La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un […]
La economista Bibiana Medialdea ha coordinado el libro Qué hacemos con la deuda, una obra colectiva que analiza la actual crisis de deuda española. En esta entrevista repasamos algunos asuntos sobre los que profundiza el libro: cómo se originó el sobreendeudamiento (público y privado), quiénes son los acreedores, y sobre todo, qué hacer ante un problema que estrangula la economía y nos deja en manos de los acreedores y la troika. Medialdea y el resto de autores (Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche) asumen que la deuda es impagable y conducirá a una quita, por lo que el debate no es pagar o no pagar, sino quién soporta el coste de su reestructuración, y cómo lograr que esta se haga mediante una decisión democrática. Hablamos con ella de la propuesta de una auditoría ciudadana, y de las experiencias en otros países que también sufrieron crisis de deuda.
-¿En qué momento la crisis española se convirtió en una crisis de deuda?
-La economía española basó su supuesta «época dorada» en un incremento insostenible del endeudamiento, sobre todo contraído por empresas de los sectores constructor/inmobiliario y financiero. Desde esta perspectiva, la crisis de sobreendeudamiento viene gestándose como mínimo desde mediados de los años noventa.
-El próximo año la deuda pública española alcanzará el 100% de PIB, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Es un techo, puede seguir aumentando, hay algún punto de no retorno?
-Si el origen del endeudamiento fue sobre todo el comportamiento de empresas y bancos, una vez que la situación se vuelve crítica los gobiernos de Zapatero y Rajoy comienzan a traspasar deuda privada, sobre todo del sector financiero, al Estado. Este trasvase, junto con los efectos lógicos de la crisis económica (incremento del gasto en subsidios de desempleo, por ejemplo, pero sobre todo la brutal caída de los ingresos públicos), deterioran a gran velocidad unas cuentas públicas que hasta entonces estaban muy saneadas: si en 2007 la deuda pública sobre el PIB era de aproximadamente el 44%, en 2011 ya suponía más del 77%.
Si el curso de las cosas no se altera -la recesión se profundiza y la recaudación fiscal sigue hundiéndose, seguimos inyectando recursos públicos al sector financiero privado, etc-, por muchos recortes de gasto público que se acometan las cuentas del Estado seguirán deteriorándose irremediablemente. Aunque el origen del problema no fue el endeudamiento público, ahora mismo la situación fiscal ya sí es problemática y seguirá empeorando. Con las graves consecuencias que ello conlleva: pensemos por ejemplo que los recientemente aprobados presupuestos para 2014 ya prevén gastar del orden de un 25% más de recursos públicos en abonar intereses de deuda pública (36.590 millones de euros), que en financiar subsidios de desempleo (26.696 millones).
-¿A quién debemos?
-Según los datos que publica el Banco de España (incompletos y poco desagregados, todo hay que decirlo), prácticamente el 95% de los títulos de deuda pública están en manos de entidades financieras, españolas o extranjeras. Es a los bancos, fundamentalmente, a donde irán a parar esos casi 37.000 millones de euros presupuestados para pagos de intereses de deuda pública en 2014. Pensemos, entonces, que son mayoritariamente esas entidades, a las que estamos regalando recursos públicos y a las que el BCE (una institución pública, no lo olvidemos) le concede crédito en condiciones privilegiadas, las que ingresan los intereses de deuda pública. Es decir, usan dinero público para lucrarse gracias al problema fiscal que ellos mismos han contribuido a generar.
-¿Qué papel ha jugado el rescate bancario en la acumulación de esa deuda pública?
-Los cálculos no son fáciles. Por un lado, porque hay que contabilizar partidas de muy distinta naturaleza: transferencias directas, avales, créditos a tipos de interés preferente… No todo puede contabilizarse como si de cantidades homogéneas se tratara. Por otro, hay que tener en cuenta que el rescate bancario dista mucho de haber concluido. Teniendo en cuenta estas limitaciones, haciendo estimaciones que se pueden considerar conservadoras a partir de los cálculos del economista Carlos Sánchez Mato, tendríamos que hasta finales de 2012 el total de ayudas bancarias generadoras de deuda pública rondarían los 138 mil millones de euros. Es decir, como poco estaríamos hablando de algo más del 13% del PIB del país.
Para el rescate bancario ha sido todavía más costoso. Un estudio que publicó en agosto el FMI cifraba el total de la ayuda bancaria (no sólo la generadora directa de deuda pública) en 246.441 millones de euros: aproximadamente un 25% del PIB.
-Cuando hablamos de deuda, tendemos a pensar en deuda pública, pero, ¿qué pasa con la deuda privada? ¿Y la deuda de las familias?
Como decíamos, el origen del problema de sobreendeudamiento actual, y aún a día de hoy el mayor volumen de deuda, se concentra en el sector privado; y no precisamente en las familias. Incluso ahora que el Estado ya arrastra una deuda pública importante, al final de 2012 suponía un poco menos de la cuarta parte de la deuda total: un 24%. La deuda de las familias, por su parte, no era más que el 19%. Son las empresas del sector no financiero (con un 31% de la deuda) y las entidades financieras (con un 27%) las que siguen acumulando la mayor parte del endeudamiento: casi el 60% del total.
-¿Es posible plantear otra política económica con este nivel de deuda, o el margen de maniobra de cualquier gobierno es demasiado estrecho?
-Es evidente que la situación actual de recesión y sobreendeudamiento complica enormemente la formulación de políticas económicas, pero siempre hay margen. Las opciones de política económica dependen de los objetivos que persigan: actualmente se prioriza la recuperación del máximo de deuda por parte de los acreedores y la recuperación (o mantenimiento, según el caso) de los beneficios. Si priorizáramos la generación de empleo y la protección de los grupos sociales más vulnerables, las medidas respecto al pago de la deuda, la recaudación fiscal y el gasto público efectuado, por ejemplo, tendrían que ser diametralmente opuestas a las que hasta ahora se vienen aplicando: si racionalizáramos el pago de la deuda e incrementáramos sustancialmente la recaudación fiscal, sería posible acometer gasto público potente en partidas estratégicas.
La experiencia de otros países
-Observando otras crisis de deuda a lo largo de la Historia, ¿qué características comunes encontráis en ellas? ¿Qué lecciones podemos extraer?
La casuística es muy heterogénea y no se pueden sacar conclusiones simplificadoras. Pero diría que hay tres lecciones que no debiéramos perder de vista.
La primera, que siempre que hay una crisis de deuda, es decir, que hay una situación de insolvencia o incapacidad de pago, termina por habilitarse algún tipo de impago. Parece una obviedad pero merece la pena clarificar este punto: cuando la parte deudora no puede pagar, es que no puede pagar y, por tanto, no paga.
La segunda: la forma concreta que toma ese impago determina resultados completamente diversos. En ocasiones la parte acreedora consigue minimizar el impago retrasándolo todo lo posible, a costa de deteriorar las condiciones de vida más básicas del deudor; o consigue unas contrapartidas que claramente compensan el impago asumido (privatizaciones, reformas, nueva deuda, etc.). Otras veces, la parte deudora es capaz de conseguir una renegociación más o menos equitativa de la deuda, en la cual la responsabilidad de la crisis se asume también, aunque sea parcialmente, por la parte acreedora.
La tercera lección es que el resultado concreto de una crisis de deuda, o dicho de otro modo, cómo se reparte la pérdida que de forma inevitable va ligada al quebranto o impago, depende de la correlación de fuerzas entre ambas partes. Es decir, en última instancia es un problema político. Pensemos por ejemplo en dos crisis de deuda que se han saldado con impagos muy relevantes: la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial y la deuda iraquí una vez que EEUU se hace con el control del país. Aunque la cuestión del pago o el impago se nos presente como un asunto técnico lo cierto es que es eminentemente político.
-Entre las crisis de deuda recientes de otros países, ¿cuál sería el caso más similar al español? ¿Y cuál el mejor espejo en que mirarnos?
-Ninguno nos sirve para extrapolar de forma directa y completa, y hay que tener cuidado de no idealizarlas, pero sí podemos extraer «pistas» en algunos aspectos concretos.
Por ejemplo, la crisis financiera sueca de principios de los noventa o la más reciente de Islandia nos ilustran cómo, incluso ante un sector bancario técnicamente quebrado y ante la necesidad de inyectar recursos públicos, es posible diseñar fórmulas que minimicen el coste para los contribuyentes, carguen gran parte del coste y la responsabilidad sobre los grandes accionistas y gerentes, y traten de evitar la repetición de los mismos episodios en el futuro.
Por otra parte de nuevo el caso de Islandia, o el de la gestión del gobierno de Roosevelt durante la Gran Depresión estadounidense, nos muestra cómo ante el estallido de una burbuja inmobiliaria que arrastra tanto al sector financiero como a una gran cantidad de familias afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente a sus hipotecas, hay alternativas que permiten sanear entidades bancarias priorizando el «rescate» de las familias.
Por último, las actuaciones del gobierno argentino o ecuatoriano demuestran que es posible y útil hacer valer el poder que se tiene como parte deudora para imponer, de una forma o de otra, condiciones más equitativas para la renegociación de la deuda pública.
Deuda ilegítima y auditoría
-¿Por qué consideráis ilegítima una parte de la deuda? ¿Cómo diferenciar esa parte?
-El caso de cierta parte de la deuda pública, por ejemplo la destinada al rescate bancario, creo que es bastante claro: una deuda que no se ha contraído por el bien de la colectividad, sino que es resultado de un proceso antidemocrático por el cual los gobiernos, sin llevarlo en sus programas, optan por dedicar recursos públicos a un sector que es el responsable de la crisis y es quien se enriqueció enormemente los años previos. Un desembolso de dinero público que, además, se lleva a cabo sin exigir contrapartidas de importancia, y que por tanto no garantiza que el sector financiero no vaya a repetir las mismas prácticas y vuelva a llevarnos a un desastre similar. Y en un momento de emergencia social como este (desahucios, desempleo, pobreza cada vez más generalizada), en el que los recursos públicos tienen usos alternativos tan claros y tan urgentes. Consideramos que hay razones éticas y políticas para defender que la deuda derivada de ese gasto no puede considerarse pública, que no es toda la ciudadanía quien ha de responder por ella, porque en rigor el gasto que la ha generado no puede tampoco considerarse público.
Hay también gran parte de la deuda hipotecaria que contrajeron familias, una deuda muy sobrevalorada, en ocasiones regulada por contratos con condiciones abusivas, y que era la única fórmula disponible para acceder a una vivienda, que también pensamos que es ilegítima.
Identificar deuda ilegítima entraña primero una tarea política, de decidir democráticamente qué deuda es ilegítima, y posteriormente una tarea técnica, que permita cuantificarla con el máximo rigor posible.
-¿Qué consecuencias tendría un impago de deuda? ¿Aun así serían peores las consecuencias de pagarla?
Como decía antes, a lo largo de la historia siempre que hay crisis de deuda hay impagos de un tipo o de otro. Ahora mismo, en la economía española, ya está habiendo impagos. Las empresas que suspenden pagos, las entidades bancarias que quiebran, no pagan. La deuda pública, y la de las familias humildes agobiadas con la hipoteca de su primera vivienda, son las deudas que hasta el momento se están pagando íntegramente (o prácticamente, en algunos, muy pocos casos, se están concediendo daciones en pago a familias). Se trataría por tanto de romper la ficción, de normalizar el escenario del impago, y de que sean criterios de equidad y corresponsabilidad los que sirvan para determinar quién, cuánto y cómo se producen los impagos que de hecho ya están ocurriendo.
-¿Cómo reaccionarían los ‘mercados’ en caso de impago? ¿Y los acreedores? ¿Sufriríamos represalias y aislamiento?
-Las experiencias internacionales nos demuestran que los acreedores internacionales (los «mercados»), son fundamentalmente pragmáticos. Aunque cada caso es diferente, lo normal es que tras un primer momento en que se escenifica la ruptura y el aislamiento, se avienen a negociar una reestructuración de deuda lo más favorable posible. Marcando el límite de hasta dónde está dispuesto a sacrificarse para seguir pagando, el deudor marca la frontera de lo posible. Una vez que el acreedor entiende que ha de asumir esa frontera, se aviene a negociar tratando siempre de maximizar el pago recibido a partir de ese límite impuesto. La experiencia griega, en la cual los acreedores privados terminaron asumiendo una rebaja de aproximadamente el 70% de la deuda pública, es un ejemplo muy reciente: una vez que se asume que el 30% es lo único que se va a poder recuperar los acreedores lo que quieren es recuperarlo.
-Proponéis una auditoría ciudadana, pero ¿cómo se articula algo así? ¿A quién corresponde la iniciativa, quién o quiénes serían los responsables de auditar la deuda? ¿Qué validez tendría?
-Los detalles de una auditoría dependen de a qué nivel -municipal, de comunidad autónoma o estatal- se articule, y de qué agentes participen en ella. Por ejemplo, no es lo mismo el acceso a la información que se tiene cuando un gobierno está interesado en desarrollar la auditoría (caso de Ecuador) que cuando no participa o de hecho la obstaculiza.
Lo que es seguro es que el proceso de recopilación de información, aunque precisa de un elemento de competencia técnica, ha de ser democrático: se trata de extraer información para que la ciudadanía de forma consciente pueda tomar decisiones que, de hecho, están determinando sus condiciones de vida: ¿Cerramos las urgencias sanitarias en los pueblos para seguir pagando los intereses de deuda pública a los bancos? Que la ciudadanía responda a este tipo de preguntas de forma informada es el objeto de la Auditoría.
-¿Una quita de deuda tendría efectos positivos por sí misma, o necesita otras medidas?
-Una quita de deuda importante es necesaria, pero por sí sola es insuficiente.
Por una parte, en el plano más inmediato de una gestión de la crisis actual que minimizara el coste sobre la mayoría social, sería necesario insertar las quitas dentro de un esquema de política económica mucho más amplio: reversión de las políticas de austeridad, reforma fiscal potente y muy progresiva, política de rentas distributiva, intensa «represión» al sector financiero, protección social efectiva a los grupos más vulnerables, generación de empleo, etc.
Pero además, no podemos olvidar que la crisis en la que estamos inmersos no es un desgraciado accidente del funcionamiento del sistema. Más bien, la crisis nos ha demostrado a las claras cómo funciona un sistema que se descubre incompatible con la toma democrática de decisiones económicas, el bienestar colectivo y la sostenibilidad de nuestra forma de vida. Medidas que nos hicieran salir de la crisis reproduciendo las condiciones que nos trajeron hasta aquí no pueden ser consideradas eficaces. Es necesario un replanteamiento más profundo, que cuestione las bases mismas del capitalismo: qué producimos, cómo lo distribuimos, cómo organizamos el trabajo, cuestiones de este tipo.
-¿Qué margen de maniobra tiene España sin salir del euro y mientras siga bajo supervisión de la troika?
-Bajo los parámetros de la actual UE, con sus Tratados e instituciones, cualquier horizonte de transformación es muy limitado. Ni siquiera hay demasiado margen para una gestión de la crisis más social, más amable. La apuesta por la austeridad y la «devaluación interna» (retroceso salarial) profundiza la recesión económica y la polarización social. Es un desastre para todos los pueblos de Europa, pero en particular para las economías del Sur, supone un avance acelerado hacia la descomposición social: familias desahuciadas, pensiones que pierden capacidad adquisitiva por ley, el fin de las prestaciones básicas universales, desnutrición, generaciones enteras que abandonan el país contra su voluntad… Lo que estamos viendo no es más que el resultado lógico de la disciplina del euro y las políticas que impone la troika.
El dilema, desde mi punto de vista, es más bien si es más fácil cambiar este marco europeo que nos lleva al desastre social rompiendo con él o tratando de transformarlo desde su seno.
-¿Qué papel nos corresponde a los ciudadanos?
-Forzar el cambio. Transformar el sentimiento generalizado de indignación frente al expolio en una acción política eficaz, que consiga una gestión de lo común democrática y favorable a la mayoría social. Gran parte de la ciudadanía entiende los elementos básicos de la estafa económica y la farsa democrática en que estamos inmersos. Desgraciadamente la crisis lo está dejando muy claro. Pero tenemos pendiente transformar la información y el sentimiento en capacidad efectiva de cambiar las cosas. Estos años de movilización social han sido espléndidos y necesarios, pero tenemos también tareas ineludibles en el terreno político. Aunque el panorama no sea fácil, la política es el único camino.
Más información y propuestas, en el libro Qué hacemos con la deuda, de Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Iolanda Fresnillo, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. También en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, y en la web de la colección Qué hacemos.
Fuente original: http://www.eldiario.es/quehacemos/deuda_impago_auditoria_ciudadana_6_183091692.html