El mundo es de todos, pero… la mujer no tiene derecho al espacio público, cambia de caminos, de transporte y no consigue escapar de los agresores. ¿Hasta cuándo?
Hace unos días, una mujer de 23 años fue abusada sexualmente en un autobús que pasaba por la Avenida Paulista. Diego Ferreira de Novais, de 27 años, eyaculó en su cuello mientras dormía en el asiento. Poco a poco, y denunciado por una delegada por violencia sexual, él ganó el derecho de responder en libertad a pesar de ser acusado de otras violaciones. Hasta ahora ya han surgido 17 casos, pero nadie duda que el número pueda seguir creciendo – en un acta policial de junio de este año el jefe de la policía afirmó «no va a parar».
Dos días antes de que apareciera, la escritora Clara Averbuck regresaba a casa sola el domingo por la noche (27/08) después de haber bebido con amigos: dijo haber sido violada por el conductor de un Uber. Según el relato que la escritora hizo en sus redes sociales, en el momento en que él la «ayudaba» a salir del coche colocó la mano dentro de su falda e introdujo el dedo en su vagina. Como se siente violada por ser mujer y ser vulnerable, ella decidió no ir a una comisaría para hacer la denuncia, no confía en el sistema.
La escritora publicó el caso en las redes sociales. La historia fue ampliamente compartida y generó la campaña #MeuMotoristaAbusador para que otras mujeres denuncien la violencia sufrida en el transporte privado. En varios relatos, las víctimas asumieron el miedo a registrar los casos, así como Clara, tanto por la restricción ante las autoridades, como por temer una nueva agresión por parte del acusado, que a menudo tiene la dirección de la casa o del trabajo de la víctima. La solución acaba siendo llevar objetos cortantes en la bolsa, enviar a amigos o familiares los datos del coche y del conductor o incluso abrir la puerta y saltar del vehículo en movimiento a la hora de la desesperación.
Una historia que se repite
Como ocurre sistemáticamente, las víctimas son tratadas por parte de la sociedad como responsables del propio abuso, ya sea por estar borrachas después de una fiesta por haber dormido en el autobús. Tanto la justicia como la población tuvieron dificultades para entender lo que ocurrió como una violación.
Para José Eugenio del Amaral Souza Neto, el juez que liberó al abusador del autobús, el hombre no cometió un crimen, sólo una «molestia ofensiva al pudor» porque no hubo violencia física. «Fue liberado en una audiencia de custodia, que es una lucha de los movimientos sociales por dejar de encerrar, pero que termina siendo usada para soltar un violador sexual. El sistema es selectivo. ¿Quién es victimario y quién es víctima? ¿A quién protege la justicia? La mujer es siempre sospechosa por esa mirada tutelar del derecho», dice Ana Gabriela Braga, doctora y magíster en Derecho Penal y Criminología, y profesora de la UNESP. La decisión refleja el pensamiento de que el espacio público es del hombre; no hay diferencia si él eyaculó en el cuerpo de una mujer o en la pared del autobús.
Los casos no son excepciones y eso fue comprobado a lo largo de la semana con la divulgación por los medios de historias similares, no sólo en São Paulo sino en todo el país. «El precedente es pésimo para enfrentar la violencia de género. Primero, porque desalienta a otras mujeres a denunciar a sus agresores, pues muestra que no siempre cuando una denuncia es tomada en serio; porque pasa el mensaje a todos los hombres que hacen, han hecho o pretenden hacer que salgan impunes», explica la abogada Marina Ganzarolli, una de las creadoras de la Red Feminista de Juristas, que acompaña a mujeres víctimas de violencia.
Según el estudio de los Institutos Fecha Popular y Patrícia Galvão, el 98 por ciento de la población tiene conocimiento de la Ley Maria da Penha, pero la mitad de los entrevistados afirmó creer que el modo en que el sistema de justicia castiga no reduce la violencia contra las mujeres. Es más, el 85 por ciento estima que las mujeres tienen más probabilidades de ser asesinadas si denuncian a sus agresores, aunque la mayoría de la gente cree que es necesario realizar las denuncias.
Además de la Ley Maria da Penha, la ley usada en casos de violencia sexual es la Ley de Dignidad Sexual (12.015 / 2009). Hace ocho años, sufrió una alteración en que los títulos de los crímenes de dignidad sexual dejaron de ser de la esfera privada y pasaron a ser públicos. Desde entonces, violación en Brasil se define como «obligar a alguien, mediante violencia o grave amenaza, a tener conjunción carnal o a practicar o permitir que con él se practique otro acto libidinoso». Cualquier acto sexual como el tacto, el estímulo, la masturbación, el sexo oral, vaginal, anal, en fin, cualquier acto de naturaleza sexual en que una de las partes involucradas fue obligada -de la violencia o la amenaza- a participar sin voluntad es decir, sin su consentimiento.
Así, todo esto pasó a ser juzgado con una pena mínima de seis años de reclusión. Pero, lo que sería una victoria en relación al aumento de la pena, acaba teniendo un efecto contrario porque los jueces tienden a no aplicar la ley por no reconocer ciertas violaciones como estupro. Para Ana Gabriela Braga, el problema está en la interpretación machista y heteronormativa de la ley. «La cuestión no es pedir penas mayores o insistir en un castigo. Hay arbitrariedad entre los operadores de justicia, que incluye a delegados, ministerio público y jueces. Mientras no cambie, el sistema seguirá sosteniendo a los negros y pobres y no protegiendo a las mujeres», dice.
Las mujeres viven con miedo. Y los hombres parecen sentirse con derecho de acosar a su compañera de trabajo ante todo el equipo, de bajarse los pantalones y de masturbarse en el transporte público, de tocar la vagina de una mujer que bebió, de decir «usted es tan fea que merecía ser violada». Las mujeres viven con miedo. Pero la culpa no es tuya si has sufrido una violencia. La culpa no es suya si el sistema no actuó correctamente. La culpa no es suya si él todavía está suelto y perdemos el derecho de ir y venir. No, la culpa no es suya.
«Vivimos en un mundo en que la desigualdad de poder entre hombres y mujeres es inmensa. Nuestra sociedad es machista, racista y heteronormativa. La justicia no es diferente. Y es por eso que, en particular en los crímenes contra la mujer, la denuncia no es sinónimo de justicia», dice Marina Ganzarolli. Para ella, el poder judicial y el proceso penal no se hicieron ni se pensaron desde la perspectiva de la víctima. ¿Qué podemos hacer? «Unirnos y luchar por la aplicación de nuestros derechos, y por la transformación de nuestra educación, para que niños y niñas reciban una educación que no construya masculinidades tan distorsionadas como esa».
Queda la pregunta: ¿cuándo las mujeres, en lugar de elegir los caminos en los que se sienten más seguras, podrán estar seguras de que todos los caminos son seguros?
Gabriela Borges es periodista, coordinadora de medios digitales de Trip Editora (Brasil) y becaria de Cosecha Roja.
Traducción: Cosecha Roja
Fuente (traducción al castellano para Cosecha Roja): http://cosecharoja.org/las-mujeres-somos-libres/
Fuente (original en portugués): http://revistatrip.uol.com.br/tpm/violencia-sexual-estupro-descaso-da-justica-machismo-ate-quando