Es cierto, quien pide prestado o compra a crédito en tiendas comerciales tiene la obligación de pagar en los plazos y fechas señaladas. También aquél que solicita una tarjeta de crédito, conocida en México cómo dinero de plástico, aunque muchas veces quien paga con esa tarjeta o de tiendas comerciales, nunca se dio cuenta a […]
Es cierto, quien pide prestado o compra a crédito en tiendas comerciales tiene la obligación de pagar en los plazos y fechas señaladas. También aquél que solicita una tarjeta de crédito, conocida en México cómo dinero de plástico, aunque muchas veces quien paga con esa tarjeta o de tiendas comerciales, nunca se dio cuenta a lo que se comprometía al firmar la solicitud de crédito, puesto que del lado anverso de la misma, pareciera más uno comprometerse a entregarle su dinero de por vida a la empresa expedidora, que adquirir cosas a crédito como una forma rápida y segura de tener un bien mueble o inmueble. Aunado a lo anterior, hay que sumarle que la gente nunca lee las cláusulas por cierto inscritas en letras diminutas -como para que la gente no las lea por aburrimiento- y no sabe ni lo que firma, ni a lo que se compromete.
Posterior a ello, cuando muchos caen en la morosidad de los pagos vienen los recargos y/o intereses generados por las cláusulas que uno firmó a ciegas. Y nadie le informa a uno el concepto exacto que está pagando; eso sí, las cantidades aparecen y son inequívocas. Al aclararlas, te topas con sendas colas en los bancos o tiendas departamentales con resultados magros, optando en la mayoría de los casos por mejor retirarse con la indignación personal o por pena ‘ante lo que dirán los que están presentes, sintiendo y presenciando el deudor una especie de enjuiciamiento social por tacaño’. Pero eso sólo pasa en México porque en otras partes del mundo, quién se siente afectado en el cobro indebido de un pago, hace un merequetengue muchas veces con resultados positivos.
Pero como millones son hacen eso y prefieren seguir debiendo muchas veces lo que deben y otras tantas más lo que le cobran indebidamente, empiezan los bancos a presionar de todas formas, exigiendo el pago de sus dineros y utilizando subterfugios legaloides bajo el argumento de que de no pagar, los embargarán hasta dejarlos en la calle y hasta acusarlos de fraude para meterlos en la cárcel. Así, a casa de millones de mexicanos, llegan los requerimientos de pago disfrazados hábilmente de demandas, sin que se cumplan para ellos todos y cada uno de los preceptos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y, las amenazas por teléfono, personales, verbales y hasta intimidatorios por terceros empieza a funcionar, ocasionando en el deudor una psicosis con la que vive durante mucho tiempo. En sí se vuelve una práctica de terrorismo bancario que atenta contra los derechos más elementales de los ciudadanos, independientemente de que deban dinero prestado o a crédito.
Los bancos o tiendas departamentales al prestar dinero para ropa, muebles e inmuebles, saben perfectamente que muchas veces la gente no tiene dinero y a pesar de ello, les expiden las tarjetas o les dan los créditos con el fin de engancharlos. Luego viene la operación ‘chupamiltor’; ya vendida la prenda muy arriba de su valor real, por pagos parciales tienen otro aumento sin que el ciudadano sepa si el cobro es indebido. Hoy los bancos cobran hasta por entrar a las sucursales y ya no se diga de los cobros de otras tiendas que llegan a superar hasta el 30 por ciento del capital que se adeuda en el momento y no del total.
Pero lo que muchos bancos no recuerdan es que con el mega fraude por miles y miles de millones de dólares, concebido en la administración de Carlos Salinas de Gortari, donde todavía no hay culpables importantes ni enjuiciados, el IPAB-FOBAPROA rescató con los dineros de los mexicanos a muchos de ellos, pero en los bancos a todos les siguen cobrando, como fue el caso de bienes inmuebles y tarjetas de crédito.
¿Dónde quedó el criterio ese de que el que debe paga, cuando los bancos se declararon en quiebra desapareciendo el dinero de también muchos ahorradores y tuvo el gobierno que pagarles dicho rescate a precio de oro, que hoy cancela el destino mínimo de diez generaciones de mexicanos? ¿Dónde el principio de legalidad y certeza jurídica cuando lo que se aplicó fue precisamente eso, un subterfugio legaliode para darle dinero de los mexicanos a banqueros que se enriquecieron sin ningún recato y que hoy siguen disfrutando las mieles del poder y la impunidad porque no se ha esclarecido donde quedó el dinero del rescate y si todo fue para ello, gran duda en la gente, asomada la corrupción que impera en las secretarías del ramo, a quienes tal pareciera les complace que unos tengan poco y muchos nada?. Esas son preguntas que por cierto, los hoy diputados del barzón están empezando a olvidar según nos dicen. De los del PRD ni hablamos y el PRI. A lo mejor ellos pagarán con lo del pemexgate y los ‘ponces y los bejaranos’.
Esa política de terrorismo bancario se ha implementado en todo el país y, ahora empieza a surtir algunos efectos a favor y en contra. En contra; porque en los estados de la república empiezan a cambiarse las leyes para lograr que quién argumente no tener dinero para pagar, sea acusado de fraude y con ello hasta a la cárcel por deudas de carácter civil vaya a parar. Tal es el caso del artículo 219 del código de procedimientos penales de Veracruz, que según el líder barzonista Joaquín Alcántara -de los pocos que quedan- perjudican a los deudores de la banca, que, no se niegan apagar lo que deben, pero en los términos justos y no en los que el IPAB-.FOBAPROA les heredó, con lo que dicen están pagando hasta cinco veces lo prestado. El artículo 219 ad literam dice: Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores; A quien, artificiosamente, se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus acreedores, se le impondrán las sanciones previstas para el delito de fraude, conforme al valor de las obligaciones incumplidas.
Dicho precepto habla de que quién deba y no pague puede incluso ser acusado de fraude, entendido además que los jueces puedan atropellar los derechos ciudadanos, situación que ha generado debate estatal. A favor: porque la gente se empieza a organizar demandando a sus representantes populares intervengan para remediar la situación, pagar lo justo y no perder sus propiedades y patrimonio. Realizan actos cívicos en protesta y esperan del nuevo gobierno que encabezará Fidel Herrera Beltrán, una respuesta favorable a sus demandas de no perder el patrimonio familiar y por supuesto; pagar lo justo adeudado. Apéndice: El asunto del terrorismo bancario empieza a llegar a unidades habitacionales como la de Xalapa 2000 ubicada en la capital del estado por citar una, donde utilizan pintas intimidatorias hechas por la madrugada, anunciando la venta del inmueble ‘por adeudo al banco’, Así se han documentado por lo menos 30 casos provenientes de BANCOMER por lo que los derechos ciudadanos constitucionales se vulneran y nadie hace nada. En fin, que los deudores tienen miedo de perder sus cosas, sin negarse en absoluto a pagar, pero lo justo, no lo que los acreedores quieran, por lo que empiezan a organizarse en una especie de ombusman del consumidor y deudor, ya que los movimientos de barzonistas de aquellos tiempos pasados, están casi muertos, porque en boca de la gente pasaron a mejor vida, a la de la legisladores. Chulo. Actuemos.