Como viene siendo habitual, cuando los trabajadores de una empresa hacen un paro o una huelga, y más si dicha empresa es un servicio público, en seguida aparecen los voceros de lo políticamente correcto denunciando la irresponsabilidad de los trabajadores, y en «defensa» de los derechos de los usuarios y consumidores, al tiempo que ocultan […]
Como viene siendo habitual, cuando los trabajadores de una empresa hacen un paro o una huelga, y más si dicha empresa es un servicio público, en seguida aparecen los voceros de lo políticamente correcto denunciando la irresponsabilidad de los trabajadores, y en «defensa» de los derechos de los usuarios y consumidores, al tiempo que ocultan a la opinión pública las razones del paro o la huelga, y cuestionan los derechos ciudadanos de los huelguistas.
Esto ha ocurrido con los trabajadores de Iberia en Canarias el pasado 21 de marzo, por los retrasos de los aviones ocasionados por la realización de asambleas informativas en sus centros de trabajo, en horarios de 7 a 10 y de 18 a 20.
Al día siguiente, los voceros de los medios canarios, para los medios de difusión estatal Canarias sigue sin existir, flagelaban ante la opinión pública a los trabajadores de Iberia en Canarias por impedir el derecho a viajar libremente de los ciudadanos, destacando los 20.000€ que un empresario había dejado de ganar por llegar tarde a Lanzarote, o los 1.200€ que un gruista había dejado de percibir ese día por llegar tarde a Fuerteventura. Por cierto, gruista que en un día gana más que la mayoría de los que ejercieron su derecho de asamblea en un mes, o empresario que gana más que un trabajador asambleario en un año. Al tiempo que ocultaban a la opinión pública los derechos de los trabajadores a la defensa de sus puestos de trabajo, el derecho de los ciudadanos a una información veraz del conflicto, y el derecho de los ciudadanos a un servicio público seguro y de calidad, y a saber lo que se ha hecho con su patrimonio.
Antecedentes de la situación de Iberia.
Iberia fue empresa pública, y por lo tanto patrimonio de todos los ciudadanos, que durante años aportamos con nuestras cotizaciones para su creación, desarrollo y expansión, en la época en el que transporte aéreo era un transporte para minorías acomodadas, y por lo tanto, no rentable para el capital privado, aunque era el que más utilizaba ese servicio.
En la década de los 80, el transporte aéreo tuvo un auge considerable, dejó de ser un transporte de minorías adineradas, para paulatinamente aumentar el número de usuarios de toda clase social. A finales de los 80, Iberia obtenía importantes beneficios. Tanto es así, que a principios de los 90, potentes sectores económicos privados empezaron a ver en el transporte aéreo grandes posibilidades de negocio. Sus representantes en los gobiernos de turno empezaron a cuestionar la rentabilidad pública del sector aéreo, y la necesidad de su privatización, sin contar con la opinión, ni con los derechos de los ciudadanos que hasta entonces habían aportado para la creación y el desarrollo de ese servicio, ni mirar por el interés social de un servicio público de transporte aéreo seguro y de calidad.
En los 90 Iberia tenía pérdidas, no por su poca rentabilidad económica y social en razón de los viajeros transportados. Los aviones iban llenos, y empezó a aplicarse sistemáticamente el ilegal «overbooking». Las causas de las pérdidas eran la política de rapiña neocolonial emprendida en Suramérica por el gobierno español de entonces, de acuerdo con los gobiernos corruptos de Ménem, C. Andrés Pérez, etc., que impuso a Iberia la compra de Aerolíneas Argentinas, Viasa, Lan Chile, etc., así como por la subida del precio del petróleo como consecuencia de la guerra del golfo pérsico, apoyada por Estados Unidos de América.
Las consecuencias de aquellas políticas recayeron, como siempre, exclusivamente sobre los trabajadores, al tiempo que se aprovechaba la coyuntura para crear las condiciones para la privatización de Iberia:
En el 91 se aplicaba una ilegal regulación temporal de empleo, a la par que se efectuaban miles de horas extraordinarias para hacer frente a las cargas de trabajo. Asimismo, se privatizaba el servicio de abastecimiento de aviones y se iniciaba la cesión de actividades a otras empresas, algunas participadas por Iberia, como Binter y Viva, al tiempo que se seguía invirtiendo en la ruinosa política de Suramérica. Cesión de líneas y aviones a terceros, iniciándose con ello el «dumping social». En el 93 se destruían varios centenares de puestos de trabajo con la no renovación de eventuales que venían desempeñando trabajos de actividad continuada. Nueva regulación de empleo en el 94, con bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas, y modificación de las condiciones laborales a los que seguían en activo, con la incorporación de la movilidad geográfica, polivalencia laboral, flexibilidad de horario, generalización de los contratos eventuales, aumento de la jornada laboral, etc. Y además, congelación salarial y descuento de la clave 104 durante varios años para pagar las deudas de Iberia.
Con todas esas medidas, la plantilla se redujo en más de 8000 trabajadores, y se aniquilaron derechos y condiciones de trabajo que habían costado años de lucha y sacrificio conseguir. En ese periodo de los 90, mientras se aplicaba una política drástica de recortes a los trabajadores, aumentaban los fichajes de personajes con contratos blindados millonarios, encargados de configurar el nuevo modelo de empresa a gusto del capital privado, algunos procedentes de la reconversión siderúrgica, y otros ligados al BBVA.
A finales de los 90, con la empresa con beneficios por el sacrificio de los trabajadores, y con el apoyo de los gobiernos de turno, y la SEPI creada para la liquidación de la empresa pública, se iniciaba la privatización de Iberia. Al rentable negocio del transporte aéreo acudían los mercaderes de la banca, del comercio textil, y del especulador negocio inmobiliario y de la construcción, y algunos políticos reciclados para el negocio privado.
A favor de esa política colaboró y sigue colaborando AENA (Aeropuertos Españoles Navegación Aérea) empresa pública, al mandato del gobierno de turno. A partir de la mitad de la década de los 90 hasta nuestros días, miles de millones del erario público son invertidos por AENA en ampliar instalaciones aeroportuarias, principalmente aquellas con mayores perspectivas de negocio privado, plataformas, tiendas, cafeterías, etc., y no tanto en seguridad aérea y en control del tráfico aéreo, ayudando así a su desregulación, y futura privatización de este otro patrimonio nacional.
Fruto de esa política de colaboración, en el 95 AENA plantea la creación de un segundo operador del servicio de «handling» (servicio de facturación y estiba de equipajes), que hasta entonces había desempeñado Iberia como único operador en todo el Estado. Para justificarlo, se dice, tanto por AENA como por Iberia, que es mandatario de la Unión Europea. Mentira, en Francia, Air France sigue operando como único operador del servicio de handling.
Con la creación del segundo operador, se da paso en el negocio aéreo al capital procedente de las especuladoras inmobiliarias y constructoras. Al tiempo que se subrogan miles de trabajadores de Iberia a las empresas de los nuevos operadores, medida de gran costo traumático para muchos trabajadores, que aún hoy arrastran secuelas en muchos casos, y enfrentamientos entre los afectados.
Subrogación, que a tenor de las sentencias judiciales de los trabajadores afectados que denunciaron, fue ilegal. Muchos de esos trabajadores subrogados han tenido que ser readmitidos por Iberia, con abono de costas por la empresa, o sea por sus trabajadores. Hay que destacar que al no existir convenio de sector aéreo, esas nuevas empresas se crearon y se crean sin convenio para sus trabajadores, con contratos en precario, o sea, son empresas de empleo basura.
En el 2002, con Iberia ya privatizada, los nuevos directivos venden Binter Canarias a supuestos capitales canarios, por valor de 6000 millones de pesetas, muy por debajo de su valor, y con el compromiso de que Iberia durante 3 años le haga el servicio de handling, también a bajo costo. En ese precio de ganga radica parte del pago del Partido Popular a Coalición Canaria por su apoyo legislativo. Pero en la venta de Binter hay una salvedad importante: Iberia se queda con la propiedad de los «slots» o rutas aéreas.
Situación actual de Iberia y del sector aéreo.
El pasado 7 de marzo, tuvo lugar la reunión anual de directivos de Iberia, cuya conclusión dice textualmente: «el modelo de transporte aéreo comercial y la competencia que tenemos enfrente han cambiado radicalmente y para siempre, lo que nos obliga a nosotros a cambiar también. Tenemos que hacer frente a uno de los retos más difíciles de los últimos diez años, y no hay alternativa: O AUMENTAMOS LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIMOS LOS GASTOS DE PERSONAL, O EN APENAS DOS AÑOS VOLVEREMOS A ESTAR EN PERDIDAS… Sobre esas premisas tan claras se va a redactar el nuevo Plan Director y se van a negociar los convenios colectivos.»
Por otro lado, los nuevos inversores de Binter ya han avisado a sus trabajadores: cambio de nombre de la empresa, y por lo tanto nueva empresa, no habrá convenio, los salarios serán de 700€ mensuales, y el que quiera mejoras, a negociarlas individualmente con su jefe. De esa calaña son los nuevos-viejos empresarios aéreos. Siguiendo el ejemplo de otras empresas de nueva creación en el sector, como Líneas Airways.
Con esas sombrías perspectivas empresariales, en el mes de julio finaliza la realización del handling de Binter por Iberia. Binter ha anunciado que realizará su autohandling, en las condiciones señaladas más arriba, e Iberia ha anunciado que en ese caso le sobrarán 700 trabajadores en Canarias, desglosados en 400 fijos, 200 fijos-discontinuos y 100 eventuales.
Ante esa situación los trabajadores de Iberia en Canarias decidieron celebrar asambleas el pasado 21 de marzo. Los retrasos provocados con motivo de las asambleas propiciaron la convocatoria al día siguiente de una reunión de AENA, Iberia, Binter y los sindicatos CCOO y UGT a nivel estatal, a celebrar el próximo 29 de marzo.
¿Cabe algún lugar para la esperanza tras esa reunión? La respuesta es muy poca, por no decir ninguna: – Los proyectos de empresas que pretenden los dueños de Iberia y Binter no dejan lugar a dudas. – Pero además, AENA apuesta por ese modelo de empresa. No sólo en cuanto a su futura privatización, sino que el último proyecto presentado por ella para los concursos de handling en todos los aeropuertos del estado, abre aún más la mano a la liberalización, dando entrada a nuevos operadores procedentes de capitales especuladores inmobiliarios como ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr Vallehermoso, Acciona, y otros. O sea, más empresas basuras. – En cuanto a los sindicatos que acudirán a la reunión, ninguna esperanza. Desde hace 15 años, han venido apoyando con su firma las políticas de privatización y liquidación de Iberia. Tras las asambleas del día 21 en Canarias, ni siquiera se han reunido con los trabajadores para informar qué van a proponer en la reunión del día 29.
La única esperanza que cabe en los trabajadores de Iberia es la de su propia movilización, en torno a un único punto viable en estos momentos: que Iberia recupere sus slots para explotarlos con su personal y sus aviones.
Los trabajadores de Iberia venimos sufriendo desde hace 25 años un empeoramiento continuo de nuestras condiciones de trabajo, y ya no podemos ceder más. Los trabajadores de Iberia de todo el Estado, deben saber que lo que quieren hacer en Canarias, lo intentarán en todos los aeropuertos. Por eso, el problema de Binter en Canarias, no es solo un problema de los trabajadores de Iberia que trabajamos en Canarias, sino de todos los trabajadores de Iberia de todo el Estado Español.
Los trabajadores de Iberia tenemos el derecho y el deber de defender nuestro derecho a un trabajo digno. Sabemos que defendiendo nuestro trabajo digno, estamos defendiendo un trabajo digno para todos los trabajadores, de hoy y de mañana, porque estamos impidiendo la indignidad del trabajo con contratos basuras que pretenden imponer esos nuevos-viejos capitalistas. Reivindicamos nuestro derecho a ser informados y a decidir sobre nuestro futuro.
También tenemos derecho a saber qué se ha hecho de nuestro patrimonio, que era de todos, y que se vendió y se está vendiendo a mercaderes sin escrúpulos. Por eso tenemos derecho a saber como se vendió Iberia, qué capitales aportaron y de quienes son esos capitales. Tenemos derecho a saber como vendieron Binter, a quienes se la vendieron, y quienes están hoy detrás.
Y todos estos derechos, los defenderemos ejerciendo nuestros derechos de reunión, asamblea, huelga, y todo tipo de movilización. También defenderemos nuestro derecho a informar a los ciudadanos fidedignamente de nuestra situación, y del esquilme que se ha hecho y se sigue haciendo del erario público.
Los poderes públicos tienen responsabilidad sobre esta situación. El Gobierno del Estado, el Parlamento del Estado, y el Gobierno de Canarias tienen responsabilidad sobre esta situación, y tenemos derecho a exigirles que se pronuncien públicamente. AENA sigue siendo empresa pública, en Iberia sigue habiendo un porcentaje importante de capital público, y tenemos derecho a saber como gestionan nuestro dinero.
También tenemos derecho a saber el porqué de la política de los sindicatos en este sector, tan en contradicción con lo que dicen defender a nivel general. Además de los centenares de liberados que tienen en el sector, ¿ hay algún dispendio más que justifique tanto apoyo a una política tan antiobrera, antisindical, y tan indigna?
El futuro de nuestro trabajo, de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestra dignidad es muy importante para que permanezcamos callados. Este es nuestro derecho ciudadano más primordial hoy.
Canarias, 28 de marzo de 2005.