Viernes 28 de abril, la agencia de calificación de riesgos Fitch rebajó la nota de Francia de AA a AA-, con una perspectiva estable.
Para la agencia «El impasse político y los movimientos sociales (a veces violentos) constituyen un riesgo para el programa de reformas de Emmanuel Macron y podrían presionar a favor de una política presupuestaria más expansionista o a favor de un vuelco de las reformas precedentes» [1].
Los movimientos sociales constituyen un riesgo para el programa de reformas y podrían presionar a favor de una política presupuestaria más expansionista o a favor de un vuelco de las reformas precedentes
La agencia traduce las inquietudes del sistema con respecto a la prosecución de reformas que los movimientos sociales podrían frenar: «Esa decisión dio lugar a manifestaciones y huelgas en todo el país y reforzará probablemente las fuerzas radicales y anti-establishment», prosigue Fitch. Lo que de hecho es una forma de reconocimiento para la fuerza de la movilización ciudadana que continúa desde hace tres meses. Fitch concluye por «unos déficits presupuestarios importantes y unos progresos modestos» concernientes a su reducción, así como «un crecimiento menos fuerte» que el previsto.
Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas, se apresuró en un comunicado a lamentar la «apreciación pesimista» de Fitch que «subestima las consecuencias de las reformas», especialmente, la de las pensiones. El ministro de Finanzas se preocupó enseguida de tranquilizar a los inversores y a los mercados financieros, declarando que el país continuará a «realizar reformas estructurantes», determinado a reducir el déficit público y «reducir la deuda de manera continua».
Dos días antes, el Programa de Estabilidad (PSTAB) 2023-2027 estaba presente en el Consejo de ministros, previendo un «enfriamiento del gasto público», especialmente en las colectividades locales. Se terminó con el «cueste lo que cueste», repitió Bruno Le Maire.
La agencia Moody’s, que debía actualizar su nota el 21 de abril, finalmente no modificó su nota precedente (Aa2, perspectiva estable). Todavía le queda el 2 de junio en la agenda del ministro, ya que la agencia Standard &Poor’s actualizará ese día su nota actual de «AA, perspectiva negativa». Apostemos a que los miembros del gobierno cruzarán los dedos durante este mes y demostrarán un exceso de celo para convencer a los medios financieros de su buena voluntad.
En cuanto a los movimientos sociales, ya les avisaron de que las calificaciones de las agencias están allí para aguijonear a los Estados y presionarlos para que respeten las directivas dictadas por los financieros y, como perspectiva, nuevas curas de austeridad, leitmotiv mágico, bien conocido por las poblaciones.
¿Esta sería una ocasión para cambiar el papel nefasto de las agencias de calificación? ¿Exactamente, qué son las agencias de calificación?
Estas agencias evalúan, de manera pretendidamente independiente, el riesgo de quiebra o de impago de una deuda
Las agencias de calificación financieras (o de riegos) son empresas privadas que analizan la solvencia de una sociedad, de una colectividad o de un Estado, calculando el riesgo de impago a sus potenciales prestamistas. Estas agencias evalúan, de manera pretendidamente independiente, el riesgo de quiebra o de impago de una deuda. Sobre la base de sus evaluaciones, que ponen en forma de notas, informan a los inversores de los riesgos que pueden o no correr concediendo un préstamo a una determinada entidad.
La influencia y la rentabilidad de estas empresas aumentaron con el incremento de demandas por parte de los inversores y de los prestamistas, que son quienes les pagan esos estudios. Estas afirman que solamente emiten una opinión sobre el riesgo en un momento dado. Por lo tanto rechazan cualquier responsabilidad con respecto a las consecuencias de las decisiones tomadas de acuerdo a sus evaluaciones.
Las tres grandes (The Big Three)
Las tres principales agencias de calificación en el mundo, llamadas «The Big Three», (las tres grandes), realizan el 95% del volumen de negocio del sector (Standard & Poor’s, 40 %, Moody’s, 40 % y Fitch, 15 %). Por consiguiente, estas agencias disponen de una influencia importante (y de un poder de daño) sobre las condiciones en que se hacen los empréstitos de Estado.
En 1975, la Securities and Exchange Commission (SEC – el organismo federal estadounidense de reglamentación y control de los mercados financieros) instaura el estatuto NRSRO (Nationnally Recognized Statistical Rating Organisation) autorizando las reglamentaciones financieras que deben utilizar las calificaciones de las agencias como referencia. Ese sello de calidad consolidó la importancia de la calificación y las tres grandes agencias fueron, en principio, las únicas que lo tuvieron. En consecuencia, algunas agencias que obtuvieron ese sello entre 1980 y 1990 fueron absorbidas, así que actualmente las Big Three reinan en solitario. Dagong, la agencia china creada en 1994, comienza recién ahora a hacerse un lugar en los mercados.
Existen evidentes conflictos de interés
Al comienzo, los prestamistas eran los inversores que deseaban, antes de prestar, tener un consejo a propósito de los riesgos que podrían correr con el objeto de calcular el tipo de interés. Cuanto mejor sea la nota acordada por esas agencias más bajo será el tipo de interés que se debe pagar y la correlación es la misma a la inversa. Por lo tanto, el prestador solicitaba informaciones sobre los posibles prestatarios.
Desde los años 1970, sobre todo son los emisores de obligaciones (o sea, títulos de la deuda emitidos ya sea por empresas privadas sea por poderes públicos) que devinieron los demandantes de calificación (las empresas piden en principio a dos agencias). Ahora los prestamistas dependen de estas agencias, ya que sin la nota los inversores no correrán el riesgo de comprar una obligación o, en la duda, aplicarán un tipo de interés elevado.
Las agencias son actualmente remuneradas principalmente por las mismas entidades que califican. En consecuencia, la cuestión de su independencia y de la fiabilidad de sus notas puede plantearse seriamente. El riesgo de conflictos de intereses aparece evidente: las agencias tiene interés a que sus clientes tengan buena nota para que continúen emitiendo productos financieros y continúen con la necesidad de ser calificados. Así, la renta está asegurada.
La calificación soberana, es decir, la calificación de deudas emitidas por los Estados tiene menos beneficios que la de las empresas. Los Estados más industrializados no pagan, puesto que juzgaron inútil remunerar a esas agencias y piensan que los inversores conocen su solidez financiera [2]. Eso no impide que la mayor parte de los Estados sean evaluados por las agencias, a veces con graves consecuencias.
Las notas
Esas agencias tienen el papel de potencia incitando a poner en marcha políticas económicas favorables a los acreedores
Las notas de las diferentes agencias van desde AAA, como mejor nota, a D como peor (excepto Moody’s que se queda en C). Se agrega a la nota una «perspectiva»: estable o negativa.
Los primeros análisis de riesgo soberano, independientes de los bancos, comenzaron en 1918 por la agencia Moody’s. Desde entonces, los Estados fueron aumentando la emisión de títulos para ser negociados en los mercados, y por lo tanto las solicitudes de calificación también se fueron incrementando. Moody’s calificaba a 112 países en 2011, Standard &Poor’s a 120.
Para las calificaciones de los Estados, se tienen en cuenta cinco grandes criterios: el PIB por habitante, la estabilidad política e institucional, el nivel de endeudamiento, el respeto por el Estado de sus obligaciones financieras en el pasado, así como la situación geopolítica, o, incluso, la capacidad de un Estado a reducir sus gastos y poner en marcha medidas de austeridad [3]. De acuerdo a la importancia central de sus calificaciones en la economía actual, estas agencias ejercen un rol de potencias, incitando a poner en marcha políticas económicas favorables a los acreedores.
Dos criterios suplementarios tienen en cuenta las agencias, que conciernen a los países del Sur: las reservas de cambio y las remesas (envíos de fondos a su país de origen efectuados por los trabajadores emigrados)
Influencia
Las agencias de calificación se impusieron en forma duradera. sobre todo después de la financiarización de la economía y del estallido de la crisis de la deuda en México, en 1982.
Las autoridades de regulación y los mercados son los que les dieron esa importancia. El estatus oficial, acordado a las grandes agencias por la SEC estadounidense en los años 1970, reforzó esa posición.
Los acuerdos de Basilea [4] utilizan las notas de las agencias para calcular los fondos propios impuestos a los bancos. En los mercados, son numerosos los inversores que exigen un nivel mínimo de calificación para la selección de su cartera. Oficialmente, el BCE presta a los bancos comerciales solamente como intercambio de activos calificados en la categoría de «inversión», o sea, a los que presentan un escaso riesgo.
De crisis en crisis, las agencias son cada vez más criticadas
En la víspera de la bancarrota, en 2008, del banco estadounidense Lehman Brothers todavía su nota era AAA, sin embargo, se cayó como un castillo de naipes
Fiabilidad
Ya en 1929, las agencias de calificación no habían anticipado la crisis. A fines de 2001, mantuvieron una buena calificación al intermediario de energía Enron, hasta cuatro días antes de que quebrara fraudulentamente. La víspera de su quiebra en 2008, el banco estadounidense Lehman Brothers todavía tenía la nota AAA, sin embargo, se cayó como un castillo de naipes.
El 10 de noviembre de 2011, Standard &Poor’s anunció que la nota de la deuda soberana de Francia había bajado, luego publicó un desmentido y reconoció su error.
Independencia
Los conflictos de interés son uno de los principales problemas, particularmente, en los casos de productos estructurados. La agencia de calificación y el creador del producto estructurado (generalmente un banco de inversiones) dialogan con antelación: la agencia participa en la creación del producto y, por lo tanto, es juez y parte [5]. A comienzos de 2008, Moody’s concedió la calificación más alta a unos productos estructurados, que estuvieron en el centro del estallido de la crisis financiera.
Papel en la crisis griega de 2010
En la crisis de la deuda pública griega de 2010, las agencias alimentaron la especulación de los mercados financieros. Cuando bajan la nota de un país en dificultades, lo único que hacen es mantener y agravar la situación: « Es como empujar a alguien que está al borde de un precipicio. Las agencias empeoran la crisis» [6]. Algunos hablan de un círculo vicioso y de profecías autocumplidas. En el caso de Grecia, las agencias hicieron más difíciles las condiciones de financiación del Estado, con graves consecuencias en cuanto a la profundización de las políticas de austeridad.
Reglamentación
Ante la amplitud del problema, la SEC y otros reguladores, como la Comisión Europea, anunciaron su deseo de actuar en pro de reglamentar la actividad de las agencias y limitar su capacidad de perjudicar. En 2013, la UE adoptó y presentó unas reglas que debían ir en ese sentido [7]. Sin embargo, constatamos que esas medidas son muy insuficientes para desarmar a las agencias.
Alternativas
Se formularon numerosas propuestas que tenían por objetivo reformar el funcionamiento de las agencias de calificación desde la crisis financiera que comenzó en 2007-2008, pero sin mayor éxito: retorno al sistema «inversor-pagador», revisión de los criterios de calificación adoptados, suspensión de la calificación de un Estado endeudado que negocie un programa de «ayuda financiera» internacional, son algunos ejemplos.
Para el CADTM, se debe cuestionar la existencia misma de las agencias de calificación privadas. Partícipes de la dominación neoliberal, estas agencias no dudan en trampear para satisfacer los intereses a corto plazo del gran capital, como lo demostraron las notas favorables atribuidas en 2008 a los bancos de inversiones Merryl Lynch y Lehman Brothers, justamente antes de que el primero fuera comprado al borde de la quiebra y que el segundo fuera liquidado. Esas agencias deberían ser procesadas por la justicia por sus actos que tienen graves consecuencias sobre las poblaciones, y los actores públicos deberían rechazar sus evaluaciones —lo que hizo el ayuntamiento de Madrid en 2016-2017 al decidir no renovar sus contratos con Standard & Poor’s y Fitch, considerando esas agencias de calificación como inútiles y su injerencia ilegítima—. En cuanto a las empresas, su solvencia podría evaluarse por organismos públicos con el fin de impedir los conflictos de intereses.
Aunque las agencias de calificación se proclamen independientes y que emiten solamente opiniones, está claro que son herramientas al servicio de los mercados financieros, utilizando la presión de sus recomendaciones con el objetivo de disciplinar los Estados temerosos de esas sanciones.
Pero la buena noticia es que, con esas calificaciones de Fitch, los movimientos sociales pueden representar amenazas y riesgos en la prosecución y aplicación de los programas de austeridad. ¡No nos rindamos!
Traducción: Griselda Piñero
Notas:
[1] Ver https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-france-to-aa-outlook-stable-28-04-2023
[2] A fines de 2011, los países con ingresos altos calificados por Standard & Poor’s, pero que no pagan honorarios a la agencia, eran los siguientes: Alemania, Australia, Bélgica, estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países bajos, reino Unido, Singapur, Suiza y Taiwán
[3] BFM TV (2012). Triple A : les différents critères des agences de notation.
[4] Normas de regulación bancaria- Basilea I, II y III (a implementar) puestas en marcha por Comité de Basilea.
[5] Nicolás Verón « Les défaillances des agences de notation sur les produits structurés ont porté une atteinte grave à leur crédibilité ». Le Monde, 28 de enero de 2010.
[6] Pier Carlo Padoan, secretario general adjunto y jefe economista de la OCDE, « Les agences de notation accusées d’aggraver la crise ». Le Figaro, 7 de julio de 2011.
[7] Comisión Europea (2013). « Des règles plus strictes pour les agences de notation de crédit vont entrer en vigueur ».
Yvette Krolikowski. Membre du CADTM France et de l’équipe ’site’.