Soberania alimentaría o esclavitud

Introducción

Lo que el informe de la FAO no resalta con la fuerza suficiente es que, frente a este cuadro de dolor, contrario a lo que sucedió en Babilonia y Ur de Caldea, las que al cabo del tiempo fracasaron por no poder producir los alimentos para sus miembros, hoy existe en el planeta una capacidad productiva para alimentar doce mil millones de personas, el doble de la población existente. Esa situación es explicada por Lester Thurow: «El mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer los que tienen dinero para pagar».( Robledo, 2001) De esto puede concluirse que el hambre en el mundo no es causada por la incapacidad tecnológica de la oferta sino por la incapacidad adquisitiva de un grupo considerable de consumidores; es decir, por la pobreza. Aquí también se cumple la máxima: «el capitalismo tiene una capacidad infinita de oferta a la que no corresponde una igual de demanda». Se vive una crisis alimentaría en medio de la superproducción, se está frente a un problema económico y no frente a uno técnico.Los enfoques tradicionales de la Seguridad Alimentaría

En lo expuesto hasta aquí, como manifestación del problema, puede existir unanimidad. La discusión está en sus motivos principales y, por ende, en sus soluciones.

Los difusores de las más simples teorías de la seguridad alimentaría afirman que la provisión de los elementos nutrientes a la población hambrienta tiene respuesta en los «mágicos mecanismos» del mercado. La aplicación cabal, según ellos, de los paradigmas de la libre concurrencia extendida a las arenas del comercio internacional, hará llegar los alimentos a los más pobres a bajos precios subsanando sus carencias. Además, agregan, que el problema puede sintetizarse en entregar una dieta mínima en proteínas y calorías que garantice la subsistencia a cada ser humano. El objetivo es suministrar una oferta calórica diaria per cápita que, si se trata de imitar los estándares de las denominadas naciones desarrolladas, consiste en una ración de 3.300 calorías y de 101 gramos de proteína, aunque también pueden ser las 2.907 y los 86 de las naciones de la Comunidad de Estados Independientes y de Europa Oriental. Todo lo reduce a la dotación de los individuos.( ONU, 2000)

En esta teoría del libre comercio subyace un elemento relevante: que, vistas así las cosas, existen países que de modo «natural» son exportadores de los productos alimentarios básicos y otros que son, también por naturaleza, compradores. Desde que el neoliberalismo comenzó a hacer de las suyas en el mundo entero, hace ya más de una década, estos postulados se han tratado de imponer; el resultado, dentro de los parámetros trazados, no evidencia ni una solución a las causas ni tampoco al hambre. El ritmo para alcanzar las metas universales de menores cantidades de seres famélicos se ha menguado y también el número de personas pobres se incrementa. Aunque el Banco Mundial afirma que el efecto de la globalización sobre la pobreza mundial «ha sido neutro», reconoce que en los «países desarrollados se ha deteriorado» la distribución del ingreso y que en muchos otros se ha aumentado; en América Latina y el Caribe, verbigracia, el ingreso por habitante, entre 1.992 y 2000, sólo subió un 1,2%, la producción casi creció por debajo del ritmo demográfico.

Los efectos negativos del libre comercio para atender el hambre y algunas consideraciones teóricas llevaron a la elaboración de concepciones sucedáneas sobre la seguridad alimentaría. Una de ellas es la de la escuela institucionalista. Basada en que el mercado por sí solo no es suficiente para garantizar la dieta alimentaría individual, enfatiza en la presencia de instituciones que lo ayuden a brindar la seguridad alimentaría, a corregir las deficiencias de la «mano invisible».

Los economistas que profesan esta creencia, compatible de todos modos con la liberalización de los grandes circuitos comerciales internacionales de productos alimentarios y agropecuarios, insisten en limitar al comercio global por sus efectos sobre variables sociales como empleo, ingreso o equidad. Las políticas públicas que proponen tienden a atenuar, a mitigar o a regular los desequilibrios en el mercado inducidos por los agentes con posición dominante, los que en el caso del mercado de los géneros alimentarios son los monopolios transnacionales de Estados Unidos y los países de la OCDE, apalancados en los subsidios estatales a sus actividades exportadoras y a las productivas de sus agricultores. La reciente Ley Agrícola norteamericana, por ejemplo, entrega la mitad de las transferencias estatales anuales a los productores de seis estados como Illinois, Texas y Kansas y casi el 80% de ellos para cereales, lácteos, algodón, arroz y soja, para comida y vestuario. Es conocido que los » direct payments» cubren desde necesidades de capital de trabajo hasta asistencia en pérdidas por ventas por debajo del costo o contratos de flexibilidad en la producción, por los cuales se reciben subsidios por producir menos o simplemente no producir si es del caso, para evitar excedentes no deseados. Ese rubro fue en 1999 el 41% de los subsidios. (USDA, 2002)

Para controlar las secuelas del comercio en la sustitución de alimentos producidos en los países por las importaciones, los institucionalistas han diseñado indicadores tales como que el margen de dicha sustitución no puede pasar «del promedio de importaciones de cereales por la fuerza laboral rural», que en el caso colombiano fijan en cerca de 314 kilogramos de cereales al año (Puyana, 1996), o establecen como límite máximo a las compras externas «el 25% del saldo de dólares disponibles después de descontar el servicio de la deuda externa de las divisas percibidas por las exportaciones». (ONG´s – CMA, 2002)

De cierta forma la escuela institucional se centra en corregir las imperfecciones del mercado aceptando el marco macroeconómico de libertad de comercio y flujo de capitales. Jesús Bejarano, al exponer esta escuela, sintetiza: «en realidad, la configuración de un nuevo marco institucional compromete no solamente los cambios de paradigmas que ya se señalaron y que involucran fundamentalmente la construcción de instituciones para el mejor funcionamiento de los mercados, sino modificaciones importantes en las organizaciones públicas y privadas encargadas las unas de adelantar las políticas sectoriales o los procedimientos y mecanismos de regulación y las otras constituidas fundamentalmente por las unidades productivas y de decisión de carácter empresarial o familiar». (Bejarano, 1998)

En años recientes, inspirada en la mejor buena voluntad, ha surgido una corriente que intenta abordar la seguridad alimentaría desde el modelo de desarrollo sostenible, destacando la inclusión de la variable ambiental y fomentando la producción limpia en la agricultura. El fundamento de esta «agricultura orgánica» está en el paradigma del bajo costo de los insumos, producidos in situ, y al servicio de la producción de los géneros que brindarían la dieta alimentaría necesaria a los hogares rurales. Se refuerza en la experiencia cubana a la cual hubo de recurrir ese país ante el bloqueo que ha sufrido por las firmas productoras de agroquímicos.

Esta opinión también acepta implícitamente, bajo el interés de defender a los alimentistas más pobres y rurales, una cesión de la oferta masiva de los alimentos en los principales centros de consumo a los agentes dominantes del mercado y, simplemente, a los más pobres los margina de ellos, creándoles su propia provisión. Así mismo, incorpora los efectos del mercado en tanto con ese mecanismo único considera que los productores se ubicarán en cantidades de producción donde el costo ambiental supera el beneficio neto marginal del productor.

Las acciones de la agricultura ecológica así como sus alcances son limitados y la relación beneficio – costo no tiene con facilidad la tendencia decreciente propia de las economías de escala. Incluso el sobreprecio que pueden tener sus productos en los comercios especiales le crean al grueso de los consumidores dificultad en el acceso. Pero tampoco este es un mercado que se escapa del control de las economías más poderosas. En Europa hay cerca de dos millones de hectáreas de este tipo de agricultura y el comercio – que llega a casi 20 mil millones de dólares anuales- se transa un 53% en Europa, un 37% en Estados Unidos y un 10% en el Japón. Su máximo logro, renunciando a competir tanto afuera como adentro, podría ser, por la vía de insumos elaborados por las familias en estrategias de integración vertical hacia atrás, asegurar en bienes agropecuarios de primera necesidad la recuperación de la fuerza de trabajo de la economía campesina, en las zonas rurales donde se encuentran los mayores niveles de pobreza.

Esta propuesta, así concebida, y en países con las difíciles circunstancias donde se adelanta la actividad agropecuaria como Colombia y enfrentada a la avasalladora competencia de los sectores agrícolas de las potencias, que se fortalecen ahora más con las variedades biotecnológicas provenientes de los Organismos Genéticamente Modificados, termina jugando, a lo sumo, el papel de solución altruista y parcial, mas no de solución económica, como verdadero eje de una política pública contra el hambre general en campos y ciudades. Y para la muestra un botón: según estudios recientes efectuados en las áreas urbanas de Pereira y Dosquebradas, el 40% de las gestantes y los menores de 18 años de estas dos poblaciones sufren de desnutrición. ( La Tarde, 2002)

¿Qué hacer con ellos que no pueden curar su déficit de alimentos con agricultura ecológica, que no poseen siquiera un agrosistema para nutrirse, conservándolo? Un estudio de la Contraloría General de la República, publicado en la revista Economía Colombiana de febrero de 2001, es, por todas estas razones, concluyente: » Aunque la agricultura ecológica aparece como una opción ideal desde el punto de vista ambiental, la realidad demanda la promoción de otro tipo de tecnologías que fortalezcan el sector agrícola». (CNGR, 2001)

Soberanía Alimentaría

En los últimos tiempos ha venido quedando claro que si una nación quiere alimentar de modo constante y efectivo a sus habitantes tiene que adelantar una política agropecuaria propia y autónoma. A escala mundial ha venido fortaleciéndose una nueva posición para combatir el hambre y asegurar los alimentos a la población la cual sustenta la seguridad alimentaría de las personas en la soberanía alimentaría de las naciones. Define que » la soberanía alimentaría es el derecho de cada nación y de sus gentes a mantener y desarrollar su propia capacidad de producir los alimentos básicos con la correspondiente diversidad productiva y cultural». La soberanía alimentaría es la condición previa de una auténtica seguridad alimentaría.( ONG´s- CMA, 2002)

Los estudios de casos desarrollados por John Madeley sobre las repercusiones de la liberación del comercio en 39 países, examinan la forma en que el dumping de productos básicos agrícolas a costos inferiores a los de producción ha provocado la quiebra de millones de agricultores de los países en desarrollo y sugiere que «no sería poco razonable calcular una cifra de al menos diez millones de puestos de trabajos perdidos en países en desarrollo». Así la teoría de los «alimentos baratos» que benefician a los consumidores termina siendo un sofisma en tanto muchos de esos consumidores pertenecen a familias agrícolas expulsadas de la tierra por culpa de las propias importaciones.(ONG´s – CMA, 2001)

Y esas importaciones masivas y cada vez más cuantiosas, cuyo líder es los Estados Unidos, son la consecuencia, como ya se dijo, de una política de subsidios estatales que fomenta los excedentes para perpetuar una prosperidad comercial que ostenta desde hace más de cincuenta años. Entre 1996 y 2000 los precios de la explotación pagados por las empresas agrícolas por el maíz bajaron un 33%, los del trigo un 42, los de la soja un 34 y los del arroz un 42. Esos precios, ligados a los subsidios por hectárea y a los abundantes créditos para la exportación, terminaron ordenando el mercado mundial a su medida y sólo pueden explicarse por las decenas de miles de millones de dólares del tesoro norteamericano entregados a su agricultura. Vale siempre recordar la frase de William Faulkner en 1938: » Ya no cultivamos en los campos algodoneros de Mississipi, ahora lo hacemos en los corredores y en las salas del Congreso en Washington» (Tindall y Shi, 1995)

Y una actualización de esa frase es la ya muy conocida, pronunciada por George W. Bush, el 27 de julio de 2.001, «es importante para nuestra nación construir: cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura norteamericana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional».(ONG´s- CMA, 2002)

Coincido plenamente con George W. Bush. Esa congruencia se remonta a que el problema de la seguridad alimentaría es, en último lugar, el problema de cómo una nación construye una agricultura propia, poderosa y sostenible a todo costo y a costa de todo, porque en esa empresa va de por medio la existencia e independencia de esa nación.

La Evidencia Latinoamericana en la ultima década

El caso colombiano puede servir de buena evidencia para resaltar, por ejemplo negativo. Se puede aseverar que el principal resultado de las tragedias de la profunda crisis agraria nacional no está sólo en la reducción del área de siembra, ni en la pérdida de 200.000 empleos, ni en el estancamiento del volumen de la producción sino que, en los alimentos básicos, el país ha perdido en términos de la dotación a cada habitante. Esa dotación en 1990 era así: 58.79 kilos de arroz, 33.7 kilos de maíz, 6,45 kilos de soja y 2.91 kilos de trigo, para mencionar apenas los más importantes. Para 2000 esas relaciones habían cambiado a: 54. 1 kilos de arroz, 27,96 kilos de maíz, 0,9 de soja y uno de trigo. En general, en los cultivos transitorios, la dotación por habitante disminuyó en un 20%. No sería aventurado concluir que dos de cada tres colombianos nacidos en Colombia, entre 1990 y 2000, si es que lograron conservar la dieta, se alimentan con géneros importados.

Los que sí han crecido son los permanentes tropicales. El ñame, la caña panelera, la palma africana, la caña de azúcar y el banano. A los neoliberales criollos esto les parece una hazaña y hasta se vanaglorian de ella. Un ex ministro de Hacienda ha llenado recientemente varias cuartillas ensalzando lo ocurrido. Y algunos de sus cofrades lo han secundado en el empeño y hasta se habla de ciertos volúmenes próximos a salir editados que ratifican lo acaecido como un éxito en crecimiento y desarrollo y también se proponen leyes coincidentes que elevarían el estropicio a norma constitucional. (Suárez, 2002)

Precisamente, embriagados en su neoliberalismo, olvidan razones que cualquier colombiano esgrimiría frente al desastre alimentario ocurrido y que está por agravarse si no se corrige el rumbo. En primer lugar, nadie que haya estudiado con seriedad la crisis del café puede ignorar que su caso es el típico de los productos tropicales cuya demanda es menor que la oferta y, por consiguiente, los precios caen en picada. Igual ocurre con el azúcar y, con la muy promocionada por estos tiempos, palma africana, todos están supeditados a la evolución del comercio. Esta última, cuyo mercado global es manejado casi por las mismas multinacionales de la industria cafetera, también viene en el mismo proceso de cotizaciones a la baja. En una región americana, en el Estado de Chiapas en México, donde se dio la mayor expansión de dicho cultivo en ese país, ya los indígenas seducidos a cambiar el maíz por esta palma aceitera se quejan de » estar a merced de la voracidad de los compradores, que son los dueños de las plantas extractoras, que pagan lo que quieren por tonelada».

México también ha ingresado, desde el TLC, al grupo de grandes importadores de alimentos. Entre 1997 y 2001 ha comprado en el exterior 50 millones de toneladas de granos básicos. Ya depende en un 50% en arroz, un 40% en carne y un 20% en leche. Dos tercios de los veinticinco millones de habitantes rurales están en la pobreza y se desplazan 500.000 personas al año, más que las atribuidas al conflicto en Colombia. En Uruguay y Argentina, otrora «graneros del mundo», se habla que el 80% de los agricultores de Mercosur ya no son viables. En Argentina se han abandonado 114 mil explotaciones agropecuarias con una superficie de 10 millones de hectáreas. En Bolivia, el Plan Dignidad, de sustitución de cultivos ilícitos por mango, café y yuca, ha fracasado. (Quintana, 2002). Cuando se observan todas esas modificaciones en contra de la seguridad alimentaría de los pueblos latinos y se sabe que las exportaciones norteamericanas de granos, trigo y arroz crecen sin cesar, se entiende por qué se encuentra tanta similitud entre lo que está pasando con lo que pasó en África, cuando, desde 1920, se estableció a su antojo el colonialismo europeo. Sólo una acción de resistencia a ese nuevo orden mundial alimentario podrá detener la destrucción de estos sectores agrícolas, como acaeció allá y, con ello, la pérdida absoluta de nuestra seguridad alimentaría. No se vislumbra otro camino posible para evitarlo que el pleno ejercicio de la soberanía alimentaría de las naciones. No es asunto local ni regional, es cuestión del orden nacional.

Perspectivas y conclusiones

Los estudios de la FAO en las perspectivas globales de la alimentación y la agricultura también parten del hambre como causa principal de la pobreza. Sin embargo, en números absolutos, los seres humanos que viven en esa condición son casi los mismos que en 1990. Son más de 1.130 millones y ese organismo, al definir la desnutrición como un elemento fundamental de la pobreza, define que el crecimiento de la agricultura juega un papel clave para enfrentar el conjunto del problema. Entendiendo, desde luego, que la distribución equitativa de los frutos de ese crecimiento es condición necesaria para que dicha agricultura redunde en bien de la lucha contra el hambre.

Y la FAO, en el documento «Agricultura Mundial: hacia los años 2015/ 2030», al evaluar los obstáculos que hay que remover en los objetivos mundiales para esa lucha, no vacila en señalar primero «el aumento en los déficits comerciales agropecuarios en los países en desarrollo». Y, como ratificando todo lo que en este escrito se ha afirmado, subraya que las distorsiones comerciales inducidas en los países de la OCDE, que se manifiestan en apoyo estatal a sus agricultores, el que para el año 2000 alcanzó para ese grupo 327.000 millones de dólares, «mantienen a bajo nivel los precios mundiales de los productos y, por tanto, impiden el desarrollo de la agricultura, especialmente en los países en desarrollo, en los que se dispone de menor apoyo gubernamental». Es la FAO, de manera oficial, quien remarca como punto principal de la crisis alimentaría el nuevo orden del comercio global. Y también es pertinente observar que en las falsas prédicas de libre comercio se introduce un sesgo por dirigir la agricultura de los trópicos hacia productos agrícolas que no son alimentos básicos y que sólo pueden cultivarse en esas condiciones ecológicas. Así, mientras el arancel en la Unión Europea es del 215% para la carne de bovino congelada, para la piña es apenas del 6%. Hasta en las promocionadas ventajas arancelarias se crean los «estímulos» para especializar a los países en desarrollo en detrimento de la producción de los alimentos básicos. ( FAO, 2002)

Lo más grave está por venir. Quienes pregonan que la solución es más apertura deben saber que los cálculos sobre una eventual plena liberalización del comercio agrícola arrojan que, de 160.000 millones de dólares en los que podrían aumentar los ingresos internacionales, 121.000 se quedarían de nuevo en las economías más fuertes. Al final, los países en desarrollo serían cada vez más importadores netos de productos agropecuarios, concluye la FAO.

En ese escenario, como el que se tratará de imponer en América con el Área de Libre Comercio, ALCA, se intensificará la concentración de los procesos y los mercados del sector agropecuario. Las multinacionales, como Cargill/ Monsanto , Novartis/ ADM, Philip Morris y ConAgra, que controlan, respectivamente, el 80% del mercado mundial de semillas, el 75% del mercado de agroquímicos, el primer lugar mundial en la elaboración de alimentos y la mayor porción del mercado de harina de América del Norte, seguirán en su expansión desenfrenada. ( FAO, 2002).

En una mirada general, en un futuro de apertura y más neoliberalismo, se avizora que, si bien se habla de alimentos de más calidad, también ellos serán más caros, que para el 2030 serán necesarias mil millones de toneladas más de cereales y las importaciones de estos productos pasarían de 103 millones de toneladas a 265, que el incremento vendrá de crecimientos en la productividad y no en la extensión de las fronteras agrícolas, aunque los países en desarrollo requerirán 120 millones de hectáreas más para cultivos, las cuales no contarán todas con irrigación suficiente. Dentro de esos nuevos procesos se destacan los de los productos lácteos y ganaderos cuyos métodos intensivos de carácter industrial representarán una amenaza para 675 millones de campesinos pobres que viven del ganado.

En cultivos principales como el trigo la tendencia es al aumento de las importaciones que pasarán de 72 millones de toneladas a 160. En arroz se prevé un moderado crecimiento del consumo per cápita, y, a pesar de que los cereales secundarios como maíz, sorgo, cebada y avena, entre otros, se utilizan en mayor proporción para piensos, su consumo humano es alto en los países pobres y su desarrollo irá de la mano con el de los sectores pecuarios. Entre los cultivos de oleaginosas, como ya se nombró, destaca el avance de la palma africana que tiende a sobre ofrecerse. Los tubérculos y el plátano, así mismo, seguirán contando en la dieta alimentaría de los países más pobres.

No obstante, una revisión de los flujos de comercio de comida en el 2000, según la OMC, muestra algo que vale destacar: de los 442.000 millones de dólares que sumó el comercio mundial de comida, algo más del 60% se transó entre la Unión Europea, Norteamérica y el Japón; esto es, entre los países de la OCDE. Aquí cabe preguntar: ¿ Por qué se insiste, entonces, en la imposición de la disminución de los aranceles a los países más pobres cuando su participación en ese comercio es casi marginal y la protección a sus sectores agropecuarios no incidiría en la definición de los precios? Parece que nos encontramos frente a decisiones de carácter político más que de contenido económico. (OMC, 2002)

Esa conclusión, surgida de todos los elementos de análisis de la realidad y de las perspectivas derivadas del acrecentamiento de la globalización, no puede conducir a una síntesis distinta a la de que, de todas las políticas públicas y propuestas en torno a la seguridad alimentaría, la única que puede garantizar la seguridad alimentaría a los habitantes de los países del mundo que en el presente la tienen perdida o seriamente amenazada, como Colombia, es la de la soberanía alimentaría.

Sólo con ella se garantizan ingresos estables y sostenibles a quienes viven de las actividades agrícolas y pecuarias, se contribuye, de verdad, al fortalecimiento de los mercados internos y cumple el Estado con garantizar que a su pueblo le llegará la comida pase lo que pase. Sólo con el pleno ejercicio del derecho a la soberanía alimentaría, libre de las imposiciones de los flujos del comercio internacional, los países podrán impulsar las áreas científicas y tecnológicas que la soporten. Así como los Estados Unidos la desarrollan a pérdida, los efectos son mucho mayores, son de la índole propia de una nación que quiera funcionar como tal. Trasciende hasta los importantes linderos del hambre. Es mucho más que los campesinos produzcan su comida, renunciando al mercado nacional. El país no puede transitar los peligrosos caminos en los que puede llegar a ser extorsionado por las potencias al carecer de comida.

Ellas también lo entienden. No sólo por la cita ya referida de George W. Bush sino por esta otra de Lester Thurow: «Ningún gobierno firmará un acuerdo que obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de la agricultura». Y, citando al actual senador Jorge Enrique Robledo, al comentar tal afirmación, vinculándola con la realidad colombiana, vale repetir: «Uno pensaría que el profesor Thurow no conoció a ninguno de nuestros últimos gobernantes, él estaba hablando de los países serios de la tierra, donde el agro se defiende a muerte, así genere ineficiencias». (Robledo, 2002)

Para terminar reiterando lo expuesto y, sobre todo la relación entre hambre, agricultura, seguridad alimentaría y desnutrición, nada mejor que esta frase de Cicerón a su hijo Marcos: «De todas las cosas de las que se obtiene alguna ganancia, no hay nada mejor, ni más provechoso, ni que proporcione mayor gozo, ni más digno del hombre libre que la agricultura». De ella se colige que renunciar al trabajo agrícola no sólo trae inanición sino esclavitud.

Bibliografía

Bejarano J., (1998) , Economía de la Agricultura, TM Editores.

Contraloría General de la República, CNGR., «La agricultura orgánica no parece viable en Colombia», en Revista Economía Colombiana, febrero de 2001, Rodríguez Liliana. La Tarde., » Sin Pan Nuestro de Cada Día» , Domingo 20 de octubre 2.002, pág. 2A ONU., «Informe Desarrollo Humano, 2.000».

Puyana Alicia., «La Agricultura Colombiana y las Bonanzas Petroleras», en Flacso-México, septiembre de 1.996, vía internet

Quintana Victor., «El Imperio Contra la Agricultura», La Jornada (México), 24 de abril de 2.002, vía internet.

Robledo Jorge., «Causas y Consecuencias de la Crisis Agraria», SEAP, diciembre de 2.001

Robledo Jorge., «Soberania alimentaría», multicopiado 2.002

Suárez Aurelio., en «ALCA: ¿ Un Negocio para todos?», multicopiado julio 2.002

Tindall G., Shi D., «Historia de los Estados Unidos. Tomo II», TM Editores 1.995

USDA., «Estadísticas de la Agricultura de Estados Unidos», abril 2.002, vía internet