Desde un principio, los más enconados críticos del Tratado de Libre Comercio afirmaron que las negociaciones eran una pantomima y que lo que en realidad estaba ocurriendo era una imposición de los términos por parte de los Estados Unidos para ampliar el espectro de su mercado. Los voceros del gobierno y de los gremios económicos […]
Desde un principio, los más enconados críticos del Tratado de Libre Comercio afirmaron que las negociaciones eran una pantomima y que lo que en realidad estaba ocurriendo era una imposición de los términos por parte de los Estados Unidos para ampliar el espectro de su mercado. Los voceros del gobierno y de los gremios económicos nacionales desmintieron esa versión y señalaron que Colombia actuaba en las mesas sin presiones y sin amenazas. Pero ese discurso se desmoronó cuando un alto funcionario de la Embajada reveló lo que hasta ese momento era un término de confidencialidad: si los colombianos no firman se les suspenden los beneficios del Aptdea.
Este episodio es altamente revelador, dado que demuestra que la famosa cláusula de la confidencialidad firmada entre los dos gobiernos, tiende un manto de dudas sobre lo que realmente se debate en los distintos encuentros y no le permite a los ciudadanos conocer cuáles son los alcances de las negociaciones y hasta dónde se comprometen los intereses nacionales.
Bastante extraño, por decir lo menos, es que los negociadores colombianos no contribuyan a que la opinión pública sepa con certeza lo que verdaderamente está en juego, y ella deba enterarse de los acontecimientos cuando algún funcionario deja filtrar ciertos episodios que demuestran que en las mesas sí hay amenazas y presiones.
Incluso, un destacado miembro de la bancada uribista en el Congreso, el Senador Carlos García, denunció que el gobierno negoció en secreto con Estados Unidos unos términos del Tratado iguales a los que firmó Chile, con las consecuencias sociales y económicas que ello implica. Si son ciertas estas revelaciones, el equipo que representa a Colombia habrá cometido una alta traición a los intereses del país, y sería necesario adelantarle un juicio de responsabilidad política al presidente Uribe.
Mientras se empieza a develar la agenda oculta del Tratado de Libre Comercio, se presentan acontecimientos que demuestran que ya no existe unanimismo en torno a las políticas de gobierno y que los críticos de la firma de este acuerdo ya no son únicamente los moirosos, socialistas, comunistas, sindicalistas, académicos y estudiantes revoltosos. En el equipo que empieza a hacer manifestaciones en contra o que pone en duda ciertos beneficios del Tratado están expresidentes, exministros, líderes gremiales y funcionarios públicos, quienes representan el Establecimiento y hacen parte de los élites económicas y políticas.
Sorprende escuchar de labios del expresidente César Gaviria que el TLC «no es la panacea del desarrollo económico del país» y que «los más vulnerables con el Tratado serán los trabajadores no calificados» La sorpresa surge por la coincidencia en el análisis y en los términos de personajes tan disímiles como Gaviria y el senador Jorge Enrique Robledo.
Pero hay más coincidencias. El exministro Juan Camilo Restrepo expresa con cierto nivel de decepción que «Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, y la extravagante condición de supeditar las preferencias del Aptdea a la firma atropellada de un acuerdo así lo está demostrando», es como si estuviéramos escuchando el fogoso e incendiario discurso del líder agropecuario Aurelio Suárez.
Otras posiciones de la dirigencia nacional dejan al desnudo que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio están creando un ambiente hostil en nuevas esferas de la vida nacional y que las cosas no marchan tan bien como lo han querido hacer creer los representantes de Colombia. Estos ejemplos apenas son una muestra reducida de la dimensión de los acontecimientos: «Si Colombia no obtiene unas condiciones aceptables en agricultura y propiedad intelectual, el país no puede aceptar tal situación», dijo el presidente de Acopi Juan Alfredo Pinto, mientras que el Ministro Carlos Gustavo Cano aseguró que «Colombia no negociará el tratado con Estados Unidos en medio de la prisa o la precipitación», al saberse de presiones gringas para que el TLC esté suscrito en marzo de 2005 y sea refrendado ese primer semestre por ambos congresos.
Lo que está empezando a quedar claro es que el TLC es un acuerdo asimétrico que beneficia a Estados Unidos. No es cierto que Colombia esté preparada para enfrentar a las grandes corporaciones económicas americanas y para subyugar una economía agropecuaria altamente subsidiada. Quienes defienden internamente la teoría de que posemos una alta competitividad mienten.
Para entender claramente de lo que se trata este acuerdo, es necesario entender lo que dice el Premio Nobel de Economía Manfred A. Max-Neef, «Las reglas son profundamente antidemocráticas. Significan la total pérdida de soberanía de los países. Significan que intereses de corporaciones están por encima de leyes nacionales o regionales».
A pesar de todas estas consideraciones y advertencias, el tratado se firmará. No existe ninguna otra alternativa. La orden ya fue emanada desde Washington. Aquí lo único que se hace es la pantomima.
Humberto Tobón y Tobón es Comunicador Social y Economista. Especializado en Finanzas, Medio Ambiente y Ciencias Políticas.