Socialismo del siglo XXI o socialismo democrático

Dentro del preámbulo de la Constitución de 1999 el pueblo de Venezuela instauró «el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica». Ese enunciado nos indicaba que por primera vez en la historia constitucional venezolana es el pueblo el principal protagonista de la constitución misma del Estado, el cual, durante gran parte de su historia constitucional tan sólo reconocía su propia existencia y relegaba al pueblo a un segundo plano desesperanzador. En una lectura de la Constitución de 1961 vemos, por ejemplo, como el gobierno venezolano se autoproclamaba «democrático, representativo, responsable y alternativo», sin mencionar el papel del pueblo como elemento fundamental para su propia organización y dejando ese privilegio a las cúpulas representativas y demagógicas que tan sólo velaban por sus intereses y desconocían las realidades sociales de la población. Sin embargo, e igualmente, ese mismo enunciado nos indicaba que el pueblo venezolano había adquirido un compromiso único, un compromiso histórico e irreparable, un compromiso universal, un compromiso necesario y deseable y ese compromiso era a crear una sociedad democrática participativa y protagónica.

Ese compromiso suponía un cambio de paradigma en el papel y la acción del rendimiento del Estado y, además, el cambio de rumbo a la adquisición de un conjunto de elementos sociopolíticos con la capacidad de consolidar una serie de valores y elementos humanos idóneos para lograr ese cometido. Si bien, hace ya cinco años se admitía que el camino a seguir no podía desentenderse de la superación de lo colectivo sobre lo individual, en la actualidad el camino aún se recorre, pero el próximo paso es profundizar el proceso revolucionario valiéndose de una marcha premeditada y con carácter democrático y participativo mientras se transita hacia un Estado libre de injusticias y desigualdades económicas y sociales, lugar que significaría el afianzamiento de la sociedad democrática.

Una sociedad democrática es anterior al Estado y al gobierno. La Sociedad democrática construye y limita éstos ámbitos y le otorgan su identidad constitutiva, su capacidad de ejercicio en la gestión pública y las dota de una estructura de valores que es propia de la nación. Las fuerzas sociales en juego son protagonistas de las acciones del Estado, el cual optimiza la efectividad a medida que madura la participación ciudadana. Así mismo, la Sociedad Democrática presupone la existencia de mecanismos políticos idóneos para la autogestión del pueblo venezolano, y así poder crear y desarrollarse según su propia iniciativa. Por otro lado, presupone la necesidad de educar a los ciudadanos para ejercer la ciudadanía y para participar de manera activa y protagónica en la gestión pública del Estado. Este escenario permitirá al hombre integrarse en su comunidad local, nacional e internacional. En una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado Social y Democrático de Derecho y Justicia componen, definen, complementan y dan sentido y función al sistema político, al sistema de gobierno y a las fuerzas sociales que giran en torno de ella, ésta última se valdrá de los diversos tipos de autoridades y reglas públicas y privadas, para modular su propio comportamiento en cada circunstancia en base a los requerimientos de la razón, la justicia, la tolerancia y la solidaridad. Construir la sociedad democrática es llamar a la humanización, a la solidaridad, a la convivencia, al bien común, y la libertad, pero ellas no serían nada sin un sistema económico que permita al pueblo contar con recursos, posibilidades y oportunidades para poder decidir su futuro y disfrutar de libertad real, de calidad de vida y la paz necesarios para alcanzar su proyecto personal en el marco de un proyecto colectivo. No obstante, también es un reto por cuanto cada ciudadano venezolano es partícipe de éste compromiso día a día.

El Estado, como expresión política del pueblo, no debe desconocer el interés fundamental que caracteriza su origen e identidad. De manera incesante, debe actuar y construir el país que se desea no sólo para ésta sino para las futuras generaciones, y crear y fomentar una cultura ciudadana con perseverante sentimiento de colectividad, consenso y respeto a los demás. Los valores y normas que amerita la sociedad democrática le dan al Estado la responsabilidad de edificar esfuerzos por complementar de manera terminante el compromiso del pueblo. Sus esfuerzos deben alcanzar todos los espacios sociales sin irrespetar la Constitución, los derechos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por esa razón no es de sorprender que el sistema económico de la República Bolivariana de Venezuela sea uno de los ámbitos en donde el Estado pone toda su atención, ya que allí se encuentra, en mayor medida, la causa que dificultan el desarrollo de la ciudadanía: las desigualdades e injusticias socioeconómicas; y sus consecuencias: la tergiversación de valores sociales que erosionan la participación activa de la ciudadanía y el desconocimiento de las derechos y deberes ciudadanos para un ejercicio eficaz y responsable de la ciudadanía y, especial, la pobreza y la exclusión de los más desvalidos.

Hoy, ya a cinco años de la Constitución de 1999, el escenario político y social en que fue creada ha cambiado considerablemente. La profundización del proceso revolucionario se hace tema de reflexión propio del Estado actual, así como cuál es la verdadera relación de la Constitución con la Constitución real del pueblo venezolano. Los soportes que se enfocan a la sociedad democrática si bien siguen incólumes, poseen en la actualidad venezolana un carácter social difícil de negar. La inclusión de los venezolanos en el rol del Estado se visualiza, junto con la igualdad social, más que un fin, sino como una conquista democrática. Pero el esquema de las doctrinas neoliberales en que se precisan algunas posturas constitucionales no favorecen la inclusión plena de los venezolanos. Entonces ¿cómo incluir a la sociedad en pleno en un sistema económico qué no protege a los más desvalidos en un proceso de cambio que ha aspirado a construir una sociedad democrática igualitaria, donde lo colectivo no sólo se impone al individualismo, sino también a la competencia que siempre acarrea a ganadores y perdedores cuando lo que se desea es que los ciudadanos se repartan equitativamente los beneficios? El Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia puede ser adecuado a la nueva realidad. El Estado puede asumir ese carácter de hacer imprescindible lo social, sin menoscabo de hacer un quiebre con la tradición económica del país, pero habría que conseguir el punto de equilibrio en donde ambas tendencias converjan sin que ello signifique un paso atrás, sino un gran salto hacia delante.

En su momento algunos países del mundo creyeron que el carácter social necesario estaba circunscrito al socialismo, pero las experiencias vividas hicieron que los dirigentes políticos de estos países intentarán hallar mecanismos alternativos más concientes de la democracia que de la lucha entre clases. La Socialdemocracia y el Socialismo Democrático surgieron entonces como propuestas para el análisis mundial, entre otras. Pero el caso de la Socialdemocracia fue particular, porque su actitud <>, desfigurada con su típica demagogia, negaba el verdadero carácter socialista al integrar en su doctrina al neocapitalismo[1].

La Socialdemocracia se caracterizó por el intento de armonizar los principios y preocupaciones socialistas (socialización, estatismo, colectivismo) con los del sistema democrático liberal. Vino a constituir, dentro de la historia del socialismo, una oposición al comunismo, es decir, al socialismo de tipo totalitario y dominador por el dogmatismo marxista[2]. Sus características la han hecho confundir con la Democracia Social, sin embargo ésta última se caracterizó porque alude a la aplicación del principio democrático de la participación a grupos sociales distintos del Estado, singularmente a las empresas (consejos obreros, comités de fábrica, cogestión o autogestión). Este movimiento incluyó en las preocupaciones del socialismo moderno: el afán de justicia social, generalmente confundida con el estatismo y colectivismo, y el de libertad e igual económicas, como continuación de la Revolución Francesa, sin negar las libertades e igualdad formales de ésta. La Socialdemocracia busca, pues, una democracia formal completada con el fin social.

En Venezuela la Socialdemocracia se manifestó con la sobrecarga de demandas al Estado, cuyo origen se relacionó al traslado permanente de la titularidad de los derechos sociales, así como de la responsabilidad en su suministro, a espacios políticos representativos de la Sociedad Civil, quienes no ejercían sus funciones en cuanto a que priorizaron las demandas sociales individuales sobre las colectivas hasta derribar los principios más humanos vinculados a la justicia social. Esto provocó la crisis de legitimidad y gobernabilidad que vivió el país, sin contar con el ensanchamiento de la fractura de las diferencias entre las clases sociales. Aunado a ello, la socialdemocracia necesitó para su propia sobrevivencia fórmulas neoliberales en su mercado, además, propició una cultura democrática representativa que se apartó de la sociedad y dejó a la deriva a millones de seres humanos en el mar de la pobreza y la miseria.

La experiencia de la socialdemocracia en Venezuela fue nefasta. La constitución de 1961 terminó por ser un manifiesto propio de las élites políticas y no del pueblo. Una vez concebida la Constitución de 1999, la situación cambió y aunque se privilegió el papel del pueblo aún permanece latente más que nunca la necesidad de construir una sociedad democrática plena. El carácter social de la República Bolivariana de Venezuela es patente y no parece inapropiado creer que es válido ampliar esa concepción social sin dejar de lado los valores democráticos y justicia.

Tras el fracaso de la socialdemocracia, los teóricos del noreste europeo concibieron un nuevo enfoque capaz de establecer un equilibrio más preciso entre el papel del Estado y la Justicia Social. El Socialismo Democrático apareció en Europa desde hacía ya mucho, pero su verdadera importancia y cristalización fue propia de los años finales del siglo pasado. Los orígenes del Socialismo Democrático se remontan a los finales del siglo XVIII, cuando el Estado de Solidaridad comenzaba a repercutir por Europa como un cuerpo de pensamiento opuesto al individualismo, en defecto del colectivismo, presente en la gestión pública de aquellos Estados en desarrollo y, también, opuesto a los principios capitalistas y liberales propios de la revolución industrial inglesa y el Estado Liberal clásico. El Estado de solidaridad se incrustaba, a su vez, en la corriente socialista, la cual buscaba exponer las limitaciones del capitalismo para así humanizarlo o para sustituirlo por otras formas políticas más concientes de las realidades sociales de la época.

Ya en el siglo XX, todas estas reformas se enmarcan en la reconstrucción del Estado del bienestar[3], pero a diferencia de las políticas liberales y, posteriormente, neoliberales que sugieren un sistema de seguridad mínimo, ahora se hacía necesario la construcción de una nueva propuesta política basada en una reforma radical que ha de cubrir aspectos como la educación, la formación, la salud, los mercados y los subsidios de desempleo, incluyendo las pensiones, para que el Estado tenga un papel activo, dinámico correspondiente a las necesidades de implicación en una economía global. Lo cual implica que la política no debe estar encaminada ni a reducir las dimensiones del gobierno ni tampoco a proteger al Estado, sino a reestructurarlo en un «Estado Social Inversor»[4] que requiere un equilibrio entre regulación y desregulación a todos los niveles. En pocas palabras lo que se procuraba era definir una «Tercera Vía» entre el neoliberalismo propio del capitalismo de las potencias y el estatismo propio del Socialismo, es decir, un camino de renovación que persigue adoptar los valores esenciales del centro y de centro-izquierda y aplicarlos a un mundo de cambios económicos y sociales, libre del peso de una ideología obsoleta[5]. No obstante, a medida que esta concepción se desarrollaba nacía otra fórmula doctrinaria mas interesada en tratar de establecer la concepción de la responsabilidad en el individuo y no en el sistema. La nueva doctrina procuraba diseñar e implantar un «Estado Social Inversor», que será el responsable de cultivar y desarrollar los recursos humanos y la infraestructura material necesarios para el mejor despliegue de la cultura empresarial; única medio posible de liberar al hombre.

El Estado Social Inversor no es próximo a lo neoliberal y neocapital, reduce su influencia con respecto a las otras propuestas enramadas en el Socialismo, no obstante, incluso así, ese factor es tan determinante que el Estado Social Inversor (junto con sus doctrinas hermanas) sólo adquieren una verdadera madurez si superan el lastre teórico que significa tratar de demostrar que la Sociedad Democrática no es un elemento funcional del mercado de trabajo o de consumo. Una vez logrado ese cometido, la Sociedad Democrática será vista como un ámbito portador de valores eternos, responsable de contribuir con su adecuado ejercicio -y no sólo como productor y consumidor- a la constante mejora de la realidad social de cuantas unidades de convivencia configuran su vida, y con ello a su plena realización individual.

Este Estado Social Inversor algunos lo han definido como Socialismo Democrático. Según Pablo Lucas Verdú, este tipo de Estado se caracteriza por la intervención reguladora del Estado sin desconocer el predominio de la sociedad civil y las políticas participativas vinculadas al desarrollo comunitario[6]. El mercado adquiere un papel restringido y el Estado adquiere una significativa vocación ecológica. Asimismo, el igualitarismo, el pleno empleo y la búsqueda de sistemas de producción alternativa. El Socialismo Democrático propone una relación novedosa entre lo privado, lo público y lo social; maximiza el rol de las garantías democráticas y la economía mixta y social; y sobrepone al Estado Social y Democrático de Derecho y Justicia como una brecha hacia la igualdad social, una economía humanizada y solidaria, que concibe nuevos medios de producción interrelacionados a la Economía Social y redefine la función social de la propiedad.

A nivel mundial y como producto de la globalización, existen nuevos calificativos para denominar al Socialismo Democrático y sus características en común nos permiten vislumbrar que cada uno coloca los derechos sociales y en consecuencia, la concepción de justicia social en el punto de mira.

En Venezuela en los últimos años el Socialismo Democrático ha gozado de interés por muchos estudiosos, más aún, cuando en el sistema político-social venezolano existen elementos «socializables», consecuencias de la crisis del modelo económico estatal de corte neoliberal. Estos elementos socializables son tan propios, distintivos y personales del Estado venezolano que muchos han creído conveniente en crear un tipo de fórmula social única para el sistema político venezolano. En ese sentido se ha hablado del Socialismo del Siglo XXI o Socialismo de lo Pequeño[7], tesis en construcción y que pretende dotar a Venezuela de una identidad y experiencia socialista sin comparación a nivel mundial.

El Socialismo del Siglo XXI corrige las hendiduras del Socialismo Democrático, pero al hacerlo cede ante los elementos socializables del Estado venezolano. En ese sentido, se diferencia de aquella en que incluye la reconcentración de la administración pública, apoya el sistema presidencial, crea políticas que brindan un sinfín de oportunidades laborales y educacionales, sitúa la calidad de vida como un punto de interés estatal para alcanzar el igualitarismo social, posee altos valores ecológicos, concibe la cooperación internacional como una táctica fundamental para el desarrollo económico y le da un carácter prioritario a las iniciativas dirigidas a la participación y el protagonismo de la ciudadanía en la gestión pública, lo cual, coadyuva la conformación de una sólida sociedad democrática y, finalmente, no obliga al Estado a maniobrar en un margen muy estrecho siempre y cuando se parta de actividades conforme a la ley y a la constitución[8]. El Socialismo del siglo XXI parte de las características de cada pueblo, de cada sitio y suma, además, el ideario de Simón Bolívar para marcar el camino ideológico para una nueva Sociedad Democrática en Venezuela.

Tanto el Socialismo del Siglo XXI como el Socialismo Democrático desarrollan grandes posibilidades para el Estado en lo que se refiere a controlar y reducir la inseguridad, la incertidumbre y la desorientación en que se haya el ser humano bajo un sistema político neocapitalista y neoliberal. Esto conduce a la idea que estas doctrinas, como en efecto lo es, estructuran una nueva metodología de la gestión pública apoyándose en una modalidad del ejercicio democrático del poder público que debe construir en función de sus realidades reales o socializables. El resultado de estas acciones indica el avance a una Sociedad Democrática más consolidada, definida e identificada con su papel ciudadano y capaz de poner coto a las arbitrariedades del poder.

El Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia creado, usará las fórmulas de economía concertada para enfrentar y acometer contra los avances liberales de las fuerzas sociales imperialistas, las cuales terminarán donde comienza el control, participación y protagonismo de las clases populares en los asuntos económicos y de mercado de su comunidad. Asimismo, este Estado comprometido con lo social, complementa las conquistas democráticas y sociales con la expansión de programas a largo plazo de salud y educación, los cuales son diseñados con objeto a la desconcentración, planificación, colectivización, localización y cualificación propuestos por el plan nacional que los incorpora.

La Sociedad Democrática no evoluciona en un sistema de economía de mercado libre y sin control. El Estado deberá intervenir en la precisa medida en que no se debiliten o constriñan los principios y derechos humanos, es especial, la libertad. El papel del Estado Social se vislumbra ahora como una institución con intereses constructivos de sociedad y no como una institución con intereses tecnocráticos y clasistas, es decir, el Estado impone la ley, pero no constriñe las libertades de los individuos y procrea iniciativas políticas y sociales dirigidas al consolidar una cultura cívica, solidaria e igualitarista.

Finalmente, a continuación veremos de manera resumida un cuadro comparativo de las diferencias económicas que caracterizan los tipos de socialismos vistos hasta ahora….