Con la entrada en vigor de la desgravación arancelaria a los productos agrarios procedentes de Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) confirmó al pueblo mexicano que el país esta perdiendo su independencia económica y política, a favor de los únicos beneficiarios: el vecino norteamericano y las compañías […]
Con la entrada en vigor de la desgravación arancelaria a los productos agrarios procedentes de Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) confirmó al pueblo mexicano que el país esta perdiendo su independencia económica y política, a favor de los únicos beneficiarios: el vecino norteamericano y las compañías transnacionales.
La medida, que se hizo efectiva el primero de enero de 2008 permite, según lo pactado, la plena liberación del comercio de maíz, frijol, azúcar y leche entre los países firmantes del TLCAN, establecido en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá.
El contundente golpe a la empobrecida economía agraria azteca, provocó numerosas declaraciones de instituciones políticas y sociales que se oponen al Tratado, mientras más de 60 organizaciones realizaron del 22 al 26 de enero marchas que partieron desde todos los puntos del territorio y concluyeron en la Plaza del Zócalo, de la capital, para reclamar la renegociación del TLCAN y defender el derecho de los agricultores nacionales afectados.
El subsecretario ded Agricultura de Estados Unidos, J.B. Penn, había negado en abril de 2007, la posibilidad de renegociar ese capítulo. Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, Penn expresó: «Este acuerdo fue establecido hace muchos años, ha sido un muy buen acuerdo y esperamos que sea implementado por completo». Cerraba así cualquier negociación al respecto.
La competencia entre agricultores mexicanos y estadounidenses resulta completamente desigual pues los primeros cosechan sus productos en forma manual, con tecnologías atrasadas y poco apoyo del gobierno; en cambio los segundos disfrutan de subvenciones millonarias que les permiten adquirir todo tipo de semillas, implementos y equipos de avanzada, y de esa forma abaratar el precio de sus mercancías.
Ana de Ita, investigadora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) afirma que «la nación azteca es un ejemplo histórico de los efectos que causa la liberalización agrícola a ultranza, en un mercado agrícola internacional organizado a partir de la protección estatal y los subsidios, en donde los precios se igualan sin importar las diferencias en costos de producción, rendimientos o subsidios a la agricultura y dan rentas extraordinarias a quienes pueden producir al menor costo».
La mayoría de los productos agropecuarios fueron liberalizados en el año 2003, pero los «sensibles» que en el caso de México son el maíz, frijol y leche en polvo descremada contaban con una protección «extraordinaria» hasta inicio de 2008. De todas formas, el gobierno mexicano decidió favorecer a los importadores y en muchos años no utilizó la protección a la que tenían derecho estos tres productos.
El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el Estado fue aprovechado por empresas trasnacionales subsidiarias de firmas estadounidenses, muchas de las cuales se vincularon a partir de fusiones o compra de acciones con las empresas mexicanas más fuertes.
El déficit de la balanza alimentaria mexicana durante los años del TLCAN promedia los 1,300 millones de dólares y desde el 2001 se mantiene entre los 2,000 y 2,500 millones de dólares.
Uno de los principales compromisos del TLCAN fue el «trato nacional» a los inversionistas extranjeros (Capítulo XI), que obligó a México a cambiar su legislación sobre inversión. El TLCAN fortaleció los derechos de los inversionistas extranjeros para retener las ganancias de sus inversiones iniciales.
La investigadora Ana de Ita subraya que las importaciones de maíz sistemáticamente han rebasado la cuota negociada y las excedentes no han pagado el arancel correspondiente lo cual implicó la eliminación de la protección para alrededor de 3.2 millones de productores.
Asimismo, a partir de 1999, el gobierno eliminó la empresa estatal Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares), encargada de regular el mercado de los granos básicos en apoyo a productores y consumidores. Esa decisión dejó a los productores en manos de un reducido número de grandes empresas transnacionales, únicas compradoras de sus cosechas: Maseca, Minsa, Cargill, Arancia, y Archer Daniels Midland (ADM). Estas empresas son también las principales importadoras y las principales exportadoras de Estados Unidos.
Cargill, ADM y Zen Noh controlan el 81% de las exportaciones de maíz de Estados Unidos. En los últimos años absorbieron una buena proporción de los subsidios que otorga el gobierno mexicano para la comercialización de excedentes de maíz. El mercado privado de maíz se consolida velozmente, a la par que las transnacionales de los dos países fortalecen su integración, a costa de los productores.
El maíz y el frijol son la base fundamental de la alimentación de millones de personas en México. La Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) indicó en un estudio que desde la entrada en vigor del TLCAN, el campo atraviesa por la crisis más severa de su historia y la nación ha perdido 161 millones de dólares por omitir solo el cobro arancelario a las importaciones de frijol de Estados Unidos y Canadá.
En 1978 el país se autoabastecía de frijol y exportó 130 000 toneladas. En los últimos años ha tenido que importar como promedio entre 160 000 y 180 000 toneladas debido a la desatención al campesinado que provoca baja productividad por insuficiencias materiales y de nuevas tecnologías. A partir de la década de 1980 México se convirtió en importador de este producto y actualmente es el sexto país comprador en el mercado internacional, y Estados Unidos su principal abastecedor.
Las transnacionales de Estados Unidos controlan totalmente las importaciones que realiza México de los tres principales granos de consumo nacional: maíz, frijol y sorgo; detentan el 90 % de las compras externas de soya, carne, arroz, edulcorantes y otros, y tienen la mayor parte del mercado de bienes agroindustriales con lo que han provocado la quiebra de los productores nacionales.
Investigadores de varias universidades mexicanas como Alma Ayala Garay aseguran que aproximadamente emigran al año 50 000 habitantes de las zonas rurales y de esos, muchos se dedicaban a los cultivos de frijol y maíz. La gente joven se aleja ante la falta de actividad en la parcela ya que los resultados no son suficientes para vivir y desarrollarse con sus familias. Además, se han perdido en el campo 2 550 000 puestos de trabajo.
El destino obligado para la mayoría es tratar de cruzar la peligrosa frontera y venderse como mano de obra barata en los campos de Estados Unidos. A principios de 2007, la tortilla registró una violenta alza de precios al pasar de 6 pesos, a de 8.50 pesos, y en la actualidad se ubica entre 10 y 11 pesos, lo cual desplomó el poder de compra de los salarios. La crisis de la tortilla es la muestra del fracaso de las políticas neoliberales para la agricultura y la alimentación, que han impulsado desde hace 25 años los sucesivos gobiernos.
Datos de organismos internacionales informan que de los 105 millones de habitantes mexicanos, 53 millones se encuentran en un deplorable estado de pobreza e insalubridad que se compara solo con los países más pobres del mundo.
Las políticas neoliberales y de privatizaciones agudizaron la situación en las zonas pobres mexicanas. De esa forma, 11 estados de los 31 existentes en México aparecen con elevados por cientos de pobreza: Chiapas 72,1; Oaxaca 68,8; Veracruz 59,2; Tabasco 59,8; Hidalgo 59,2; San Luis Potosí 57,3; Puebla 56,4; Zacatecas 55,1; Yucatán 54,8; Campeche 54,1, y Michoacán 51,2.
En definitiva, el TLCAN ha servido para que la producción e importación de productos mexicanos sea controlada por compañías norteamericanas en detrimento de los campesinos y del pueblo azteca.