De acuerdo a los últimos informes, las pérdidas de la firma JP Morgan Chase asociadas a posiciones perdedoras en el mercado de derivados rondarían los 6,000 millones de dólares, y aún podrían sobrepasar los 7,000 millones. En un momento que las reformas de regulación bancaria acordadas por el G-20 apenas se han comenzado a implementar, […]
De acuerdo a los últimos informes, las pérdidas de la firma JP Morgan Chase asociadas a posiciones perdedoras en el mercado de derivados rondarían los 6,000 millones de dólares, y aún podrían sobrepasar los 7,000 millones. En un momento que las reformas de regulación bancaria acordadas por el G-20 apenas se han comenzado a implementar, el incidente ya pone al descubierto fallas en el entramado básico de las reformas y llama a cuestionar si son capaces de prevenir crisis futuras.
En esta materia, las reformas consistieron en una versión revisada del Acuerdo sobre Requisitos de Capitalización Bancaria (Basilea II), aprobado en el año 2006, que se ha dado en llamar Basilea III. Los acuerdos reciben ese nombre debido a que los emite el Comité sobre Supervisión Bancaria de Basilea, con sede en esa ciudad suiza.
Las reformas, como lo apuntaran prontamente distintos críticos, dejó prácticamente intacto el paradigma de Basilea II, que es el que permitió -y podría decirse exacerbó- las dinámicas que llevaron a la reciente crisis financiera mundial.
Es cierto que Basilea III subió los requisitos de capital para los bancos y los estándares en cuanto a calidad del mismo, es decir, dentro del capital requerido, también demanda una mayor proporción de formas de capital capaz de absorber perdidas, principalmente capital accionario. También requiere una capa de capital extra en el caso de instituciones financieras globales de importancia sistémica.
Pero, desafortunadamente, en el paradigma de Basilea, sigue predominando la autorregulación por parte de los bancos, que tienen licencia para determinar el riesgo y el capital sobre la base de sus propios modelos de gerenciamiento de riesgo. No debemos olvidar que en el sistema de Basilea, aunque este punto tiende a recibir poca atención por parte de los medios, los requisitos de capital se calculan sobre la base de activos «ponderados por riesgo». Esto significa que, aunque las fracciones de capital requeridas son mayores que aquellas que requería Basilea II, los bancos tienen la oportunidad de determinar como se calcula el capital frente a diferentes tipos de exposiciones. Esto no es solo una oportunidad sino, como lo dijo la ex directora de la Corporación de Seguros de Depósito Federal de Estados Unidos, un incentivo para que los bancos «engañen» los modelos.
De hecho, apenas se habían conocido las reformas de Basilea III, cuando informes ya indicaron que los bancos estaban alistándose a identificar formas de modificar el cálculo de las ponderaciones por riesgo para recortar el monto de capital que deberían mantener. Incluso se le dio un nombre a tal práctica: «optimización de activos ponderados por riesgo».
La relevancia de esta práctica para el incidente de JP Morgan no es pequeña. Los sistemas internos de gerenciamiento de riesgo generalmente se basan en medidas de «Valor en Riesgo» (conocido como VaR, por su sigla en inglés). Valor en Riesgo indica las pérdidas en un período dado que una compañía puede sufrir dado un cierto nivel de confianza. JP Morgan cambió su modelo para Valor en Riesgo a principios de este año, por razones que todavía están bajo investigación pero que resultan a todas luces sospechosas. El valor en Riesgo reportado por la oficina de operaciones, después de esa revisión, fue de sesenta y siete millones de dólares, pero más recientemente JP Morgan ha retornado al modelo original, y revisó el Valor en Riesgo de la oficina de operaciones en el primer trimestre a ciento veintinueve millones de dólares. El tema no es solo que incluso la mayor de estas dos cifras es mucho menor que la real pérdida que se terminó sufriendo. El tema más importante es que estas diferencias tan amplias, presumiblemente basadas en variables diferentes en los cálculos, se permiten en reportes bancarios que deberían ser clave para que los reguladores estén al tanto de la situación de capitalización.
Hay que dar crédito al Comité de Basilea porque, si bien con tardanza, ha identificado los peligros de la medida de Valor en Riesgo y está buscando sustitutos. En palabras del Comité: «Un número de debilidades se identificaron con el uso del Valor en Riesgo para determinar requisitos de capitalización regulatorios, incluyendo su incapacidad para capturar el llamado ‘riesgo de cola’. Por esta razón, el Comité ha considerado alternativas métricas de riesgo, en especial el de ‘pérdida esperada'».
Cabe acotar que «Riesgo de cola» es el nombre que se le da en jerga financiera a un peor escenario altamente improbable. Algunos analistas han argumentado, por ejemplo, que los eventos que configuraron la reciente crisis financiera global no fueron detectados en muchos modelos porque eran un evento de «riesgo de cola». El dato que el Comité esta proponiendo considerar ahora, la pérdida esperada, indica las pérdidas que podrían ser sufridas, incluso por encima del valor en riesgo y si es que no hay el cierto nivel de confianza asumido por el Valor en Riesgo.
Es importante notar que los perversos efectos de las medidas basadas en activos ponderados por riesgo pueden, hasta cierto punto, ser corregidas con el uso de medidas basadas en activos totales -o sea, activos no ponderados-, tales como la «fracción de apalancamiento» que también fue introducida por Basilea III. Cabe observar, como dato interesante, que el proyecto de la Directiva de Requisitos de Capitalizacion IV, en versión aprobada ya por el Consejo Europeo tras intensas negociaciones -legislación que tiene por propósito implementar Basilea III para los países europeos- no contempla la fracción de apalancamiento como obligatoria.
Por supuesto, no está claro si alguna vez las regulaciones podrán ser lo suficientemente complejas para estar a la altura de la complejidad en rápida evolución de las instituciones financieras que tiene que regular. Incidentes como este llaman, entonces, nuevamente a la reflexión sobre si instituciones financieras tan grandes y complejas son realmente necesarias.
Sin embargo, en Estados Unidos, uno de los pocos intentos que se legislaron para reducir tal complejidad, la llamada «regla Volcker», que pondría limites a las operaciones bursátiles que los bancos pueden realizar por cuenta propia, también ha sido desnudada en su insuficiencia por el incidente JP Morgan.
El pilar básico de esta norma es separar las operaciones por cuenta propia (prohibidas) de aquellas que son o para protegerse de riesgos o en representación de clientes o para creación de mercados (que están exceptuadas de la prohibición).
Tales diferenciaciones son, en la práctica, difíciles de establecer. Pero, para hacerlas más difíciles, un controvertido punto en la formulación de la regla Volcker es que la protección de riesgo que permite puede ser en conexión «con posiciones individuales o agregadas». El permitir que sea por «posiciones agregadas» habilitaría a que la cartera completa de la oficina de operaciones («cobertura de cartera») de un banco fuera objeto de tal protección. Entonces, no está claro como esta cobertura de cartera seria distinta de las riesgosas apuestas especulativas que la Regla Volcker justamente busca impedir. Por ende podría dejar a la norma privada de toda sustancia.
Esto no es, por supuesto, un argumento a favor de debilitar o no ejecutar la regla Volcker. Mas bien todo lo contrario, abogan por su fortalecimiento y la necesidad de evitar concesiones que para aplacar a la banca -como las excepciones a la regla Volcker lo fueron en este caso- terminen permitiendo la continuación de prácticas que, uno querría creer, ya han costado bastante.
* Director del Rethinking Bretton Woods Project, Center of Concern, Washington DC, creado en 1995 para promover las reformas de las instituciones financieras internacionales.