué efectos tuvo la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la derogación de la Ley de Amnistía?
-La Corte señaló textualmente que la Ley de Amnistía de Brasil, no impide que aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad sean castigados. Existe una gran discusión en Brasil, porque el Supremo Tribunal Federal decretó la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Los ministros de la Corte Suprema de nuestro país dispusieron que la Ley de Amnistía contemplaba a ambos bandos. Tanto aquellos que torturaron, mataron y desaparecieron decenas de miles de brasileños, como los que se oponían al régimen militar. Entonces la discusión se plantea en torno a la legitimidad de la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros creemos que el Estado brasileño se ve obligado a cumplir la sentencia de la Corte. Pero hasta ahora nada de esto fue realizado. La Corte estipuló dos años para que esta acción sea cumplida; ya estamos cumpliendo un año y medio, y en octubre nosotros debemos volver a Costa Rica para ver cuál será el dictamen de la Corte en relación al incumplimiento de su sentencia. Principalmente a lo señalado respecto de la Ley de Amnistía.
-¿La Ley de Amnistía limita el trabajo de la Comisión?
-El límite para la Justicia es esta ley. Los culpables no van a hablar porque se sienten protegidos por la misma. El problema es que está siendo mal interpretada, la Ley de Amnistía no expresa literalmente ningún tipo de protección. Ese fue el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Maciel y de Curi la jueza argumentó que el delito sigue vigente porque las víctimas nunca fueron encontradas, por lo tanto la Ley de Amnistía no tendría aplicación. Esto muestra que se trata de una cuestión de interpretación de la ley. Por ejemplo, cuando ellos hablan de «crimen conexo de amnistía», es algo que cometí yo misma. Yo misma fui absuelta de ese proceso por haber usado otro nombre, un nombre falso. Pero la cuestión es que yo utilicé ese nombre falso para poder salvarme, y salvar a mi hijo y a mi madre. Pero hay que marcar una diferencia con los crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes son imprescriptibles. Ellos nunca nos entregaron los cuerpos, las familias sólo recibimos un certificado de defunción, con una gran «T» de Terrorista. Esa palabra usaban ellos, «su hijo, que es un terrorista, está muerto». Los crímenes conexos no son sinónimo de crímenes de lesa humanidad, y no somos nosotros quienes decimos esto, es una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho internacional que lo proclama. Esperamos que con el caso de Ustra, de Maciel y de Curi los otros jueces logren avanzar. Estos casos inauguran un acontecimiento fundamental para la justicia en el país.
-¿El descontento expresado por una facción de los militares frente a la constitución de la Comisión de la Verdad es un reclamo sustancial o es el reclamo de un sector debilitado?
-En Brasil, algunos consideran que esta manifestación de los militares no es un reclamo sustancial, pero yo considero que lo es. Hace algunos meses la sede del grupo Tortura Nunca Mais de Río de Janeiro fue invadida. Una semana antes de que ocurriera esto, llamó por teléfono una voz masculina pausada y educada diciendo: «Esto se va a terminar, nosotros vamos a volver». Nosotros siempre recibimos amenazas de militares, dependiendo el caso que estemos tratando. Por ejemplo, el caso de Lapuente, un alumno de la escuela militar, quien murió por el maltrato en el ejercicio de su actividad. Pero hay que destacar otra cuestión, existe una cuadrilla llamada «Emilio Garrastazu Médici», que fue el dictador más sanguinario de todas las dictaduras que tuvimos en el país. Esto refleja la violencia que existe en esos campos. Entonces yo no considero que el reclamo de los militares sea algo aislado, sino que es un evento muy serio. Lo militares no quieren que se abran los archivos de la dictadura, porque saben que si esos archivos se abren toda la sociedad brasileña va a conocer las grandes atrocidades que ellos cometieron durante el régimen dictatorial. En el caso de la guerrilla de Araguaia, ellos cortaban las cabezas y las manos de los guerrilleros y las mandaban a Brasilia. La Corte Interamericana, determinó que el Estado debe buscar en Araguaia los restos mortales de 68 guerrilleros. En el año 91, tres cuerpos fueron reconocidos. Un familiar contó, que un general de alto mando declaró frente a varios familiares, e incluso frente al Estado brasileño, que cortaban las cabezas de los guerrilleros para poder cargar los cuerpos, hacerlos más ligeros. Frente a estos acontecimientos, yo no puedo concluir que los militares hayan cambiado profundamente en nuestro país. La mentalidad de la época de la dictadura, todavía existe en el medio de los oficiales del ejército.
-¿En qué se diferencia la Comisión de la Verdad de otras comisiones designadas para investigar los crímenes cometidos por el Estado durante el largo proceso dictatorial que sufrió Brasil?
-En 1995, Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, impulsó la ley que establecía la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que mucha gente pensó que sería como la Comisión de la Verdad. Pero no fue así, esta ley tenía dos preceptos básicos. Uno, era la cuestión de la reparación, y el otro era iniciar las búsquedas de los desaparecidos de la época, las causas de sus muertes y la localización de los restos mortales. Esto nunca se realizó, y quedó en segundo plano. Indemnizaron a la familias pensando así resolver este problema y calmar la insistencia de los familiares. Por supuesto que no nos quedamos quietos, porque es claro que debe haber una reparación económica, pero ese debe ser el último punto de la reparación. Primero debemos castigar a los responsables y luego pensar en una reparación económica. Pero aquél comenzó al revés, primero la reparación económica y todavía estamos buscando respuestas, verdades y justicia. La diferencia entre ambas comisiones es que la Comisión de la Verdad es más amplia. No sólo se va a investigar lo que sucedió con los muertos y desaparecidos, sino también con los presos políticos.
-¿Cuáles son los reclamos de los familiares y de la sociedad?
-Uno de nuestros reclamos fundamentales es que las reuniones sean abiertas, para que podamos participar. Y además, que los testimonios de los torturadores sean públicos. Exigimos que sean públicos. Finalmente, una cuestión fundamental que exigimos es que abran los archivos, si no se abren estos archivos militares nada saldrá a la luz. Los archivos son la prueba contundente de lo que sucedió. Gracias a la acusación realizada por los familiares de la guerrilla de Araguaia, una jueza ha convocado a dos militares importantísimos que participaron de las desapariciones y los asesinatos de nuestros compañeros. El problema es que delante de la jueza ellos mintieron, descaradamente dieron versiones opuestas a varios periodistas. Ellos deberían ser condenados, si no por sus crímenes, por rendir falso testimonio. Es por esto que consideramos que la Comisión de la Verdad debería presentar públicamente los testimonios realizados. Nosotros no queremos que esto permanezca como un gran relato. Creemos que estos testimonios deben ser enviados a los altos tribunales y cobrar el valor que realmente tienen.
-La Comisión está conformada de forma muy heterogénea ¿Existen diferencias entre sus miembros?
-Nosotros tenemos una mirada crítica respecto de la Comisión de la Verdad. Sucede que el coordinador de la Comisión, Gilson Dipp, fue perito por el Estado brasileño frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El atestiguó en contra de la familias, e indicó que la cuestión de la amnistía en Brasil ya estaba resuelta, que la dictadura militar en el país era un capítulo cerrado de la historia. Por lo tanto, cuando fue elegido coordinador de la Comisión, por supuesto que nosotros protestamos. Luego rechazamos la declaración, en el diario Folha de Sao Paulo, de Jos Carlos Dias quien fue abogado de presos políticos, donde afirmó que se iban a investigar los crímenes de ambos lados. Luego se retractó indicando que el periodista no había entendido lo que él quiso decir, y que descontextualizó sus palabras. Lo que debe quedar claro es que nosotros no cometimos crímenes, nosotros luchamos contra un régimen que se había vuelto contra su propio pueblo. Por otro parte, nuestra gran aliada, una persona muy honesta de grandes principios, es Rosa Cardoso, quien fue abogada de la presidenta Dilma Rousseff y de muchos otros presos políticos. Es una mujer de grandes principios, siempre fue un referente del grupo Tortura Nunca Mais.
-¿Existen actores políticos y económicos que ocupan actualmente cargos de poder?
-Con el golpe de 1964, existieron gobernadores de los tres estados más importantes de Brasil que apoyaron el golpe militar. Existen multinacionales que financiaron centros de tortura. La denominada «Operación Bandeirantes» por medio de la cual se practicó la tortura y se llevó a prisión a innumerables activistas de izquierda, fue financiada por Ultragas. Esta es una gran multinacional, cuyo director dinamarqués, fue asesinado por la guerrilla urbana. Existen relatos que indican que él no sólo financiaba, sino también participaba de la tortura. De manera que se sienten los efectos de la dictadura militar, la estructura de aquel régimen no fue desmontada completamente. Muchos de los que participaron en aquella época permanecen en cargos importantes del Estado. La impunidad aquí es enorme. Si no adquirimos pronto una política de justicia, esta violencia continuará.
-¿Cuáles son las conclusiones extraídas de la audiencia pública que realizó la Comisión con los familiares y organismos de derechos humanos?
-Nosotros conseguimos una victoria muy pequeña. Luego de la instauración de la Comisión, se realizó una reunión con los familiares de muertos y desaparecidos en San Pablo, sólo para las familias, sin las entidades de derechos humanos. Entonces, las más de setenta familias, reivindicaron que las reuniones de la Comisión tenían que ser abiertas. Luego la Comisión realizó una reunión abierta con la presencia de la prensa, con todas las entidades de derechos humanos y con los familiares. La gran discusión es la cuestión de la justicia. Las comisiones de la verdad regionales se han comenzado a llamar Comisión por la Verdad y la Justicia. Es una victoria muy pequeña, espero que podamos avanzar aún más.
-¿Usted considera que para alcanzar la justicia son necesarias la militancia y la reivindicación social o una voluntad política firme por parte de los dirigentes?
-Yo creo que se requieren las dos cosas. La sociedad debe presionar a los dirigentes para que estas cuestiones se conviertan en un asunto público. Sólo con el apoyo de la sociedad los dirigentes podrán abrir los archivos de la dictadura, y proclamar la Comisión de la Verdad y fundamentalmente de la Justicia. Una sociedad activa que presiona es fundamental para que estos procesos se desarrollen. Aquí el proceso es muy lento, los grandes escraches que hubo en Argentina hace muchísimo tiempo, nosotros los estamos viviendo recién ahora. Es un poco tarde, pero por lo menos existe una manifestación por parte de la juventud que muestra que ellos son el fruto de nuestro trabajo político y de nuestra militancia. Esto es el reflejo del trabajo de las entidades de derechos humanos en nuestro país que siempre denunciaron los crímenes de lesa humanidad. Sin apoyo social es difícil que los dirigentes puedan sentirse lo suficientemente respaldados para tomar decisiones tan importantes.
-¿Cuál es la imagen de la Comisión que promueven los medios de comunicación brasileños?
-La mayoría de los grandes medios de comunicación en Brasil son conservadores. Entonces promueven la idea de que es necesario investigar ambos bandos. Según ellos los opositores al régimen militar cometieron crímenes. Esta es un posición totalmente retrógrada y conservadora.
-La Comisión simplemente establece la verdad, no puede promover ni imponer castigo alguno. ¿Cuál es el valor de la verdad sin justicia?
-A pesar de que la Comisión tenga un período muy breve de trabajo (dos años) con siete miembros y catorce asesores (es un equipo muy reducido), es necesario entender que está sacando a la luz nuevamente la cuestión de los derechos humanos en nuestro país que hace mucho tiempo que estaba adormecida. El debate sobre los derechos humanos se ha convertido en el centro de la agenda de discusiones. Nosotros, con el grupo Tortura Nunca Mais hemos sido llamados para hablar en eventos universitarios, para hablar con sindicatos, con periodistas del mundo entero, etc. Este debate que no existía antes de la formación de la Comisión, se está realizando ahora. Pero si queremos una sociedad justa, una democracia real debe haber justicia. Como ciudadana brasileña considero que la verdad es un camino hacia la justicia. Pero como familiar es muy duro lidiar con la verdad a secas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-208120-2012-11-19.html