El miércoles debía iniciarse el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Para ese día el Ejecutivo había convocado a una «conferencia de paz» a la que había invitado a gobernadores de todo signo y representantes de organizaciones sociales (sindicales, empresariales, movimientos varios) y de la Iglesia. Henrique Capriles, el líder de […]
El miércoles debía iniciarse el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Para ese día el Ejecutivo había convocado a una «conferencia de paz» a la que había invitado a gobernadores de todo signo y representantes de organizaciones sociales (sindicales, empresariales, movimientos varios) y de la Iglesia. Henrique Capriles, el líder de la oposición, amagó primero con asistir, pero luego rechazó la oferta. «No vamos a contribuir a una comparsa, y menos mientras haya compañeros presos», dijo, aludiendo fundamentalmente a Leopoldo López, uno de los dirigentes más duros de la oposición, detenido desde la semana pasada.
Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (mud), afirmó más o menos lo mismo en una carta que envió al vicepresidente Jorge Arreaza: «no nos prestaremos para lo que derivará en un simulacro de diálogo que desemboque en una burla a nuestros compatriotas». «Confirmado: la mud no quiere paz, decidieron no asistir a la invitación del compañero presidente, sólo los mueve el cálculo politiquero», respondió en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y las cosas volvieron a fojas cero. Para aceptar un diálogo institucionalizado la mud exige que haya una agenda previa de temas a discutir y la designación de «un tercero» que «facilite, garantice, y de ser necesario medie».
En las calles siguieron las manifestaciones de un lado y otro. Hubo marchas de organizaciones sociales de campesinos y mujeres hacia el Palacio de Miraflores el miércoles, en apoyo del gobierno, y otra, el día anterior, de «motoqueros» chavistas. También el miércoles, otras mujeres manifestaron en barrios de clase media alta de Caracas, lideradas por dos opositoras duras, la diputada María Corina Machado, que tuvo participación en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, y la esposa de Nicolás López. Y continuaron las protestas contra la escasez de productos básicos, la inflación y la inseguridad. Las más de las veces en zonas acomodadas, pero también en otras más populares, como en algunos bastiones chavistas de Táchira.
Gobierno y oposición se echan mutuamente las culpas sobre las muertes ocurridas desde la manifestación del 12 de febrero. Y discrepan sobre el número de víctimas. Maduro habló el miércoles de «más de 50», mientras la oposición las limita a 16. El gobierno dice que buena parte de las muertes fueron causadas por «bandas fascistas» presentes entre los manifestantes o derivaron de enfrentamientos en las barricadas, aunque reconoce que otras fueron obra de sus propios agentes. El miércoles, la fiscalía acusó a cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a dos policías de «homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por el país, asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia a favor de un grupo de delincuencia organizada» por la muerte de dos estudiantes, el mismo 12. La policía dice a su vez disponer de evidencia de que otras dos víctimas, dos jóvenes reconocidos como chavistas, fueron asesinadas con la misma arma, una pistola 9 milímetros, y la oposición acusa a «motociclistas armados simpatizantes del gobierno» de «sembrar el terror» entre los manifestantes.
En paralelo, Washington y Caracas se envían dardos y flores. Estados Unidos echó el miércoles de su país a tres funcionarios venezolanos, en respuesta a una medida idéntica del gobierno de Maduro de la semana anterior, y luego de que Venezuela designara a un nuevo embajador ante Washington (desde 2010 no hay representación diplomática al más alto nivel entre los dos países), el secretario de Estado John Kerry se declaró «contento de que las cosas se estén moviendo hacia adelante». «Estamos preparados para tener un cambio en estas relaciones. Las tensiones entre los dos países ya han durado demasiado. Pero no vamos a permanecer sentados cuando somos responsabilizados por cosas que nunca hemos hecho», dijo el canciller estadounidense.
Días antes el diario británico The Guardian había denunciado en un editorial «la campaña de desestabilización» lanzada por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Mark Weisbrot, uno de sus periodistas estrella, publicó en esa nota datos sobre la financiación del Departamento de Estado a «actividades subversivas» de diverso tipo desarrolladas por grupos integrantes de la mud. Según el diario, la Casa Blanca destinó en lo que va del año 5 millones de dólares de su presupuesto de gastos reservados a financiar a la oposición venezolana. «Son casi seguro la punta del iceberg, sobre todo si se los suma a los cientos de millones de dólares de apoyo abierto en los últimos 15 años», dice el diario. Y agrega: «Cuando el secretario de Estado, John Kerry, dice que Estados Unidos está ‘particularmente alarmado por los reportes de que el gobierno de Venezuela arrestó a quienes protestan contra el gobierno’, está tomando una posición política. Porque hay muchos en la oposición que cometieron delitos de todo tipo: atacaron a la policía con bombas molotov, quemaron automóviles y prendieron fuego a edificios del gobierno, además de cometer otros actos de violencia y vandalismo». La «intervención estadounidense contra Venezuela», señalaba el diario, comprende también operaciones de «guerra informativa».
La semana pasada la embajada venezolana en España exhibió ejemplos de manipulaciones groseras: imágenes de represiones sangrientas que supuestamente habían tenido lugar en Venezuela (pero que en realidad habían ocurrido en Chile, Siria, Honduras y otros países) fueron repetidas miles de veces a través de Twitter. Una marcha multitudinaria por la independencia de Cataluña fue presentada por un twitero opositor como correspondiente a una manifestación antichavista en Táchira; la imagen de un niño ensangrentado y gritando víctima de la guerra en Siria apareció como la de «un niño agredido por las huestes bolivarianas»; la de una estudiante maltratada por la policía chilena se convirtió en una «muestra de la barbarie chavista contra los jóvenes»; Clarín de Argentina presentó como «paramilitares chavistas» atacantes a policías atacados el 13 de febrero. Y bajo la leyenda de «Esto fue hecho por los humanistas pacíficos del criminal fascista psuv, ¿merecen perdón?», otro twitero reprodujo en realidad fotos correspondientes a 2001 de un vasco sospechado de pertenecer a eta que había publicado un medio español. Y así.
Editorial de Brecha, Montevideo, 28-2-2014
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