Cuando ya se lo daba por «políticamente muerto» en vista de las encuestas que señalan a los conservadores como favoritos en las próximas elecciones, el primer ministro británico, Gordon Brown, sorprendió a su país y al mundo el sábado 8 de noviembre al declarar que es necesario un nuevo «contrato social» con el sector financiero […]
Cuando ya se lo daba por «políticamente muerto» en vista de las encuestas que señalan a los conservadores como favoritos en las próximas elecciones, el primer ministro británico, Gordon Brown, sorprendió a su país y al mundo el sábado 8 de noviembre al declarar que es necesario un nuevo «contrato social» con el sector financiero y que «no es aceptable que los beneficios del éxito los cosechen unos pocos y los costos del fracaso los paguemos todos».
La forma de solucionar esta situación sería mediante la introducción global de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, al que los periodistas rebautizaron «tasa Tobin» en referencia al economista James Tobin, quien había sugerido una idea parecida al presidente estadounidense John Kennedy en los años sesenta. El anuncio fue hecho por Brown, que es laborista y escocés, en la apertura de la reunión ministerial del G-20 en la ciudad escocesa de Saint Andrews y se dice que este viraje en la posición británica contraria tradicionalmente a impuestos y regulaciones sobre el sector financiero tomó por sorpresa a todos los presentes, incluso a su propio ministro de Hacienda, Alistair Darling.
El G-20, que agrupa a los países más poblados y más poderosos económicamente del mundo, había resuelto en su reunión cumbre de Pittsburgh, en setiembre, encomendar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la preparación de un informe «sobre la gama de opciones que los países han adoptado o están considerando sobre cómo puede el sector financiero hacer una contribución justa y sustancial a pagar los costos asociados a las intervenciones gubernamentales dirigidas a reparar el sistema bancario».
Los países ricos han pagado cientos de miles de millones de dólares para rescatar sus bancos en quiebra y sumas aun mayores han sido dedicadas a tratar de evitar que la economía real cayera con el sector financiero. Una contribución «justa y sustancial», por lo tanto, no es poca plata y muchos de los mandatarios de países miembros del G-20, incluyendo la cancillera alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy, se pronunciaron a favor de la tasa Tobin.
Esta tasa es descrita todavía hoy por Wikipedia, la enciclopedia de Internet, como «una bandera de los movimientos altermundialistas». Desde hace varios años, en efecto, la campaña por la tasa Tobin ha estado encabezada por grupos radicales como ATTAC y los intelectuales nucleados alrededor de Le Monde Diplomatique. Que los dirigentes del centro y la derecha la hayan adoptado refleja, por un lado, la creciente impopularidad de los banqueros, que han vuelto a cobrar sueldos multimillonarios cuando por su culpa el desempleo llega a cifras record en Estados Unidos y gran parte de Europa occidental. Por otra parte, los ministros de Finanzas saben muy bien que tarde o temprano el costo de los planes de estímulo y rescate debe ser pagado y un impuesto sobre las actividades de los bancos es mucho menos impopular que cualquier otro.
En realidad, la idea original de Tobin no era la de recaudar dinero, sino de «agregar arena al engranaje financiero» con una tasa de uno por ciento sobre las transacciones que desestimularía la especulación, haciendo tan caro cambiar monedas que tal operación sólo se justificaría con fines comerciales vinculados a la economía real. El impuesto que ahora se propone y que podría afectar las transacciones monetarias o todos los servicios financieros sería veinte veces menor, con una tasa de apenas 0,05 por ciento o menos y su intención no es frenar ninguna actividad sino generar ingresos para el fisco. Una proporción importante de estos ingresos -tal vez la mitad- se destinaría al «bien común global», como puede ser la lucha contra la pobreza o la mitigación del cambio climático.
Este tipo de impuestos ya existe con variantes en muchos países, desde el impuesto a los cheques en Brasil hasta el «timbre» que en el Reino Unido grava la compraventa de acciones. Se calcula que la tasa de cinco puntos aplicada a nivel global podría generar 700.000 millones de dólares al año, siete veces más que el total de la ayuda de los países ricos a los subdesarrollados.
A pesar de la súbita conversión de Gordon Brown, la idea aún enfrenta muchos escollos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, rechazó la propuesta de inmediato alegando que «un impuesto cotidiano a las transacciones financieras es algo que no estamos dispuestos a aceptar». Y, de inmediato, el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, salió a la prensa a «explicar» que «la tasa Tobin es una vieja idea que hoy es impracticable». Adelantándose al estudio que la institución que dirige debe entregar en abril, Strauss-Kahn dijo que los bancos deben tener regulación más estricta y una contribución «no cotidiana» (o sea por una única vez) que permita financiar futuros rescates bancarios. Cuanto más estricta la regulación menor el riesgo de nuevas quiebras y, por lo tanto, menos necesario sería el impuesto.
Como buen político que es, Strauss-Kahn le dio la razón a Gordon Brown en que «no podemos continuar con un sistema en el cual algunos individuos corren riesgos que finalmente los contribuyentes como usted y yo tenemos que pagar». Pero agregó que «la industria financiera ha hecho tales innovaciones que es probablemente imposible encontrar un impuesto a las transacciones que los potenciales contribuyentes no puedan eludir. Así que la contribución de los bancos no será basada en las transacciones sino en otra cosa».
No es ésta la opinión de su antecesor en el cargo, el actual presidente alemán Horst Koehler, que adhirió públicamente a la «tasa Tobin» aun antes de que lo hiciera la cancillera, ni la del propio sector financiero, que ya está preparándose para lo que parece inevitable. En efecto, el diario The Guardian de Londres entrevistó el lunes 9 a operadores de la City londinense que aseguran que un impuesto a las transacciones financieras sería «muy fácil de aplicar».
De hecho, hace ya dos años que INTL Global Currency, un agente de cambios, experimentó con éxito durante dos semanas el software necesario para aplicar esta tasa a sus operaciones y hace dos meses Ethical Currency (moneda ética) se convirió en el primer agente de cambios de la City londinense en aplicar voluntariamente este impuesto.
Sin embargo Howard Wheeldon, un analista de BGC Partners, sostiene que para que sea viable el impuesto tiene que ser global: «Si no lo hacen todos, cobrando la misma tasa en todas partes, las economías individuales como la británica verían desaparecer sus mercados si quisieran aplicar este tipo de impuestos por sí solas».
La coordinación de políticas es, precisamente, la razón por la cual Gordon Brown impulsó la creación del G-20. La incógnita es si el líder del laborismo inglés logrará pasar al presidente de Estados Unidos esta bandera que toma de los conservadores europeos, que la recogieron de la ultraizquierda, que la adaptó de un asesor de quien fuera el presidente norteamericano más popular… antes de Barack Obama.