El sitio web de la señora Susan Schwab, representante comercial del presidente Bush, registra varios tratados de libre comercio (TLC) en vías de negociación y aprobación (con Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Corea, Lesotho, Malasia, Panamá, Tailandia y los países del Africa austral – Botswana, Namibia, Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia). Uruguay no está entre ellos. Y […]
El sitio web de la señora Susan Schwab, representante comercial del presidente Bush, registra varios tratados de libre comercio (TLC) en vías de negociación y aprobación (con Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Corea, Lesotho, Malasia, Panamá, Tailandia y los países del Africa austral – Botswana, Namibia, Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia). Uruguay no está entre ellos.
Y por dos buenas razones. La primera es que el gobierno uruguayo aun no ha decidido si quiere un TLC u otro tipo de acuerdo menos estricto (que Estados Unidos no quiere). La segunda es que el plazo otorgado por el Congreso al presidente para presentar este tipo de tratados vence a medidados del año que viene, lo que quiere decir que hay pocos meses para negociar un acuerdo que normalmente lleva varios años.
Antes de decidirnos a negociar un acuerdo contra reloj, con el riesgo consiguiente de cometer errores que podrán ser irreparables, los uruguayos debemos sacar bien las cuentas y balancear la zanahoria contra el garrote, potenciales ganancias y pérdidas del TLC. De un lado la esperanza de mayor acceso al mayor mercado del planeta, del otro no sólo la apertura a productos estadounidenses sino también la imposición de normas mucho más estrictas de propiedad intelectual (no sólo va a desaparecer Cinemateca Uruguaya, sino también toda la industria farmacéutica nacional), la obligación de no discriminar a productos y empresas de ese país en las compras del Estados (incluyendo entes y municipios, con lo que se amputa un brazo esencial para cualquier intento de promover al «país productivo» desde el gobierno) y la apertura de los servicios a la competencia (incluyendo finanzas, telecomunicaciones y agua, lo que a su vez podría requerir una reforma constitucional).
Si la lista de concesiones a hacer es abrumadora, las expectativas de qué puede ganarse en el área agrícola no son para hacer saltar de alegría. Para empezar, la señora Schwab está impedida por ley (la llamada Bipartisan Trade Promotion Authority Act de 2002) de firmar un TLC que contenga reducciones tarifarias a productos agrícolas más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio. Y, como se sabe, la Ronda de Doha de la OMC acaba de fracasar por la negativa estadounidense a hacer concesiones en el área agrícola.
Si no vamos a obtener reducciones tarifarias ni, menos aún, cortes en los subsidios estadounidenses a su agricultura, toda la esperanza está cifrada en la ampliación de las cuotas. No va a ser fácil.
Australia, país desarrollado con mucho mayor poder de negociación que Uruguay, firmó en 2005 un TLC con Estados Unidos. A pesar de que su gobierno reiteradamente anunció que «sin azúcar no hay acuerdo», la cuota azucarera australiana de 87.402 toneladas por año no se movió un pelo.
Al igual que Uruguay, Australia tiene en la carne su principal producto de exportación a Estados Unidos. Allí sí el gobierno australiano logró negociar un aumento de 18.5% en sus cuotas. Pero sólo en el área de carne manufacturada (picada para hamburguesas o comida de mascotas) y diferido de cómodas cuotas a lo largo de 18 años. Según análisis de economistas australianos, el beneficio del TLC para los ganaderos será media vaca exportada más por estancia y por año. Y Estados Unidos se reserva el derecho de aplicar salvaguardas y subir de nuevo las tarifas si, por algún motivo, los precios de la carne australiana bajan sorpresivamente.
En contrapartida, Estados Unidos, el principal exportador agrícola del mundo quiere unos TLC que, según el testimonio de la vice-representante comercial, Karan Bathia, ante la comisión de relaciones internacionales de la cámara baja en Washington, «creen oportunidades para los granjeros estadounidenses, los trabajadores y los empresarios». En ese orden. La «granja» (léase agroindustria) primero.
Asíi, por ejemplo, el TLC de Estados Unidos con México dispuso la liberalización total de los productos agrícolas para 2008 (con 15 años de ajuste para el maíz y los frijoles). Las importaciones realizadas por México de maíz que es su principal producto agrícola, se triplicaron y el precio interno cayó. Las importaciones de soja, trigo, pollos y carne vacuna crecieron 500% desplazando la producción mexicana. Crecieron, si, las exportaciones mexicanas de frutas y vegetales, pero no lo suficiente como para compensar y México perdió 1.700.000 puestos de trabajo rurales desde la entrada en vigor de su TLC.
Capaz que, contra lo que se dice, no es ideología y manifiestos lo que los ministros ponen arriba de la mesa al discutir TLC, sino calculadoras…
Roberto Bissio, director del Instituto del Tercer Mundo