Recomiendo:
0

El PT es un brazo del Estado para realizar funciones estatales. Entre las cuales la primera de todas: el control de la sociedad

¿Tiene fin la crisis?

Fuentes: Portal Popular

Las paradojas no paran de proliferar: en el poder, el Partido de los Trabajadores paga mensualón [sobre mensual] a los diputados de la derecha para que voten leyes neoliberales. El presidente reconoce que su partido tiene una caja B, pero no admite que nadie pueda discutir ética con él. El PSDB pide apurar rigurosamente las […]

Las paradojas no paran de proliferar: en el poder, el Partido de los Trabajadores paga mensualón [sobre mensual] a los diputados de la derecha para que voten leyes neoliberales. El presidente reconoce que su partido tiene una caja B, pero no admite que nadie pueda discutir ética con él.

El PSDB pide apurar rigurosamente las denuncias, pero no acepta que el esquema de Marcos Valério nació en la era de Fernando Henrique Cardoso. El gobierno sigue la pauta de la ortodoxia capitalista, pero quiere el apoyo de los obreros, de los movimientos sociales y del pueblo en general.

La elite brasilera prefiera un obrero a un empresario en la Presidencia. Lula acusa a «las elites» de querer desestabilizar a su gobierno, mientras el corresponsal del New York Times escribe: «Si hay una conspiración en el país, ella es comandada por la oposición y grandes empresarios de Sao Paulo (que buscan) mantener a Lula en el poder y no tirarlo:»

La mayor paradoja, entonces, es el consenso de que la crisis nada tiene que ver con la economía, lo que exige de todos un esfuerzo «cívico» para circunscribirla a la esfera jurídico-política y moral: se impone como consecuencia la idea de que se trata de una desviación que podría ser curada con una «reforma política», y hasta por la ¡desconstitución de la Constitución! Cuando en verdad, la cuestión es lo opuesto: si la política hoy se reduce a una escena grotesca – que tiene que ver como trama central la descalificación de la representación política, la desmoralización de la izquierda en el Brasil y, con ella, la liquidación de la resistencia al neoliberalismo – es porque fue sometida a los dictados del mercado.

No hay «refundación» del PT, castigo «ejemplar» de los diputados, o «transparencia» en los gastos de campaña que puedan dar cuenta del recado. En lugar de la prevención del Estado por el PT, ocurre lo contrario; el partido fue aparejado por el Estado, y no pasa de un brazo de este para la realización de funciones estatales. Entre las cuales la primera de todas: el control de la sociedad.

No deja de ser irónico constatar que Lula llegó «allá» por las mismas manos del marketinero que ahora contribuye para destituirlo. Se sabe que el presidente petista optó por profundizar la implantación de la lógica neoliberal de sus antecesores; pero no se ve mencionado que el partido había comenzado a abrazarla al sustituir a la política por el marketing. Pues fue en la estrategia de sus campañas que el líder del PT se rindió al neoliberalismo. Siempre se precisó de dinero para ganar elecciones; en tiempos neoliberales, sin embargo, el proceso exige mucho dinero.

El problema es insalvable, torna la corrupción endémica y se agrava porque la relación marketing-corrupción no se restringe al campo electoral si pensamos, con Deleuze, que, en el capitalismo actual, la corrupción gana una nueva potencia cuando el marketing se torna «el instrumento de control social y forma la raza imprudente de nuestros señores». En ese sentido, el «timing» de los electores y militantes del PT está atrasado: el «escándalo» mayor no reside en la revelación de las estafas, escandalosa no es la desconstrucción del PT, sino la construcción de la victoria de Lula y de su gobierno sobre bases neoliberales.

Parafraseando al filósofo, sólo existe una verdad universal en el capitalismo contemporáneo: el mercado. Por eso mismo, el neoliberalismo considera que el Estado no debe gobernar para la sociedad. Nunca está demás repetir: se trata de gobernar para el mercado, y por causa de el, lo que implica regular la sociedad para que se incline a los intereses económicos.

Es lo que el presidente y su «staff» venían haciendo escrupulosamente, incluso cuando fueron comprados votos para obtener la aprobación de la Ley de la Previsión y de la Ley de Bioseguridad. Mientras tanto, gobernar para el mercado tiene el gravamen que no parece haber sido bien comprendido: en la medida en que la política consiste en no tener política, se hace imposible servir al mercado y, al mismo tiempo, pretender monopolizar en el plano político la intermediación de sus intereses.

En ese sentido, el conflicto Palocci/Dirceu, que alimentó la sorda lucha palaciega por el poder hasta la eclosión del escándalo, puede ser visto como la expresión de esa incompatibilidad y sugiere, el carácter anacrónico de la iniciativa de aparejar el Estado, cuyo riesgo sería la emergencia de una instancia con alguna autonomía en relación al mercado.

La crisis es un episodio de una especie de «golpe de Estado permanente» perpetrado por el mercado contra las instituciones republicanas y democráticas. Hace ya algún tiempo el capitalismo se viene demostrando incompatible con la democracia. En la periferia, tal incompatibilidad se reviste de tonos dramáticos, pues el aceleramiento permanente de la economía no se compatibiliza con las instituciones políticas, cuya tarea es, precisamente, regular la economía.

Por lo tanto, cuando todos concuerdan en evitar la contaminación de la economía por la política, están apenas preparando la próxima crisis. Los políticos y los gobiernos parecen mariposas: vuelan en dirección aquello que los quema y los torna descartables. Veamos en que está la crisis: el blindaje del presidente parece urgente cuando ya no es necesario, pues el impeachment político ya fue decretado. Le faltan las formalidades jurídicas que, todavía, buscan evitar las repercusiones económicas. ¿Quién gobierna? La respuesta está ahí atrás: el mercado.

* Francisco «Chico» de Oliveira, economista y sociólogo, profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la USP, y coordinador científico del Centro de Estudios de los Derechos de la Ciudadanía de la USP. Laymert Garcia dos Santos, sociólogo y profesor titular del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Unicamp (Universidad Estadual de Campinas).

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa