Las razones para creer y no creer en la capacidad del gobierno Lula realizar las transformaciones que la mayoría del país ansía están en embate en los corazones de los brasileños. Si en las elecciones de 2002 el PSDB[1] se transformó en el partido símbolo del miedo de los cambios, él ahora pretende, en las […]
Las razones para creer y no creer en la capacidad del gobierno Lula realizar las transformaciones que la mayoría del país ansía están en embate en los corazones de los brasileños. Si en las elecciones de 2002 el PSDB[1] se transformó en el partido símbolo del miedo de los cambios, él ahora pretende, en las elecciones de octubre de 2004 ser el catalizador de la decepción.
La «nueva coyuntura» del país, tematizada en el Periscopio de mayo (n° 35) ya está adquiriendo pleno formato en la escena política brasileña. El lanzamiento del presidente del PSDB, José Serra, a la prefectura de San Pablo y la inauguración del Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC) relanzan el protagonismo de la dirección paulista histórica del partido con relación a las fuerzas de la centro-derecha, convocándolas para el embate frontal y abierto al gobierno Lula.
Quien vio al programa del PSDB, que trajo Serra como actor principal al lado de los gobernadores del partido logró constatar la virulencia de la línea de oposición al gobierno Lula que se pretende fijar a la campaña. Y la idea central se pone como «capitalicemos la decepción con el gobierno Lula, que será creciente». Como bien ha dicho la actriz Regina Duarte[2], en cita a la prensa, después de recordar la jerga «el artista es la antena de la raza», el sentimiento ahora es no más de «miedo» pero de «tristeza». Así, aunque el discurso sea adaptado, la candidatura Serra muestra la función históricamente regresiva: se trata de afirmarse en contra a las legítimas esperanzas del pueblo brasileño de que ocurran cambios en el país. Aunque Serra incorpore elementos de una «crítica de izquierda» al gobierno Lula, en particular a su política económica, no se puede ir muy lejos en ella porque esta política simboliza la continuidad de las opciones de gestión macroeconómicas heredadas y apoyadas por FHC. Así, el aspecto central de esta crítica es el que » la dosis del remedio hace el veneno», como si el propio remedio fuera el acertado.
El lanzamiento del IFHC, con la presencia de Bill Clinton, Tony Blair, Lionel Jospin, entre otros, además de constituirse en un espacio midiático y seudo supla-partidario de operación permanente en la escena política, retrata bien el carácter narciso, conocido por todos, de la personalidad del ex-presidente. La verdad es que se trata de un monumento de lujo a si mismo.
Una segunda novedad de la escena política, afuera el nuevo protagonismo del PSDB y de las fuerzas que conduce, está en la virulencia de los ataques al presidente Lula. La inteligencia del PSDB ya constató que la popularidad de Lula es todavía expresamente más grande que la de su gobierno. Entonces, ahora hay que atacar la imagen personal del presidente. Antes mismo de que saliera el artículo infame en el periódico New York Times, con todo el proceso fastidioso que generó, ya la columnista de economía Miriam Leitão, de O Globo[3], había escrito un artículo constatando que las opiniones de Lula que juzga como insensatas no podrían ser atribuidas solamente a su vocación al improviso.
En la edición de la última semana de mayo, Veja[4], la revista conservadora de más grande impacto sobre la formación de opinión en la clase media brasileña, que desde el comienzo del gobierno Lula estuvo conduciendo sus ataques hacia los ministros que identifica como más antagónicos a su ideología (Miguel Rossetto, Celso Amorim, Marina Silva, Dilma Roussef y, durante el último periodo, José Dirceu[5]), ahora fue directo en la imagen del presidente.
Una tercera novedad, que sólo adquiere total explicación cuando con las dos anteriores, está en la más grande dificultad del gobierno de defender su mayoría parlamentar en el Congreso, como se manifestó por la convergencia de varios factores en el caso de la Medida Provisoria (MP) del cierre de los bingos, la cual fue derrotada en el Senado y en el proceso de reelección o renovación de las presidencias del Senado y de la Cámara. La dirección del PSDB sabe que es preciso, por todos los medios, sacar el PMDB[6] o, por lo menos, parte expresiva del de la base de apoyo al gobierno y ya está actuando en este sentido.
Por fin, la dirección del neoliberalismo en Brasil se sintió suficientemente segura para lanzarse al mar y buscar la travesía hasta un puerto seguro, su regreso al centro del poder. Y, para tanto, si necesario, navegará en aguas torvas.
Razones de la esperanza
Las elecciones municipales de este año harán inevitablemente un balance del gobierno Lula. Y, talvez por traer en su contexto dos grandes narrativas antagónicas de la historia del país y de su destino, como buscamos evidenciar en el artículo «¿Hacia adónde transita el gobierno Lula?» (Periscopio n° 35), la comunicación del gobierno todavía no utilizó públicamente sus mejores hechos estratégicos y estructurales.
Informaciones y números y hasta mismo comparaciones solamente logran dimensión persuasiva cuando inscriptas en una narrativa dotada de sentido. Es preciso, pues, para estas elecciones de 2004, tornar público el lado solar y antiliberal del gobierno Lula que la midia, en general, esconde.
La primera dimensión solar del gobierno Lula es, evidentemente, su política externa, que sigue conformando, como ya apuntamos en el Periscopio, una nueva inserción soberana del Brasil en el mundo. Al impase del ALCA, se añade la reconstrucción de las bases territoriales de una agenda más amplia en el MERCOSUR[7], la abertura de una frente de negociaciones comerciales con la Unión Europea, la formación de un grupo de contra-negociación a los intereses de las grandes potencias en el ámbito de la OMC, la abertura de relaciones estratégicas con países periféricos (India, África del Sur, Rusia) y, ahora, el viaje histórico a China, que muestra todo un potencial de desarrollo para allá de las dimensiones comerciales. Con eso, el gobierno Lula está trabajando en sentido contrario al del proyecto neoliberal en Latinoamérica que presentaba como suceso máximo la dolarización de sus economías y la «unión carnal» con los EE.UU., como afirmó, sin pudor, Carlos Menen, ex-presidente de Argentina.
La segunda dimensión solar del gobierno Lula está en el reposicionamiento del Estado frente a la economía y a la sociedad brasileñas, reconstruyendo sus dimensiones republicanas y de regulación. El nuevo patrón y prioridades del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el más grande banco de fomento de Latinoamérica) y las iniciativas de democratización del crédito de la Caja Económica Federal, la retomada del papel estratégico por el Estado en el área de energía, la relegitimación de la reforma agraria y la indicación de un nuevo papel histórico para la agricultura familiar, la configuración de una nueva política industrial, la construcción de marcos sistémicos y republicanos para las agencias reguladoras son indicaciones preciosas de estos cambios estructurales. Todas ellas son alternativas y antagónicas al proyecto neoliberal que predominó durante los años 1990.
La tercera dimensión solar del gobierno Lula está en la configuración de sus políticas sociales, que todavía no pudieron mostrar todo su potencial de impacto sobre la miseria y la concentración de renta en el país. Son ellas: el Programa «Fome Zero» (Hambre Cero) y el «Bolsa Familia» (Beca Familia) que, juntos, configuran un programa de emergencia, de naturaleza no compensatoria o asistencial, y muy menos enfocado, en función de sus gigantescas dimensiones; la propuesta de la adopción de políticas de cuotas de afirmación racial, que pueden inaugurar un nuevo patrón de políticas públicas para la superación del legado de la esclavitud; la reforma universitaria y las propuestas de democratización del acceso a ella; la institucionalización de un nuevo espacio para amparar planes estratégicos de habitación popular y saneamiento, con enorme potencial de intervención sobre los graves problemas urbanos; la política de creación de un Sistema Único de Seguridad, en los moldes del SUS (Sistema Único de Salud) así como acciones estratégicas de combate al crimen organizado y de lavado de dinero.
Estas tres dimensiones solares del gobierno Lula deberían ser configuradas como antídotos a la campaña de la desesperanza que es PSDB pretende protagonizar. Son alimentos de la esperanza del pueblo brasileño.
Polémica acerca del crecimiento
Sólo ahora, a cuatro meses de las elecciones de 2004, se discute públicamente si el país ya entró en un ciclo de crecimiento sustentado.
Para los que defienden los marcos actuales de la gestión macro-económica – el tripe autonomía del Banco Central con foco exclusivo en la inflación, libre flujo de capitales especulativos/ cambio flotante, metas elevadas de superávit primario – los índices divulgados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) con relación al primer trimestre de 2004 confirman la tesis. La énfasis ahora es puesta en comparación al primer trimestre de 2003, lo que indica un crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) en el mismo período de este año de 2,7%. Se asevera además que, basado en comparación similar, el consumo de las familias creció 1,2%, después de cinco trimestres de caída.
Para los críticos de la política económica actual, los datos confirman el inverso. En los últimos doce meses, desde abril de 2003 hasta abril de 2004, la economía se quedó sin crecer. La comparación con el primer trimestre de 2003 produce ilusión estadística porque la base de comparación es particularmente baja. El crecimiento registrado se basa más en la exportación y agropecuaria, que tienen poca capacidad de generar empleos y efectos multiplicadores limitados. La construcción civil todavía no ofrece señal de recuperación, la industria está desacelerando su crecimiento, el sector de servicios creció sólo 0,4% en comparación al último trimestre de 2003.
Ya se reconoce que la meta alardeada como piso en el comienzo del año por el Ministerio de la Hacienda y por el Banco Central – un crecimiento de 3,5% del PIB para este año – difícilmente será alcanzada. El reporte del Banco Central alega que si el PIB del país mantenerse estable por los próximos trimestres, el país debe de crecer 2,8% en 2004. El presidente del IBGE, Eduardo Nunes, afirma por su vez que el crecimiento del primero trimestre no puede ser considerado, todavía, un indicador de crecimiento sustentado.
Lo que pasa es que el empleo, el sueldo y la renta de los trabajadores no dan señales consistentes de mejoría, pasado un año de extrema gravedad. Es natural en este cuadro que aquellos que se ponen desde el punto de vista de los trabajadores mantengan en estas elecciones de 2004 una exigencia pública de que se críen políticas consistentes de mejoría de emergencia y estratégica de estos indicadores que son fuente del batimiento del corazón y de la respiración, es decir, de la propia vida de quien trabaja. Todavía no hubo algo a conmemorar el primero de mayo de 2004.
Como decían João Bosco y Aldir Blanc[8], la esperanza es equilibrista: «(…) la esperanza/ Baila sobre la cuerda balanceante con sombrilla/ y en cada paso de esta línea se puede machucar/ Azar, la esperanza equilibrista/ Sabe que el show de todo artista, debe de continuar…»
¿Para adónde transita el gobierno Lula? (2ª parte)
Es preciso analizar la idea actual de que sería posible transitar para un nuevo periodo de crecimiento económico sustentado creando gradualmente nuevas dinámicas en el interior de la gestión macro-económica heredada del segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso.
En el Periscopio de mayo (n°35) se aseveraba la insuficiencia del lenguaje contratualista para expresar políticamente la transición de paradigmas del Estado brasileño necesaria para abrir un nuevo horizonte de desarrollo. Seria necesario conferir más consistencia a esta afirmación.
En la filosofía política moderna, el contratualismo aparece como una estrategia argumentativa apropiada por el liberalismo en su nacimiento. La percepción de que la legitimidad de la orden política fuera fruto de un pacto entre individuos atomizados es utilizada por innúmeros actores clásicos que buscan fundamentar las bases del Estado moderno. Fue también por medio de esta línea argumentativa que Rousseau fundamentó su proyecto de un nuevo contrato social, alimentado por una ética ciudadana y por la idea de soberanía popular, que restauraría una orden capaz de conjugar libertad y igualdad. Ya en el nacimiento de la filosofía hegeliana encontramos una crítica metodológica severa a la idea de que la noción de contrato sea capaz de fundamentar el origen y legitimidad de la orden política. Para Hegel, es la noción de eticidad, el intercambio de algunos valores básicos comunes que prepasan la familia, toda la sociedad civil y atinge su más alta expresión en el Estado, que fundamenta la legitimidad de la orden política. A tradición heredó, en su campo teórico propio, este biés crítico al contratualismo moviendo de modo alternativo una lógica de clases sociales.
Podemos decir que el contratualismo llegó hasta a la tradición del PT por varios caminos.
Pela sensibilidad sindical, influenciada por la tradición de los contratos colectivos de la tradición social-demócrata europea; por la influencia de autores modernos que buscan en la idea de un nuevo contrato social una alternativa de inclusión en la lógica del apartheid social del neoliberalismo; por la necesidad de expresar la idea de conformar un pacto nacional con sectores de las clases dominantes, que firmase las bases de un nuevo desenvolvimiento.
En la campaña de 2002, esta idea de pacto se expresó fuertemente en los programas, en los discursos de Lula, en la propaganda electoral y, en según turno, en la idea de la formación de un Consejo de Desarrollo Social que sería la expresión institucional de este nuevo pacto. Se conformaba este pacto nacional, productivo, sellando estratégicamente alianzas de los sectores productivos con intereses de las clases trabajadoras, en una dinámica de inclusión social.
Sin embargo, año y medio pasados de la posesión del gobierno Lula, esta dinámica de una nueva contratación social alrededor de un plan de desarrollo con inclusión social fue implantada solamente muy parcialmente. Esto resta claro en la propia trayectoria del Consejo de Desarrollo Económico y Social, que todavía no institucionalizó claramente su papel en la formación y definición de la agenda del gobierno. ¿Por qué? La primera respuesta que se dio en el artículo anterior es que la asimetría de la presencia de los intereses privatistas en la orden estatal brasileña, la agresividad y el poder de vocalización a través de los cuales son defendidos, impedían que las demandas de la mayoría fuesen debidamente contempladas. Sería necesario forzar más la noción de público, de capacidad de reglamentación del Estado, para que un nuevo pacto social, de desarrollo e inclusión, lograra implantarse.
Esta respuesta era correcta, aunque parcial. Sería necesario identificar como el sector financiero, camada líder en las clases dominantes en Brasil, participa de este nuevo «contrato social». Pues en las relaciones con este sector decisivo que la lógica contratualista demuestra más precisamente su insuficiencia. ¿Cómo contratar con un sector que posee permanentemente la posibilidad de simplemente romper el contrato y buscar otros mercados especulativos? ¿Cómo contratar con aquellos cuyo poder, interese y lucratividad se alimentan exactamente de la instabilidad del contrato? ¿Cómo aseverar frente a ellos algún contrato si el Estado en los años 1990 simplemente cedió, en gran medida, su poder de regulación y controle sobre este sector tan decisivo?
En síntesis, se puede contratar con el capital productivo pues este tiene su fijación, sus programas de inversión, su dependencia sistémica, es decir, depende incluso de un mercado interno en expansión para vender sus productos. No con capitales financieros desreglamentados, sólo en la racionalidad de su lógica especulativa, o sea, liberalizando, cediendo terreno a sus poderes de presión. Pero si escogemos esta opción, es la propia idea de un contrato social, nacional, productivista y de inclusión que no tiene espacio para implantarse en el país. Desde este punto de vista, la reglamentación sería una condición necesaria para establecer con estos capitales algún pacto de supervivencia, para no decir virtuoso crecimiento.
La transición en disputa
En el momento de su posesión, medio a un movimiento internacional y nacional de fuerte presión de los mercados financieros, el gobierno Lula optó por la indicación de un representante de los medios financieros para el principal órgano (Banco Central) del ministerio más estratégico de su gobierno (Ministerio de la Hacienda) y por la elección de los marcos de gestión macro-económica adoptados en la segunda gestión de Pedro Malan. Haciendo esto, trajo adentro de su sistema de fuerzas para permanente arbitraje las dos grandes narrativas de país – la neoliberal y la republicana – anteviendo una transición políticamente gradual y procesal.
Ciertamente que esta idea de transición jamás se estabilizó conceptualmente en el gobierno Lula. Para algunos, se trataba simplemente de gerenciar los indicadores macro-económicos en una dirección progresivamente virtuosa, sin cambiar propiamente los grandes principios de reglamentación del Estado heredados del gobierno anterior; para otros, se trataba de seguir alterando gradualmente los marcos neoliberales de gestión macro-económica.
En un año y – casi – medio de gestión, la realidad no parece confirmar ninguna de las dos perspectivas. La dirección progresivamente virtuosa de la economía no se pasó en 2003: para una previsión hasta mayo, de crecimiento de 2,4% del PIB, se logró una ligera recesión. El desempleo creció, la renta de los trabajadores se cayó, los logros de los bancos fueron récordes. Las previsiones por una retomada consistente de la economía desde el último trimestre de 2003 todavía no se confirmaron totalmente: las señales son muy contradictorias. La grande e importante excepción está en el desempeño de los sectores exportadores, que se benefician de una coyuntura internacional particularmente llena de oportunidades, de una política externa y estrategia comerciales agresivas y que están batiendo récordes históricos.
Como afirmamos en el Periscopio de octubre 2003, la noción de una retomada del crecimiento para la estrategia neoliberal topa con tres factores no debidamente contemplados en esta ótica: La comprensión drástica de los gastos públicos, la caída de la renta de los trabajadores, los niveles aún escandalosamente altos del interés.
En se tratando de una segunda perspectiva, la de una transición progresiva en los marcos de la gestión macro-económica mantenida, se subestimó por cierto, el volumen y los efectos dañosos del ajuste fiscal en curso. No se trata solamente de la herencia dejada por Fernando Henrique Cardoso, pero de la dinámica perversa que ella desencadena: Se exige cada vez más restricciones a los gastos del Estado para pagar una deuda financiera que no deja de crecer. Con eso, las restricciones empiezan a condicionar de forma negativa el trabajo de muchos ministerios del área social que se posicionaron con el intento de desarrollar programas de amplio impacto.
Es este el caso de varias iniciativas decisivas empezadas por el gobierno, que tienen su efecto amortecido o hasta mismo anulado por los impases reiterados en la retomada del crecimiento. Tres ejemplos, entre muchos. El Programa Hambre Cero y Beca Familia en la proporción y bajo el enfoque por el que son adoptados, presentan una gran innovación republicana en se tratando de una política pública contra la pobreza.
Pero sus efectos se quedan disminuidos por la caída del consumo de los alimentos de las familias, como se verificó en 2003. Iniciativas de micro-crédito para consumidores y pequeños inversores son importantes: pero unos utilizan créditos nuevos para quitar deudas financieras (sin incidencia fuerte en el consumo) mientras otros no ven un buen ambiente económico para invertir. La iniciativa de creación del Ministerio de las Ciudades, con todo su potencial de atendimento a las demandas histórica en el área de la habitación y saneamiento, pasó por 2003 sin recursos suficientes. Y así por delante.
Esta situación, que podríamos llamar de una transición bloqueada, puede componer una coyuntura problemática para las propias bases políticas y sociales que sostienen la gobernabilidad de la gestión Lula. Por un lado, las fuerzas políticas que giran alrededor de los intereses del capital financiero no propenden apoyar el gobierno Lula, pero sus adversarios políticos; de otro, las bases políticas y sociales originales del gobierno Lula suelen disminuir su activismo de apoyo frente un cuadro que no corrobora sus expectativas de cambios.
La transición y octubre de 2004
Vistas desde este ángulo, las elecciones de octubre de 2004 tienen una incidencia decisiva acerca del proceso de transición de paradigmas de los cuales el gobierno Lula es el principal actor y objeto.
El proceso de formación de la voluntad política de un gobierno no consulta solamente su núcleo decisorio. Toda la política del gobierno depende de la legitimidad y del sistema de fuerzas que inciden sobre él, para más allá de sus núcleos estratégicos del poder.
La transición de paradigmas tiene en la fuerza y en los derechos institucionalizados del sistema financiero su ponto de resistencia y en la fuerza del mundo del trabajo, sus derechos y esperanzas, su palanca. A través de sus mediaciones políticas, ni siempre claramente delineadas, las elecciones de octubre 2004 testarán el movimiento de estas fuerzas sociales.
La victoria del PT y de los partidos aliados al gobierno Lula tendrán, así, un efecto dinámico sobre la transición. Pueden abrir nuevos horizontes para una voluntad política de gobierno que todavía no reunió clareza y impulso para afirmar plenamente su vocación transformadora.
El futuro de la democracia en Latinoamérica
Encuesta de importancia histórica efectuada por la ONU, coordinada por el cientista político Guillermo O’Donnell, fundamenta la crítica a las reformas neoliberales y propone nueva agenda democrática para el continente.
¿Cuánta pobreza y cuánta desigualdad toleran las democracias? Esta podría ser considerada la cuestión base norteadora al reporte «La Democracia en Latinoamérica» elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estrenado mundialmente el 21 de abril de este año. Coordinado por el cientista político argentino Guilhermo O’Donnell, el documento dispone una pesquisa compuesta de dos partes. En la primera se colectan una serie de datos considerados «Indicadores del Desenvolvimiento Democrático» abarcando aproximadamente 200 variables en series cronológicas desde 1990. La segunda parte contiene informaciones resultantes de un «Estudio de Opinión acerca de la Democracia» compuesto por encuestas realizadas en 18 países latinoamericanos. Partiendo de estos datos el «Informe» propone realizar un análisis sobre el estado de la democracia en Latinoamérica, identificando sus problemas principales y contribuyendo para el debate acerca de una agenda para nuevas reformas de desarrollo.
En términos analíticos, el reporte se presenta como una importante fuente de reflexión sobre los dilemas y desafíos para la consolidación democrática al reponer y actualizar temas presentes en la tradición clásica de la Comisión Económica para la América Latina y Caribe (CEPAL), órgano de la ONU que creó la teoría del desarrollo para Latinoamérica, y en el pensamiento autónomo latinoamericano en por lo menos tres momentos.
En primer lugar, percibiendo la singularidad del contexto latinoamericano en relación con los países centrales, resultante de la convivencia simultanea de democracia electoral, pobreza y alto índice de desigualdad. En segundo lugar, al identificar la desigualdad estructural como elemento fundamental de esta particularidad, lo que significa decir que hubo un desarrollo desigual de los denominados derechos políticos, civiles y sociales en las sociedades latino-americanas. En tercer lugar, criticando los límites de un liberalismo económico para abarcar la cuestión del desarrollo económico y de un liberalismo político centrado en voto para resolver la cuestión del desenvolvimiento democrático.
En contexto político y económico actual vivido en Latinoamérica, por lo menos otros dos logros analíticos realizados por el informe de la PNUD merecen destaque. El primero dice respecto al reconocimiento de que la pobreza y la desigualdad que asolan la región no deben de ser vistas solamente como problemas sociales, pero también como «déficit democrático» pues estos problemas se relacionan las esperanzas y expectativas a ser cumplidas por la democracia. En segundo lugar, y como consecuencia del anterior, el documento preconiza la necesidad de la viabilidad económica de la democracia. Mientras tanto, el camino para garantizar esta viabilidad, al contrario de lo que pasa durante los últimos años, también debe de ser construido democráticamente y no por algunos técnicos y especialistas. Esto significa que las políticas económicas neoliberales de los últimos años son antidemocráticas no apenas por sembrar el aumento de la pobreza y de la desigualdad, pero también por no poner su planeamiento económico en proba de la voluntad democrática de las mayorías.
Neoliberalismo y reforma autoritaria
Durante los últimos veinte años, Latinoamérica vivenció dos grandes movimientos de reformas. El primero, en la década de 1980, consistió en la onda democrática después de los regímenes autoritarios del periodo anterior. El segundo, realizado en la década de 1990, se consistió en el «ajuste estructural» con el objetivo de desreglamentar la economía y liberar el mercado. El primer movimiento tubo como resultado la creación de una «democracia electoral» y sus libertades básicas en Latinoamérica. Por democracia electoral, el informe entiende las libertades y el derecho de decidir y escoger aquellos que irán tomar los cargos públicos. A esa altura, el avance alcanzado en los últimos años es innegable. No sólo el derecho al voto a sido sensiblemente ampliado como las elecciones se tornaron transparentes. Entre 1990 y 2002 hubo un total de 70 elecciones nacionales siendo que en trece casos hubo incertidumbres en relación con su transparencia y en apenas dos, República Dominicana en 1994 y Perú en 2000, la comunidad internacional consideró los problemas como graves. Todavía, esta «democracia electoral» que se está consolidando en los últimos años necesita avanzar, según el reporte, para una «democracia ciudadana» en que el conjunto de los derechos políticos, civiles y sociales se tornen efectivos. Esto no significa disminuir la importancia de las libertades y conquistas democráticas logradas hasta aquí, pero el reconocimiento de que todavía ha mucho que desenvolver con relación a los derechos civiles y sociales en Latinoamérica. Derechos los cuales son constantemente barrados por la grave situación de pobreza y desigualdad. Latinoamérica ofrece, así, la existencia simultanea de libertades políticas con severas privaciones materiales de gran parte de la población.
Es este contexto que define la originalidad de las democracias latinoamericanas expresada en un triángulo instable: democracia electoral, pobreza y desigualdad. Por la primera vez, una región en desenvolvimiento con sociedades profundamente desiguales está totalmente organizada por regímenes democráticos. Situación instable porque, obligada a convivir con la pobreza y la desigualdad, la democracia se queda en riscos más nuevos y complejos que los tradicionales golpes militares. Los datos sobre la percepción de los latinoamericanos en relación con la democracia muestran que 57% de los latinoamericanos prefieren la democracia a otra forma de gobierno. Este soporte, mientras tanto, es limitado una vez que 48,1% de los entrevistados dijeron preferir desarrollo económico a la democracia y 44,9% apoyarían gobiernos autoritarios si estos resolvieran los problemas económicos. O sea, una parte importante de los latinoamericanos valoriza más el bienestar social que la democracia.
Este cuadro permitió la construcción de una tipología de tres orientaciones básicas con relación a la democracia por parte de la pesquisa: demócratas, ambivalentes y no demócratas. El resultado final clasificó 43% de los latinoamericanos como demócratas, 30,5% como ambivalentes y 26,5% como no demócratas. Esto significa que la existencia de una mayoría que apoye la democracia depende de la capacidad de que los demócratas de atrair a su lado los ambivalentes, hecho que depende fundamentalmente de la capacidad de la democracia de garantizar el bienestar social para el universo de sus ciudadanos.
De esta forma, el reporte procura llamar atención para la necesidad de construirse la viabilidad económica de la democracia, o sea, construir bases sólidas de una economía que permita atacar la pobreza y la desigualdad. Para tanto, se muestra una tarea urgente la de superar las reformas de «ajuste estructural» neoliberales realizadas en los últimos años. Los datos de la pesquisa muestran que las reformas económicas de los últimos años no sólo no incentivaron el desenvolvimiento y la disminución de las desigualdades sociales, como en algunos casos empeoraron la situación. En 1980, diez años antes de las reformas, el PIB per capita de un latinoamericano era de 3.739 dólares. En 2000, cuando mucho ya se había avanzado en las reformas, el PIB per capita era de 3.952. En 1990, el porcentual de pobres, ponderado por el tamaño de la población, era de 46%. Entre 1998 y 2001, este número bajó poco, atingiendo 41,8%. En términos absolutos, todavía, el número de personas que se situaba debajo de la línea de la pobreza aumentó de 190 millones en 1990 para 209 millones en 2001. también no se redujeron los niveles de desigualdad. En 1990, los 10% más ricos de la población latinoamericana tenían 25,4 veces la renta de los más pobres. En 1999 esta relación era de 27,4 veces más grande.
¿Qué concluir de estos datos? Que las reformas neoliberales de los últimos años no sólo dificultan el avance para una «democracia ciudadana» como también instauran una dinámica incompatible con las libertades democráticas ya conquistadas.
Constantemente estos programas han sido aplicados ignorando las voluntades de los ciudadanos y sus libertades democráticas de elegir, o sea, ignorando la propia existencia de la democracia como si los dolorosos procesos de ayuste no precisaran pasar por la aprobación de las voluntades de las mayorías democráticas. Como resultado, la aplicación de estas reformas autoritarias, travestidas de «responsables», pone como natural implementar programas sin el apoyo de la población o hasta mismo contra su voluntad.
Una nueva agenda
La supervivencia de la democracia en Latinoamérica depende de que las esperanzas de aquellos que en ella apostaron sean cumplidas. Para que esto ocurra, todavía, es necesario un Estado suficientemente fuerte a fines de transformar los derechos democráticos en realidad efectiva. Por eso mismo, el «Informe» diagnostica una «crisis de estatalidad» en la política latinoamericana, resultante de la ineficacia del Estado en efectivar los derechos democráticos y, por consecuencia, del descrédito de los ciudadanos en relación con las instituciones.
Para contornear esta crisis se hace necesaria la creación de una agenda para una «nueva estatalidad» que el reporte del PNUD realiza partiendo de la crítica a la visión limitada de concebir la democracia latinoamericana independientemente de su economía o pensar la economía independientemente de la democracia. Se trata de oponer a la concepción de que «en las cuestiones técnicas no se votan» la idea de que «el bienestar de una sociedad no se decide en laboratorios de técnicos». Esto significa decir que el debate sobre la estabilidad democrática no debe de ignorar la pobreza y la desigualdad existentes en el plan económico, como también las políticas de crecimiento económico no deben de ignorar que, mismo pobres y desiguales, los ciudadanos deben de tener el derecho de usar su libertad para aceptar o recusar estas políticas. Contra esta visión autoritaria, el reporte sostiene que sólo con más y mejores democracias las sociedades latinoamericanas podrían ser más igualitarias y desarrolladas. O sea, los principales desafíos a las democracias latinoamericanas en la actualidad – pobreza y desigualdad -, sólo pueden ser vencidos a través de la propia democracia. Para que esta se concretice, por su vez, es preciso un modelo de Estado capaz de garantizar seguridad y bienestar social a sus ciudadanos, reglamentar las fuerzas del mercado y nortear un proceso de crecimiento compatible con las exigencias democráticas.
La supervivencia y el desarrollo de la democracia en Latinoamérica dependen fundamentalmente de la realización de sus promesas no cumplidas. De esta forma, la implementación de una nueva estatalidad se pone como cuestión urgente a fines de evitar que las esperanzas en ella depositadas sean malogradas y terminen trágicamente.
El gobierno Lula y la democracia digital
Importante el anuncio del gobierno de que hará oficial, en junio de este año, la preferencia por el software libre con licencia pública en la máquina administrativa. En este mes, la edición de una cartilla transformará en regla la opción del gobierno por el código abierto, con acceso a la fórmula del programa, en la administración pública. Tal medida se presenta como un paso importante en la pelea contra los monopolios financieros en los sistemas operacionales de informaciones, como el de la Microsoft, al mismo tiempo cuando señaliza la sintonía del gobierno con importantes movimientos de pelea por la democratización del acceso a la información en el mundo contemporáneo.
En su libro Software Libre: la pelea por la libertad del conocimiento (Editora Fundación Perseu Abramo), Sérgio Amadeu da Silveira busca explanar didácticamente la diferencia entre el software libre y el software propietario a través de la alegoría de la recepta de pastel. Una recepta es un conyunto de ideas o informaciones, de la misma manera que un software. Para el software propietario, la empresa que detiene su copyright vende una tajada de pastel sin decir la recepta, ya que solamente la empresa domina su código-fuente. Tratase de un modelo de desarrollo y distribución basados en licencias restrictivas de uso que alimentan la Microsoft con la cobranza de los derechos de uso. El software libre, por su vez, se basa en un modelo diferente ya que ha libertad de usar y desarrollar su esencia. En este caso, el sistema puede ser perfeccionado por todos, una vez que su código-fuente es abierto. De esta forma, la recepta de pastel, o sea, el conocimiento del sistema es compartido por todos. El Linux es el más conocido de este tipo de sistema.
Con la adopción del sistema de software libre el gobierno pretende ahorrar, en el largo plazo, por lo menos 80 millones de reales (US$ 26 millones)[9] por año, que es el gasto actual tenido con el pago de royalties a la Microsoft. La intención del gobierno es concluir hasta fines del año la migración del sistema operacional en cinco ministerios: Ciencia y Tecnología, Cultura, Educación, Relaciones Exteriores y Minas y Energía. Algunos expertos apuntan el Linux como no ventajoso, pues ha la necesidad de gastos con la calificación de profesionales para abordar con este sistema. Estos costos, todavía, tienden a caer con su popularización.
Mas allá del argumento económico también ha que decir que la opción por el sistema de software libre se justifica como un importante posicionamiento político a favor de un modelo de conocimiento compartido y democrático en que los avances del conocimiento científico puedan beneficiar la mayoría de la humanidad y no apenas algunos grupos financieros.
Notas
[1] N.T.: PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), centro-derecha, del anterior presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso (1994-2002)
[2] N.T.: Regina Duarte es una de las actrizes más populares de la TV y teatro brasileños, quien apoyó abiertamente al PSDB en las ultimas elecciones presidenciales.
[3] N.T.: O Globo, uno de los mayores periodicos del estado de Rio de Janeiro, tendencia conservadora. Site: http://oglobo.globo.com/jornal/
[5] N.T.: Miguel Rossetto (Ministro de Desarrollo Agrario), Celso Amorim (Ministro de las Relaciones Exteriores), Marina da Silva (Ministra Del Médio Ambiente), Dilma Roussef (Ministra de la Ciencia y Energia), José Dirceu (Ministro Jefe de la Casa Civil de la Presidência)
[6] N.T.: PMDB (Partido del Movimiento Democratico Brasileño), centro-izquierda, compone la base aliada del gobierno Lula.
[7] N.T.: Mercosur (Mercado Común del Sur), constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Fue creado en el 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción. Site: www.mercosur.org.uy
[8] N.T.: «… a esperança/ Dança na corda bamba de sombrinha/ E em cada passo desta linha pode se machucar/ Azar, a esperança equilibrista / Sabe que o show de todo artista / Tem que continuar…». Aldir Blanc y João Bosco, dos cantantes que formaran en los años 70 una de las duplas más bien sucedidas en la MPB (Música Popular Brasileña).
[9] N.T.: US$ 1 = R$ 3,087 (01/07/2004)
Traducido por Heyd Más