La política de soberanía petrolera impulsada por el ejecutivo venezolano, apoyado en reservas cercanas a los 100 mil millones de barriles, contrasta con las acciones privatizadoras aplicadas por anteriores gobiernos. Durante los años 90 del pasado siglo ganó espacio la modalidad de convenios operativos, los cuales escondían en la práctica concesiones petroleras bajo el esquema […]
La política de soberanía petrolera impulsada por el ejecutivo venezolano, apoyado en reservas cercanas a los 100 mil millones de barriles, contrasta con las acciones privatizadoras aplicadas por anteriores gobiernos.
Durante los años 90 del pasado siglo ganó espacio la modalidad de convenios operativos, los cuales escondían en la práctica concesiones petroleras bajo el esquema de contratos de servicios.
Las regulaciones vigentes en ese momento consideraban la posibilidad de negocios de ese tipo que ayudaran a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en sus funciones, sin que ello implicara la adquisición de derechos sobre las reservas de crudo.
Sin embargo, con esa concertación PDVSA entregó a terceros las actividades de prospección y producción, las cuales estaban reservadas por la ley a las empresas del estado.
La justificación de los convenios operativos estaba en que con ese paso se garantizaba la explotación de campos marginales en estado de abandono o inactivos, si bien en su aplicación se llegó al traspaso de yacimientos productivos.
Unido a ello, los negocios en la Faja Petrolífera del Orinoco se concertaron tomando en cuenta la clasificación de bitumen para el crudo extrapesado de esa zona, lo cual significaba un menor precio a la hora de su comercialización.
Esa especie de privatización encubierta se extendió a actividades no esenciales, entre ellas el transporte de crudo, sistemas informáticos, eléctricos y de inyección de gas.
La llegada al poder del presidente Hugo Chávez marcó un viraje en la política del sector, orientada a partir de ese momento por el camino de la plena soberanía petrolera.
La esencia de esa acción responde a la necesidad de llevar los beneficios del oro negro a toda la población, como respaldo a la ejecución de un amplio espectro de programas de carácter social.
Por ello, el ejecutivo impulsó la migración a la figura de empresas mixtas de los antiguos convenios operativos, bajo el principio de que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al estado y son bienes del dominio público.
Además, su funcionamiento ocurre bajo las normativas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se señala que las actividades de exploración y producción de petróleo y gas podrían ser realizadas por «empresas donde tenga el control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del 50 por ciento del capital social».
Desde el punto de vista financiero, con esta iniciativa la economía venezolana logró un ahorro cercano a los 31 mil millones de dólares, los cuales pueden ser reorientados al financiamiento del desarrollo nacional.
Entre los pasos más recientes, a inicios de diciembre PDVSA, mediante su filial Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), concretó el proceso legal para la constitución de las empresas mixtas Petropiar, Petrocedeño, Petrosucre y Petroparia.
De conjunto con las 21 entidades de ese tipo que ya existen, se alcanza una producción diaria superior a los 700 mil barriles en asociación con terceros, añadió PDVSA.
Con estas acciones, la estatal ratificó su disposición de trabajar con los inversionistas privados nacionales e internacionales, manteniendo el control accionario por parte del estado.
Mediante los acuerdos suscritos, CVP dispone del 70 por ciento de la participación en Petropiar (antigua Ameriven) y Chevron el 30 por ciento restante.
Mientras, en el caso de Petrocedeño (antigua Sincor), CVP cuenta con el 60 por ciento, la francesa Total el 30,32 por ciento y la noruega Statoil el 9,67 por ciento.
Respecto a Petrosucre -primer proyecto petrolero costa afuera en el país-, el estado tendrá el 76 por ciento de las acciones, en tanto la italiana ENI dispondrá del 24 por ciento.
En Petroparia, antiguo Golfo de Paria Este, CVP quedó con el 60 por ciento, Sinopec el 32 por ciento e Ine Paria con una participación del ocho por ciento.
Dichos acuerdos se consolidan, luego que representantes de PDVSA y los socios de las empresas petroleras internacionales transitaran por un proceso de negociación que comenzó por la toma del control de las operaciones en la Faja.
Este paso estuvo acompañado de la absorción del personal técnico, obrero y administrativo de los extintos negocios de Asociación y Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
Unido a ello, PDVSA trabaja para disponer en el país de capacidades de producción de una parte importante de los equipos e insumos que requiere en sus operaciones, entre ellos taladros petroleros, bombas sumergibles y tuberías sin costura.
De esa forma, Venezuela garantiza un empleo justo a los multimillonarios ingresos procedentes de la comercialización de petróleo, con un precio racional para los hidrocarburos nacionales y al mismo tiempo sustenta iniciativas solidarias como la de PETROCARIBE.