Sólidas razones socialdemócratas

Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias.

Anagrama, Barcelona, 2006, 307 páginas.

Vicenç Navarro analiza en su nueva publicación las causas del subdesarrollo social español mostrando los déficits del Estado de bienestar y sus causas próximas y remotas. En conjunto, sus análisis y propuestas, como ya hiciera en Bienestar insuficiente, democracia incompleta, constituirían la base de una política socialdemócrata no meramente nominal o publicitaria (Baste pensar en las características de la anunciada reforma fiscal para percibir la distancia entre lo aquí defendido y la práctica seguida efectivamente por el partido en el gobierno).

No hay diferencia sustantiva, por lo demás, entre los datos esgrimidos por el autor a lo largo de sus páginas y los obtenidos muy recientemente. Por referirnos concretamente a la educación en Catalunya: un informe de 2006 de la Fundació Jaume Bofill muestra que el gasto en educación en Catalunya representa el 2,8% del PIB (el territorio europeo con menor inversión en educación pública), que la media española se sitúa en el 4,4%, mientras que la europea lo hace en el 5,2% (Dinamarca, por ejemplo, se sitúa en el 8,5%, el triple que Catalunya, y casi el doble que España). El estudio de la Fundación muestra, además, que el fracaso escolar en la red pública (35,1%) es mucho mayor -unos 18 puntos de diferencia- que en la concertada (17,3%), y que el porcentaje de alumnos que obtienen el título de bachiller en el sector privado es 15 puntos superior al de los centros públicos. No es necesario decirlo pero digámoslo una vez más: es la red pública la que asume la escolarización de los alumnos de familias que han emigrado recientemente (84,4%), al igual que los jóvenes de familias con menor nivel sociocultural y poder adquisitivo.

El ensayo de Navarro que, como señalaba Oriol Bohigas, puede leerse, se lee, como un mitin sólido y razonablemente apasionado, envuelto en numerosos datos y argumentaciones, al igual que sus artículos de prensa, algunos de los cuales han sido incorporados al volumen, consta de una Introducción -«El porqué de este libro»- y cuatro secciones: «La situación social de España»; «las causas históricas del subdesarrollo social de España»; «las causas del crecimiento de la pobreza y el de las desigualdades a nivel mundial. El neoliberalismo.» y, finalmente, «Posible alternativas». Un breve epílogo -«Un nuevo ruego al lector» – cierra el volumen.

El doctor Navarro distingue perfectamente entre descripción de la situación y el carácter normativo de sus propuestas. No estoy en condiciones, ni éste el marco adecuado, para discutir punto por punto los datos ofrecidos, pero no parece enfocada una crítica que acuse a Navarro de confundir planos o de pedir peras a un olmo seco. No es de recibo por ello señalar, como la hecho Fernando Eguidazu («El Estado de bienestar y sus campeones», Revista de Libros, nº 113, 2006, pp. 24-28), que aunque el gasto público español es inferior a la media europea también lo es nuestra renta per cápita (que se sitúa en el 90% de esa media), cuando Navarro muestra que países con menor renta que la española dedican proporcionalmente más recursos a gastos sociales, o que la sugerencia de que la clases dirigentes masivamente lleven sus hijos a las escuelas privadas y usen la medicina privada, despreocupándose por ello de la situación del Estado de bienestar, sea «un argumento retorcido». Tampoco se entiende que se presente la afirmación de que España debe alcanzar la media europea de gasto social como una opinión política y «que es una opinión cargada de subjetividad ideológica hablar del «subdesarrollo»· de nuestro Estado de Bienestar». Claro está, qué duda cabe. ¿Dónde está el problema? ¿Acaso Navarro no presenta nítidamente como opción política lo que, efectivamente, no es sino una opción política entre otras que, sin duda, no puede inferirse, sin más consideraciones, de los datos presentados?

Sea como sea, algunas afirmaciones presentadas por Navarro para avalar su diagnóstico pueden interesar al lector:

1. El porcentaje de la población española que trabaja en los servicios del Estado de bienestar se sitúa en España en el 6%; en el 11% de promedio en la UE-15 y en el 17% en Suecia, el país europeo con los servicios más desarrollados.

2. El déficit de gasto social por habitante en España con respecto al promedio de la UE (valor que resulta de sustraer ese gasto en España en 1993 del valor del promedio de la UE-15) era ese mismo año 1993 de 1.508 unidades de poder de compra (upc); esta diferencia aumentó a 2.383,4 upc en 2002, un 58% por habitante (p. 43).

3. Si sólo un 8% de los niños españoles de 0 a 3 años asisten a escuelas públicas de infancia en España, el más bajo de la UE-15, ese porcentaje se eleva a un 40% en el caso de Suecia (con escuelas abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche) y al 44% en Dinamarca. En Portugal, un país con menos renta que la española, ese porcentaje es del 12% (p. 83).

4. Las prestaciones de supervivencia que incluyen las pensiones de viudedad y de orfandad también son las más bajas de la UE-15. El gasto en estas prestaciones fue en el año 2002 de 121,3 upc; por el contrario, fue de 315,4 en la UE-15. El déficit se ha incrementado en la década de los noventa: de 107,3 en 1993 a 194,1 en 2002 (p. 95).

5. El 34% de las mujeres y el 30% de los hombres tenían contratos precarios en España en 2001; 12, 2% y 10,5%, en cambio, en la OCDE. El porcentaje entre los jóvenes se situaba en el 67%;en los países de la OCDE, en el 25% (p. 107)

6. Un ciudadano catalán de clase burguesa vive unos 10 años más que un trabajador catalán no cualificado, una de las diferencias de mortalidad de clase más elevadas en la UE-15 (p. 215).

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¿De dónde esta situación que el autor denomina de «subdesarrollo social»? Navarro apunta algunas de las causas más relevantes: el poder de las clases conservadoras españolas (el carácter totalitario y represivo de la dictadura franquista como ejemplo destacado, con interesantes discusiones con Malefakis o con los intentos de revisión en la comprensión del franquismo y los planes de desarrollo de Estapé), el carácter nada modélico de la denominada «transición política» española y el actual conservadurismo imperante con la presencia destacada en este punto de la Iglesia católica y de los gobiernos Aznar.

Sorprende en todo caso que un ensayista tan atento e informado como Navarro afirme, de forma secundaria, tesis dadas por válidas, y tan discutibles, en cambio como las siguientes:

1. Al hablar del papel de Suárez en la nada modélica transición española, señala el doctor Navarro: «Así como Yeltsin, dirigente del Partido Comunista, jugó un papel clave en el desmoronamiento del régimen correctamente calificado de comunista, Suárez, jefe del Movimiento Nacional, jugó un papel clave en la transformación y la transición del RDE» (p. 138). ¿Y por qué es correcto calificar de «comunista» el sistema sociopolítico imperante en la URSS antes de su desmoronamiento? ¿Cree Navarro que el papel histórico de Yeltsin fue positivo?

2. Curiosamente en el apartado crítico al modelo de transición no hay ninguna crítica a la actuación de las fuerzas dirigentes en la izquierda de aquellos años ni, por ejemplo, a la actuación de un primer gobierno PSOE que contribuyó, entre otras conquistas destacadas, a una de las mayores manipulaciones políticas de la historia española reciente.

3. Sorprende igualmente la novedad de algunas de las preguntas y comentarios vertidos por Navarro en el apartado dedicado a la renta básica (pp. 112-119): todas ellas han sido discutidas y contestadas hace ya tiempo por los partidarios y teóricos de esta propuesta.

4. No hay tampoco en el ensayo ninguna propuesta, acaso necesaria en todo planteamiento de transformación social, que mine las bases despóticas internas del poder empresarial. El Estado, en la concepción aquí defendida, se limita a redistribuir rentas pero, en principio, no parece postularse una intervención que corrija la permanente y creciente agresión que se realiza a derechos básicos de los trabajadores en centros de producción. El Estado debe controlar y dulcificar los efectos de la ignominia pero no parece que deba hacer nada por eliminarla. El modelo que parece subyacer: un capitalismo controlado con aristas sociales de envergadura, que sin duda no es poco pero que es eso.

Hay un punto que, finalmente, debería señalarse, y que no veo en principio descalificable porque pueda coincidir en la música de fondo con instancias neoliberales o acomodaticias: a la importancia social del gasto público hay que sumar «la eficacia» del mismo, el evitar gastos de funcionamiento innecesarios que disminuyen la partida de ayuda, que creen, además, una clase social media beneficiada del instrumento institucional, y sobre todo, y especialmente, la necesidad de un control ciudadano de comportamientos y actitudes. De poco sirve, aunque sirva, incrementar dotaciones en la sanidad, en la educación o en la justicia si luego médicos, enfermeros, profesores, maestros, jueces, catedráticos de Universidad, se sienten justificados para actuar de la peor forma en la que puede actuar un funcionario, un servidor público: creyéndose con mando en plaza, sin apenas cumplimiento, al que nadie chilla ni critica y donde, en cambio, él puede desatender o maltratar verbalmente sin ningún pudor ni ningún control. Las experiencias conocidas en el trato (también discriminatorio) dispensado a ciudadanos, sobre todo pobres o con poca formación, al acudir a la sanidad pública, más allá de nervios o acumulación de tareas del personal sanitario, es, por ejemplo, absolutamente injustificable; la actitud de algunos enseñantes de alto topete tres cuartos de lo mismo.

No sólo, pues, una mayor dotación pueden facilitar una disolución de este atropello; el control, la crítica ciudadana es esencial. A eso, en tiempos, se le llamaba intervención cultural, hegemonía social, poder de clase, resistencia.