Puede que el acuerdo sobre la ley de reforma del sistema financiero [estadounidense] del pasado 25 de junio establezca algún tipo de protección para los consumidores, pero no cabe ninguna duda de que constituye un triunfo en toda regla para Goldman Sachs y el lobby de derivados financieros, puesto que deja intacto el juego de […]
Puede que el acuerdo sobre la ley de reforma del sistema financiero [estadounidense] del pasado 25 de junio establezca algún tipo de protección para los consumidores, pero no cabe ninguna duda de que constituye un triunfo en toda regla para Goldman Sachs y el lobby de derivados financieros, puesto que deja intacto el juego de apuestas de casino de Wall Street. En un artículo publicado el 25 de junio en Newsweek, titulado «La reforma financiera refuerza a los grandes bancos», Michael Hirsh sostiene que la «ley unge definitivamente a la elite bancaria existente. La norma permite afirmar que hay muchas probabilidades de que los actuales grandes bancos también serán los gigantes del futuro».
El gobierno federal y la Reserva Federal han inyectado billones de dólares para salvar a los grandes jugadores de Wall Street, hasta el punto de poner en serio peligro la calificación del riesgo crediticio del propio sector público; pero Wall Street no ha tenido que pagar por la operación de limpieza. En lugar de eso, quienes han tenido que hacerse cargo de semejante factura han sido los Estados y los ciudadanos. El 17 de junio, la revista Time publicó un artículo de David von Drehle titulado «El estado financieramente desesperado de los Estados» en el que daba cuenta del hecho de que actualmente muchos Estados afrontan déficits presupuestarios que no se veían desde la década de 1930. A diferencia de los bancos de Wall Street, que pueden recurrir al préstamo de fondos de la Reserva Federal a tipos de interés increíblemente bajos del 0’2% para luego destinarlos a la especulación financiera, los Estados no pueden echar mano de líneas de crédito. Deben financiarse mediante la emisión de bonos, aunque muchos Estados están tan cerca de la quiebra que las calificaciones de riesgo de los bonos municipales se están hundiendo por momentos. Y lo que es peor: muchos Estados tienen prohibido por ley incurrir en moras en sus pagos. A diferencia del gobierno federal, que puede endeudarse de forma indefinida, los Estados deben equilibrar sus presupuestos anualmente; y tampoco pueden emitir moneda propia. Esto les coloca en una situación parecida a la de Grecia y otros países financieramente estrangulados de la Unión Europea que tienen prohibida la emisión de moneda propia o el recurso al préstamo de sus bancos centrales estatales.
Los Estados, claro está, tampoco disponen de bancos propios de titularidad pública (con la excepción de Dakota del Norte). Dakota del Norte también es el único Estado que puede exhibir superávit presupuestario, además de tener los índices más bajos de desempleo e impago hipotecario del país. Como observa Von Drehle: «Es un buen momento para ser de Dakota del Norte».
Pero la mayoría de los Estados deben lidiar con graves y crónicos impagos que les abocan a una situación parecida a la de la trampa de la deuda griega: se ven forzados a despedir a trabajadores, vender activos públicos y buscar el modo de recaudar más impuestos que graven a una población fiscalmente sobreexplotada. Y se espera que su situación empeore, puesto que en breve van a verse recortados tanto el paquete de estímulos económicos del gobierno federal como las ayudas directas a los Estados.
El gobierno federal no sólo va a dejar a los Estados a dos velas, sino que ahora amenaza con imponer nuevos gravámenes sobre sus asediados ciudadanos. Paul Volcker, antiguo presidente de la Reserva Federal y actual consejero económico de la Casa Blanca, dijo en abril que el Congreso debería someter a consideración la implantación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un tributo que gravaría distintas fases del proceso productivo de los bienes de consumo. Actualmente, en Gran Bretaña se aplica un IVA del 17’5% y se ha propuesto elevarlo al 20%; otros países de la Unión Europea tienen tipos de IVA que pueden llegar al 25%. Pero en Europa los ciudadanos al menos obtienen algo a cambio de su dinero, puesto que disponen de sistemas sanitarios públicamente financiados; pero esto no ocurre en Estados Unidos, donde la «opción pública» sanitaria ya no está en la agenda. El IVA golpea de forma particularmente dura a las clases bajas y medias, puesto que son las que destinan la mayor parte de sus ingresos a bienes de consumo. Los ricos invierten su dinero en negocios especulativos que actualmente no están sujetos a esta clase de fiscalidad.
¿Ciclo económico o guerra de clases?
Ismael Hossein-Zadehi, que imparte Economía en la Drake University de Iowa, califica la crisis económica actual como una guerra de clases. Lo que hoy se factura como deuda pública empezó como deuda privada de especuladores financieros que han acabado traspasando sus cargas a los trabajadores. Los gobiernos que acudieron al rescate de estos especuladores insolventes acabaron en la insolvencia; pero los bancos rescatados, en vez de agradecer el gesto echando una mano, piden que se les devuelva hasta el último centavo de sus préstamos. Los que causaron el estropicio ahora acusan a sus víctimas y exigen «responsabilidad fiscal». Los banqueros de Wall Street dictan los términos de la cancelación de las deudas en las que ellos incurrieron.
«Responsabilidad fiscal» significa recorte del gasto público, algo que resulta inherentemente deflacionario en una recesión, como bien pudo verse en las desastrosas políticas de la etapa de Herbert Hoover durante la Depresión. Pero no sólo los republicanos cometieron ese error. En 1937 el presidente Franklin Roosevelt también recortó el gasto público, abocando a la economía de nuevo a la recesión. El recorte de gasto público adelgaza el monto de la recaudación fiscal, lo que suele redundar en un mayor recorte del gasto. Contrariamente a lo que solemos escuchar, el sector público de un país no es como una unidad familiar. Aquél no tiene la necesidad de equilibrar su presupuesto y «vivir por sus medios», puesto que tiene los instrumentos necesarios para aumentar la oferta monetaria. Y no sólo dispone de los medios para ello, sino que debe recurrir al gasto público cuando la actividad económica privada disminuye, para así tratar de conseguir que las ruedas de la economía sigan girando. Prácticamente todo el dinero tiene su origen en el crédito o la deuda bancarios; y actualmente la oferta monetaria ha ido menguando hasta índices que nunca vistos desde la década de 1930, puesto que la crisis bancaria ha dificultado cada vez más la obtención de crédito.
Sin embargo, los gobiernos, en vez de «reflotar» la economía hundida, siguen insistiendo en la «responsabilidad fiscal», y toda la responsabilidad recae hoy sobre los Estados y sobre las clases trabajadoras y productoras. Los especuladores financieros que causaron la debacle han salido completamente indemnes. No sólo no pagan impuestos por la compraventa de sus «productos financieros», sino que pagan muy poco en concepto de impuesto sobre ingresos. En 2008, Goldman Sachs en realidad sólo pagó impuestos sobre ingresos por valor de un 1%. El profesor Hossein-Zadehi escribe: «Cada vez está más claro que la mayoría de la población trabajadora de cualquier lugar del mundo tiene un enemigo común: una oligarquía financiera improductiva que, cual parásito, chupa la sangre económica de los trabajadores, simplemente mediante la actividad de comerciar y/o apostar invocando el derecho de propiedad (…). Entonces, lo que realmente hay que preguntarse es cuándo los trabajadores y las demás víctimas de las injustas cargas de la deuda comprenderán cabalmente la gravedad de la situación y se pondrán manos a la obra de la difícil tarea de liberarse de los grilletes de la deuda y la depresión».
Los trabajadores no se alzan en contra de esta situación puesto que han sucumbido a la propaganda que presenta la «austeridad fiscal» como algo necesario en punto a evitar que sus hijos corran una suerte aún peor. Lo que en realidad hace falta en una situación deflacionaria es inyectar más dinero en el sistema, no detraerlo mediante el pago de la deuda federal; pero el dinero debe destinarse a la economía real (a las fábricas, granjas, negocios, vivienda, transporte, sistemas de energías sostenibles, sanidad y educación). En vez de eso, han secuestrado el dinero de las políticas de estímulo, desviándolo a labores de limpieza de las hojas de balance de los tahúres financieros que llevaron a la economía a su peligrosa caída en picado.
Equilibrar las cuentas
Mientras el Congreso da satisfacción a los bancos, los Estados deberán arreglárselas como puedan. ¿Dónde está el dinero necesario para llevar a cabo la imposible hazaña de equilibrar sus presupuestos? La hemorragia que originaría cargar un IVA a una clase trabajadora anémica probablemente acabaría matando al paciente en vez de hacerle más llevadera la enfermedad. Como indica el profesor Randall G. Holcombe en un estudio reciente: «En contraste con los países de la Unión Europea, en los que el IVA es la fuente de ingresos fiscales más importante, los estados de Estados Unidos ya pagan la tarifa básica del IVA mediante sus impuestos sobre las ventas». Esta duplicación de gravámenes sobre la misma base no sólo reduciría la cantidad de dinero que los Estados podrían recaudar, sino que dificultaría el papel que juega el IVA como generador de masa monetaria. El profesor Holcombe sostiene que en el año 2030 este efecto habría compensado cualquier incremento en los ingresos públicos procedente del IVA.
Una solución más viable y más equitativa consistiría en tratar de sustraer recursos del único mercado importante que en todo el planeta sigue sin estar sujeto a impuestos sobre ventas: los «productos financieros», esto es, la especialidad que se compra y se vende en el sector financiero. El impuesto sobre transacciones financieras aplicado a actividades especulativas a menudo recibe el nombre de «tasa Tobin», puesto que el primero en proponerlo fue el premio Nóbel de Economía James Tobin. Los ingresos que proporcionaría una potencial tasa Tobin podrían ser muy considerables. En 2008, el Bank for Internacional Settlements presentó un informe en el que describía que el valor total de las actividades económicas con derivados financieros ascendía a 1’14 trillones de dólares. Puede que esta cifra sea inferior a la real, puesto que no hay datos sobre las operaciones extrabursátiles, de modo que desconocemos su magnitud real. Un simple gravamen del 1% sobre intercambios financieros valorados en 1 trillón de dólares generaría 10 billones de dólares anuales en fondos públicos. Y esto sólo en lo atinente a los derivados. También hay que añadir la amalgama de acciones, bonos y demás transacciones financieras; y más de la mitad de estas transacciones tienen lugar en Estados Unidos. Pero también hay que decir que una tasa Tobin no generaría estas enormes cantidades un año tras otro; la razón es que acabaría con la mayor parte de transacciones que se realizan mediante programaciones informáticas automáticas [1], que actualmente constituyen el 70% de las transacciones del mercado de obligaciones. De modo que se trata de un valioso fin en sí mismo. La caída súbita de más de cien puntos en el Índice Industrial del Dow Jones del 6 de mayo mostró el grado de vulnerabilidad del mercado bursátil en relación a la manipulación que ejercen estos sofisticados jugadores mercantiles. Hay que detener todo el negocio de transacciones automáticas con el fin de proteger a los inversores legítimos que utilizan el mercado bursátil para lo que fue diseñado: obtener fondos para la actividad económica. Como observó Mark Cuban el 9 de mayo en un artículo titulado «A qué se dedica Wall Street?»: «La creación de capital para la actividad económica ha pasado a constituir menos del 1% del volumen de Wall Street en cualquier periodo que se elija (…). Tengo por seguro que para este país sería muy importante lograr que Wall Street volviera a ocuparse de crear capital para la actividad económica real. Podría hacerse mediante la aplicación de impuestos sobre las transacciones financieras o cambiando la estructura de beneficios fiscales sobre las ganancias con el fin, por ejemplo, de incentivar la estabilidad de las inversiones no gravando los dividendos pagados a los accionistas por acciones que se hayan detentado durante más de cinco años en una empresa (privada o pública). Lo fundamental es conseguir atraer el dinero inteligente de Wall Street y hacer que vuelva a pensar en modos de utilizar su potencial para ayudar a constituir nuevas empresas y a hacer crecer las actuales. Esto es lo que crearía puestos de trabajo. Esto es lo que realmente contribuirá a acelerar la economía mundial. Esta reactivación no vendrá de los que se dedican a la compraventa de productos financieros y tratan de piratear el sistema financiero a cambio de unos centavos por transacción».
Además de proteger a los ahorradores e inversores legítimos eximiéndoles de tributación de las acciones mantenidas durante más de cinco años, también podría eximirse de pagar la tasa Tobin a quienes realizaran transacciones por un valor inferior a 1 millón de dólares anuales. Esto convertiría el tributo en un impuesto sobre millonarios (que podría ser modesto, por ejemplo de un 1% por transacción).
En la cumbre del G20 celebrada en Toronto el pasado fin de semana se discutió sobre la implantación de un impuesto sobre transacciones financieras que recibió el apoyo de Francia y Alemania y la oposición de Estados Unidos y Canadá, aunque de allí no salió ningún compromiso firme. Sin embargo, los Estados no tienen que esperar a las decisiones del gobierno federal o del G20 para actuar.
Podrían establecer una tasa Tobin por sí mismos. Podría objetarse que hay el riesgo de que los especuladores de Wall Street recojan sus beneficios y se vayan a otro sitio, pero lo cierto es que los grandes bancos y corredurías bursátiles tienen delegaciones en casi todas las grandes ciudades de todos los Estados. Es difícil creer que vayan a arriar velas y abandonar lucrativos centros de negocio. Ni es de recibo sostener que debemos ser obsequiosos con los piratas que están saqueando nuestros mercados bursátiles para no perder los suculentos sobornos que nos ofrecen; de hecho, no nos ofrecen soborno alguno. Pero es evidente que las transacciones financieras actualmente no generan ingresos fiscales.
Dos candidatos a gobernador del Green Party estadounidense, Laura Wells en California y Rich Whitney en Illinois, han incluido en sus programas electorales la propuesta de implantación de una tasa Tobin estatal. Ambos plantean también la necesidad de que en cada Estado haya bancos de titularidad pública, siguiendo el modelo del Bank of North Dakota. Hay gente en todo el mundo que se fija en Estados Unidos por su audacia e innovación, y tanto California como Illinois son Estados punteros en el país. Si estos Estados logran darle la vuelta a su situación económica, sin duda podrían constituir un modelo de soberanía económica global a seguir.
NOTA T.: [1] Las transacciones mediante programaciones informáticas automáticas («computerized high-frequency program trades») utilizan programas informáticos y complejos algoritmos con estrategias cuantitativas que, siguiendo pautas predeterminadas, se activan e ingresan en el mercado como órdenes de compra o de venta con grandes volúmenes.
Ellen Brown es autora de Web of Debt: the Shocking Truth About Our Money System and How Can Be Break Free (Third Millenium Press, 2008).
Traducción para www.sinpermiso.info: Jordi Mundó