TLC: ¿Tenemos los días contados?

Las paredes de Quito se han hecho famosas en los últimos años porque muchas «pintas» que se escriben en ellas, a la medianoche, evitando el control de policías y guardias privados, han sacado a la luz verdades silenciadas por el poder; y expresado las ilusiones o las preocupaciones de la población. En estos días las pintas quiteñas preguntan si con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que EEUU está impulsando con Colombia, Perú y Ecuador ¿tenemos los días contados? Al leerla, la sensación de sentencia de muerte aguardando a la vuelta de la esquina, es inevitable.

Desde que se anunció que iniciarían las negociaciones de un TLC con EUU, hace un año, el tiempo transcurrido ha servido para que cada vez más sectores sociales se den cuenta que los postulados del «libre comercio» son una falacia. Que EEUU no está dispuesto a hacer concesiones en materia comercial. Que la enorme asimetría entre los tres países andinos y EEUU le da a este país la capacidad de utilizar el TLC para imponer una estrategia de guerra vinculada al Plan Colombia, que avanza en forma paralela. Que este TLC es una de las versiones más agresivas de la matriz de tratados comerciales que EEUU ha firmado con otros países. Y que con este tratado se está construyendo el ALCA, fragmentando Latinoamérica a través de acuerdos bilaterales o sub-regionales.

«La carta a Papá Noel»

Entre quienes más saben de las enormes pretensiones de EEUU en el TLC Andino (llamado arbitrariamente «andino» a pesar de que dos de los cinco países miembros de la Comunidad Andina de Naciones no participan) están los propios negociadores oficiales. Cristian Espinosa, jefe del equipo ecuatoriano, comentó ante varios delegados empresariales que la propuesta de EEUU presentada sorpresivamente desde la primera ronda, en Cartagena, equivalía a la carta enviada a Papá Noel. [1]

Pero habría que aclarar que los negociadores estadounidenses no tienen en su agenda renunciar a ninguna de sus aspiraciones. Ellos saben que su gobierno, con sus distintos programas y mecanismos, tienen la fuerza para fungir de Noel… Una tras otra, las sucesivas rondas realizadas entre mayo y noviembre del 2004 (Cartagena, Chicago, Lima, Puerto Rico, Guayaquil, Tucson) han ido poniendo los puntos claros. Por ejemplo EEUU ha expresado desde el principio que no negociará en esta instancia la disminución o eliminación de sus subsidios agrícolas, sino en la OMC; tampoco cederá en sus demandas sobre Propiedad Intelectual, que incluyen: el patentamiento de plantas y animales, aumentar prácticamente al doble el tiempo del control monopólico de las medicinas por parte de sus empresas farmacéuticas y algo parecido respecto a los agroquímicos; además exige la eliminación de la franja andina de precios, mecanismo adoptado por todos los países miembros de la CAN para proteger la producción agrícola doméstica ante las variaciones de precios de los productos agrícolas importados.

Con la arrogancia de quien se sabe con la sartén por el mango, el equipo negociador de EEUU descalificó a un asesor en propiedad intelectual contratado por el equipo colombiano, y manejó a su antojo la agenda de la última ronda desarrollada en Tucson, reduciendo unilateralmente la negociación en el tema agrícola a apenas dos días, y limitando a mediodía las reuniones con cada país andino y un mediodía para la reunión conjunta.

Lo trágico de este proceso es que, realmente, lo que están negociando los equipos de los tres países andinos es prolongar el ingreso al mercado de EEUU de un puñado de productos de exportación como flores, atún, banano, ciertas frutas, espárragos (sin excepción, responsables de provocar impactos ambientales y sociales muy graves en los tres países) con las mismas preferencias arancelarias pactadas en el ATPDEA, que expira en el 2006, lo cual hasta ahora parece improbable o por lo menos con ese susto EEUU va obteniendo todas las renuncias imaginables de parte de los negociadores andinos, también vigilados desde adentro por los sectores exportadores interesados.

Esas renuncias significan para la gran mayoría de la población de los tres países, sufrir las consecuencias por ejemplo del ingreso de alimentos transgénicos, de maquinaria, textiles y neumáticos usados, que eufemísticamente son presentados como productos remanufacturados, o que la deuda externa sea considerada bajo las mismas condiciones y garantías acordadas para las inversiones extranjeras, lo cual implica la posibilidad de llevar a un arbitraje internacional — regido por reglas comerciales — cualquier controversia que surja respecto a la deuda, ya sea por razones de ilegitimidad, por ser deuda odiosa, etc.

Y no sólo esto. Para EEUU los tlcs representan oportunidades de profundizar el neoliberalismo en los países con los que cierran estos tratos. Robert Zoellick, el representante comercial de EEUU sostiene que con los tratados de libre comercio su país puede conseguir que los países en desarrollo hagan más reformas que con el FMI; y con el TLC andino, en particular, puede posicionar mejor su agenda militar en la sub-región porque para él este tratado es un «aliado natural del Plan Colombia». [2] Ciertamente, el tratado comercial y la agenda militar avanzan paralelamente.

Los presidentes andinos, en una clara muestra de que en esto hay poco de negociación y mucho de complicidad con la geopolítica estadounidense ya endosaron anticipadamente su apoyo al TLC. Lucio Gutiérrez, en momentos en que los medios de comunicación debatían la rigidez de EEUU en la mesa de propiedad intelectual y sobre los subsidios agrícolas declaró sin más que «la mejor alternativa al TLC es el TLC»; por su parte, Alejandro Toledo, semanas antes de ofrecerle a EEUU y a Colombia apoyo para su plan de seguridad hemisférica que incluye la regionalización del llamado Plan Patriota propuesto por Uribe dijo que «el TLC se firma, sí o sí».

Informe de la CEPAL y compromisos oficiales de corto plazo: sólo la punta del iceberg

Con un retraso de casi tres meses, la CEPAL dio a conocer los resultados de un estudio sobre impactos del TLC en Ecuador, el mismo que concluye entre otras cosas que los sectores productores de maíz y arroz, que concentran la mayor fuerza de trabajo, están entre los mayormente afectados.

El cultivo del maíz se realiza sobre todo en la región interandina donde representa el 32.6% de la economía regional y la mayoría de los productores son indígenas; de acuerdo con el último censo del 2000 el maíz se produce en más de 45.600 unidades productivas, de las cuales setenta por ciento son de subsistencia y asocian este cereal con otros productos que son básicos en la dieta local y nacional. El arroz, igualmente, es producido por un alto porcentaje de las 23.700 familias que manejan cultivos de subsistencia en gran parte de la zona costera y representa el 36.7% de la economía de esta región.

Estas cifras, que alertan sobre los altos riesgos de desplazamiento que pesa sobre miles de familias campesinas en el Ecuador por la competencia de productos similares y cambios en el agro generados por el TLC, no han movido la posición del gobierno a juzgar por la ausencia de pronunciamientos oficiales luego de la presentación pública del estudio.

El gobierno colombiano, en cambio, para evitar encender más el conflicto en el campo, sí se ha pronunciado a favor de medidas proteccionistas temporales mientras negocia la liberalización completa de ese sector donde viven doce millones de habitantes, según un reciente informe distribuido por la red colombiana de acción frente al libre comercio y el ALCA, Recalca. Este informe cita al ministerio de agricultura de ese país señalando que se elevará la protección a la producción nacional para algodón, frijol y pollo, se mantendrán cerradas las importaciones de leche y que desde octubre del 2004 y todo el 2005 no se importará un solo grano de arroz, y que fue prorrogada la medida que prohíbe la importación de maíz blanco.

Como la firma del TLC significará perder la facultad de adoptar disposiciones o normas que defiendan la producción nacional, los negociadores de EEUU reclaman al gobierno colombiano su ambigüedad y demagogia, y durante la ronda de Tucson argumentaron que Colombia no estaba lista para negociar el tema de agricultura.

De esta manera, ayudadas por la miopía y entreguismo de los negociadores oficiales andinos, las empresas agro-alimentarias de EEUU ven cómo se les va facilitando el camino para expandir el nuevo modelo agrícola biotecnológico controlado por ellas y asegurar la dependencia alimentaria de estos países.

Los derechos del inversionista extranjero, la carta destapada

En enero del 2004, las embajadas estadounidenses en Perú y en Ecuador advirtieron a los dos gobiernos que si esperaban sentarse a la mesa de negociación del TLC primero debían resolver problemas pendientes con empresas de EEUU. Nueve empresas en el caso peruano, al menos cuatro en el caso ecuatoriano. Ante tal presión sobre instituciones y leyes nacionales, es probable que algunas de estas cuentas se saldaron a costa de los fondos públicos. Si esto se lo hizo en forma legal y correcta es difícil verificar por ahora.

Pero hubo excepciones. Una de las empresas protegidas por la embajada de EEUU en Ecuador, Occidental Petroleum, después de oponerse a pagar el impuesto al valor agregado, IVA, en adquisiciones que no tienen relación con sus operaciones hidrocarburíferas, por ejemplo la compra de perros con pedigree, pelotas de fútbol y tenis, whisky, materiales para decoración de interiores, demandó al estado ecuatoriano en un tribunal de Londres y actualmente reclama 75 millones de dólares por devolución del impuesto. La Procuraduría apeló el laudo argumentando que esta empresa, además, había violado el contrato que tiene con el estado.

Este caso, que sigue abierto, despertó el interés de otras cincuenta empresas, incluyendo once petroleras, que también exigen que se les devuelva el IVA.

Además, destapó la estrategia de las corporaciones transnacionales de utilizar la vía de los arbitrajes internacionales, diseñados para favorecer a las empresas, y permitió advertir anticipadamente las reglas jurídicas del TLC para defender los derechos de los inversionistas. También quedó claro que la posición de EEUU es intervenir de varias maneras para que esos derechos sean plenamente garantizados y que sus empresas puedan operar con inmunidad e impunidad.

La estrategia de los arbitrajes internacionales también servirá para que las empresas resuelvan sus conflictos legales por casos de derechos humanos o ambientales, como se intentó con el caso Texaco buscando convertirlo en una demanda ante un tribunal internacional y permitirle a la Texaco pasar de acusada a acusadora.

No sólo la embajadora de EEUU en Ecuador, Kristy Kenney, presionó para que el caso Occidental quede resuelto, también el sub-representante comercial Peter Allegeier, segundo después de Zoellick, antes de la cuarta ronda realizada en Puerto Rico en agosto, amenazó con estancar las negociaciones del TLC si el caso no encontraba rápida salida. Como en Perú tampoco se han «resuelto» todavía los casos de algunas empresas, Allegeier afirmó que «EEUU no tendrá problemas en seguir el TLC sólo con Colombia».

En vista de que la cuarta ronda se llevó a cabo con los equipos negociadores de los tres países andinos, es de suponerse que a EEUU no le conviene abandonar el proceso.

Control de la biodiversidad e ingreso de OGM, los ases ocultos

El mismo día que la embajadora de EEUU en Ecuador presionaba al gobierno a favor de sus empresas, ella también se refirió a la necesidad de que se apruebe una ley de biodiversidad detenida en el Congreso Nacional por su controversial contenido. Días más tarde fue difundida (puesta al descubierto) la minuta de una reunión de trabajo sostenida a mediados de enero en las oficinas de The Nature Conservancy, TNC, en Quito, a la que asistieron delegados de USAID, Fundación Natura, Ecociencia, Fundación Rumicocha, y en cual acordaron una estrategia de baja y alta intensidad para lograr que el Congreso apruebe la mencionada ley en tiempo récord, 15 días, en base a presionar a parlamentarios y al Ministro del Ambiente y hacer un despliegue propagandístico a través de los medios de comunicación.

Varios artículos de esta ley posibilitan la entrega en concesión de las áreas protegidas del Ecuador y sus áreas de influencia a ONGs e institutos de investigación extranjeros para que hagan uso de los «bienes» y «servicios» que se encuentran dentro de ellas, desencadenando procesos agresivos de mercantilización de la naturaleza y venta de servicios ambientales que generarán desplazamiento de las poblaciones locales, desmantelando de hecho sus derechos territoriales, y harán más fácil el control de la biodiversidad y las fuentes de agua. Otros artículos de la ley hacen posible el ingreso de transgénicos.

En el tiempo transcurrido desde entonces organizaciones indígenas nacionales como la CONAIE han alcanzado una importante conciencia y movilización respecto a las amenazas de la ley y los peligros del lenguaje conservacionista neoliberal.

Por su parte, también las ONGs y la embajada de EEUU se han mantenido activas, por una parte promocionando ampliamente el mecanismo de venta de servicios ambientales a través de los gobiernos seccionales en varias provincias del país, a sabiendas que las jurisdicciones de estos poderes locales quedarían insertas en corredores biológicos diseñados por ONGs conservacionistas con sede principal en EEUU como WWF, Conservación Internacional, CI, y TNC y que enlazan áreas con alta biodiversidad no sólo dentro de un país sino a lo largo de varios países. Está por ejemplo el corredor Chocó-Manabí (Ecuador)-litoral norte de Perú; el Complejo eco-regional de los Andes del Norte, que abarcan los andes venezolanos, la sierra nevada de Santa Marta en Colombia, todo el callejón interandino ecuatoriano y el del norte peruano; el corredor en la zona de la cordillera del Cóndor, involucrando áreas amazónicas tanto de Ecuador y de Perú; el corredor marítimo Galápagos (Ecuador) – Gorgona y Malpelo (Colombia) – Coiba (Panamá) – Isla del Coco (C. Rica).

El TLC firmado — aún sin ratificar — entre EEUU y varios países centroamericanos incluyó en la mesa de Servicios a los servicios ambientales, con el carácter de trans-fronterizos. Al parecer esto permitirá que la apertura de los servicios ambientales al capital extranjero podrá hacerse considerando las características trans-fronterizas de los corredores

Por otra parte, ONGs conservacionistas más afines con las reglas del mercado han iniciado una campaña por la reglamentación del Protocolo de Cartagena sobre Bio-seguridad, con el afán de salvar la otra parte de la ley de biodiversidad, si no consiguen que ésta finalmente se apruebe.

¿Por las mañas, o por las malas?

Detrás del TLC, o junto a él, se juegan enormes intereses estratégicos del gobierno, las empresas y las ONGs de EEUU. En su defensa, como suele suceder, han salido algunos aliados internos planteando la posibilidad de pedir apoyo a EEUU para sofocar la conflictividad social en los tres países que negocian el TLC. [3]

Y es que hay un creciente descontento social, que se ha expresado masivamente en las calles de varias ciudades donde se han llevado a cabo las rondas de negociación, rebasando la represión cumplida a cabalidad por los gobiernos anfitriones de las citas oficiales, y que también viene emergiendo en las campañas y coaliciones organizadas para exigir, por derecho constitucional, que se consulte a los pueblos de los tres países si aceptan o no esta carta de esclavitud.

Por otro lado, la inconformidad de los sectores productivos y empresariales no es poca y podrían hacer tambalear desde dentro el proceso para la firma del TLC, como ya sucedió con el ALCA.