Sin lazos diplomáticos oficiales desde hace cuatro años, se espera que EE UU y Venezuela entren en una nueva fase de relaciones influidas no sólo por la oferta y la demanda de energía alteradas por la guerra en Ucrania, sino también por las divisiones internas de la oposición venezolana.
El fin del «gobierno interino» del exdiputado Juan Guaidó, decidido por los propios partidos aliados al «autoproclamado presidente», ha enterrado en Venezuela la estrategia de paralelismo de la derecha que, desde 2019, apostaba por la desestabilización y los intentos golpistas, que contaban con el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump para derrocar al Gobierno venezolano.
Pese a seguir intentando mantener un parlamento paralelo, este sector de la oposición enfrenta cada vez más divisiones internas que tienden a profundizarse ahora con el inicio de un proceso de primarias que busca definir una candidatura presidencial unificada para las elecciones previstas para 2024.
En el exterior, el fracaso del «interinato» ya comienza a mostrar sus consecuencias, creando vacíos políticos, económicos y diplomáticos en instancias paralelas que fueron creadas por la oposición y asumidas como oficiales por varios países.
En EEUU, el futuro de la embajada venezolana en Washington es incierto. Según varios diarios norteamericanos y europeos, el gobierno estadounidense tomó la custodia de la sede diplomática el 6 de febrero. La medida se tomó después de que los aliados de Guaidó que ocupaban cargos ficticios como «diplomáticos del gobierno interino» abandonaran sus puestos.
Aunque la decisión está respaldada por la Convención de Viena, que obliga al Estado que recibe la embajada a salvaguardar sus bienes mientras estén desocupados, sólo deberá resolverse cuando los países reanuden relaciones o decidan ceder, recíprocamente, sus sedes diplomáticas.
::Lo que pasa en Venezuela::
El politólogo Ricardo Seitenfus, experto en política exterior y ex funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), explica a Brasil de Fato que, aunque legal, la situación no puede ser permanente.
«La idea es preservar los bienes materiales, los archivos, el propio edificio de la embajada hasta que se resuelva esta situación. Esta situación no puede durar indefinidamente, porque un día se producirá el cierre de la embajada, la confiscación de la embajada o la reanudación de las relaciones diplomáticas», dijo.
Seitenfus, sin embargo, señala que una salida para el destino de ambas embajadas, en Washington y Caracas, podría implicar a un tercer Estado como mediador.
«También existe la posibilidad de que los dos gobiernos, de Estados Unidos y Venezuela, designen a un tercer Estado que represente sus intereses. Debería ser un país elegido de común acuerdo, pero eso implica un cierto diálogo diplomático que ahora no se está produciendo», afirma.
Washington mueve ficha
Ante la inestabilidad en el seno de la oposición venezolana y la necesidad de dialogar con Caracas en busca de petróleo, Washington intenta moverse para defender sus intereses evitando altos costes políticos internos con los sectores demócratas y republicanos más conservadores.
Para Alex Main, director internacional del estadounidense Center for Economic and Policy Research (CEPR), la conducta en política exterior del Gobierno del presidente Joe Biden hacia Venezuela «crea aperturas» que no existían durante la política de «máxima presión» adoptada por Trump.
«Hay un cambio en la estrategia de la administración Biden, porque no están apoyando a los mismos sectores radicales de la oposición que la administración Trump estaba apoyando. Así que creo que eso crea algunas aperturas. Pero al final del día, sigue siendo problemático que Estados Unidos tenga tanto control sobre lo que debería ser una discusión política interna soberana», afirma.
Main dijo a Brasil de Fato que los problemas internos de la política estadounidense, sin embargo, siguen influyendo en la relación de la Casa Blanca con Caracas y pueden retrasar medidas más claras hacia un acercamiento.
«No reconocer al Gobierno que realmente dirige el país es una política extremadamente improductiva que perjudica a Venezuela y a Estados Unidos y que se basa únicamente en consideraciones políticas internas. Las preocupaciones de Biden tienen que ver con la política de Florida y con algunos miembros conservadores del Congreso», señala.
A pesar de ello, la Casa Blanca no da señales de estar dispuesta a eliminar masivamente las sanciones contra Venezuela. En noviembre del año pasado, una licencia general emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) permitió a Chevron reanudar las operaciones en las plantas mixtas que posee conjuntamente con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
La decisión supuso el primer alivio importante en el bloqueo desde que se impusieron medidas coercitivas más duras en 2014. Sin embargo, los bienes y activos financieros venezolanos en el extranjero siguen bloqueados, la deuda del país continúa congelada y PDVSA sigue enfrentándose a diversas restricciones comerciales y financieras.
Citgo, México y las elecciones
En EEUU, el caso más grave de activos venezolanos congelados es la red de refinerías y gasolineras de Citgo, filial de la estatal PDVSA que pasó a control de la oposición en 2019. Valorada en unos 10.000 millones de dólares, la compañía está amenazada por los tribunales estadounidenses de ser liquidada para indemnizar a los acreedores privados de Venezuela.
«Hasta ahora, Estados Unidos ha tomado medidas para proteger estos activos, pero en beneficio de la oposición venezolana, con la expectativa de que si la oposición recuperaba el poder podría recuperar Citgo», explica Main.
El investigador, sin embargo, cree que «hay un fuerte consenso entre los venezolanos para no permitir que Citgo se utilice sólo para pagar a los acreedores y probablemente esto salga a relucir en las mesas de diálogo en México para presionar a EEUU».
La devolución de los activos es una de las principales demandas del gobierno en la mesa de negociaciones con la oposición, con sede en Ciudad de México. Los diálogos, sin embargo, volvieron a verse amenazados después de que Maduro denunciara que el acuerdo alcanzado en la última ronda de conversaciones que preveía la liberación de más de 3.000 millones de dólares de recursos bloqueados no fue cumplido por la oposición.
Los opositores, por su parte, exigen al Gobierno un cronograma electoral para las presidenciales de 2024 y se concentran ahora en la celebración de un proceso de primarias para definir una candidatura única.
«Con una visión pragmática de todas las partes es posible mantener conversaciones más constructivas», afirma Main. Para el investigador, todos los agentes implicados -gobierno, oposición y EEUU- parecen querer que se celebren elecciones.
«Las negociaciones tienen más posibilidades de ir bien ahora que no tendremos a [el opositor venezolano] Leopoldo López y a [el senador republicano] Marco Rubio tomando decisiones y eso determinaba la agenda de lo que era aceptable para la oposición. Ahora, la oposición que todavía tiene alguna base electoral quiere volver a la práctica política normal y eso incluye hacer campaña para las próximas elecciones», afirma.