Una nueva polémica estalló en la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuando Estados Unidos propuso la prohibición de muchos tipos de subsidios ofrecidos por algunos gobiernos a empresas industriales y de servicios del país. Si se aprueba, la propuesta tendrá graves consecuencias para los países en desarrollo, dado que la mayoría de ellos emplean las prácticas que Estados Unidos busca prohibir.
Expertos en desarrollo atacaron la iniciativa con el argumento de que detendrá el desarrollo industrial de los países del Sur, afectando el crecimiento y aun la supervivencia de sus empresas. «La propuesta es muy contraria a los intereses de los países en desarrollo, que perderán la capacidad de utilizar esos subsidios actualmente permitidos en la OMC», advirtió el experto en comercio internacional Bhagirath Lal Das, ex director de programas internacionales de comercio de la UNCTAD.
Los expertos recordaron que los países industrializados también hicieron uso de estos subsidios, en especial cuando se encontraban en fase de desarrollo. Ahora que sus empresas se han convertido en gigantescas multinacionales, subrayaron, los países ricos quieren prohibir las mismas prácticas en otros países, para impedir el ingreso de nuevos competidores.
Además, Estados Unidos quiere exonerar al sector de la agricultura de la prohibición de subsidios. Se trata del sector en que ése y otros países industrializados ofrecen masivos subsidios internos, incluso algunos de los que pretende prohibir en otros sectores.
Este doble discurso ha indignado a los países en desarrollo.
La propuesta de Estados Unidos se planteó como parte de las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC. La iniciativa pretende modificar el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias mediante el agregado de cinco nuevos tipos de subsidios a los dos que actualmente están prohibidos (subsidios a la exportación y subsidios que promueven el uso de bienes nacionales sobre los bienes importados).
Los cinco subsidios son: (1) pagos gubernamentales a empresas para cubrir pérdidas operativas; (2) perdón de deudas con el gobierno; (3) préstamos gubernamentales a empresas «no dignas de crédito»; (4) inversión gubernamental en empresas «no dignas de inversión»; y (5) otras formas de financiamiento, por ejemplo el financiamiento basado en regalías que no esté comercialmente disponible.
Estados Unidos también pretende que los países comuniquen a la OMC detalles de la propiedad pública de una empresa, entre ellos: (1) cualquier cambio en la propiedad o entrega de capital de inversión e información sobre si la inversión pública está de acuerdo con «la práctica habitual de los inversores privados» en el país; y (2) el porcentaje de propiedad gubernamental o pública en la empresa, y los términos y condiciones de cualquier contribución financiera del gobierno a la empresa.
Supuestamente, el fin de estas medidas es ayudar a la OMC y a sus miembros a vigilar que los gobiernos no brinden los subsidios prohibidos.
La Representante Comercial de Estados Unidos, Susan Schwab, dijo: «Los subsidios que queremos prohibir mantienen la ineficiencia de la producción en diferentes industrias, desde el acero hasta los semiconductores. La imposición de normas más estrictas para estos subsidios contrarrestaría las prácticas distorsionadoras del comercio de muchos de nuestros socios, que con frecuencia provocan un comercio injusto».
Sin embargo, muchos expertos en desarrollo opinan lo contrario. «Estados Unidos pretende preservar los subsidios que usa, en especial en la agricultura, un área en la que no está dispuesto siquiera a discutir la modificación de los límites y las disciplinas de los subsidios que integran el llamado compartimento verde», señaló Chakravarthi Raghavan, un experimentado analista del sistema de comercio del GATT y la OMC.
La propuesta de Estados Unidos «parece ser un intento monopolista de los actuales productores por congelar a la competencia», dijo por su parte el economista Ha-Joon Chang, de la Universidad de Cambridge, autor entre otros libros de Kicking Away the Ladder.
«¿Quién decide qué empresa es ‘digna de crédito’ o ‘digna de inversión’?», se interrogó Chang, y citó como ejemplo a Nokia, la exitosa firma finlandesa de electrónica fundada en 1960, que registró pérdidas en los primeros diecisiete años de su existencia. «Si el gobierno de Finlandia hubiera querido invertir en Nokia en 1965 bajo la norma propuesta por Estados Unidos, no hubiera podido hacerlo, dado que la empresa definitivamente no era digna de inversión».
Chang concluyó: «El punto es que algunas empresas de países en desarrollo pueden necesitar dar pérdida por algún tiempo para convertirse en nuevas industrias. Si el gobierno no puede ayudarlas, eso será el fin de la industrialización de los países en desarrollo. A largo plazo, esto no es bueno ni siquiera para el resto del mundo».
Yilmaz Akyuz, ex director de la División de Globalización y Estrategias de Desarrollo de la UNCTAD, señaló que muchos países del Sur suelen cubrir pérdidas operativas de empresas públicas o semipúblicas que cumplen funciones sociales, por ejemplo brindar insumos esenciales, incluso créditos, a ciertos grupos de productores. La mayoría de los subsidios otorgados en el mundo en desarrollo se concentran en esta área.
«La propuesta consiste en utilizar como parámetro de los subsidios la calidad de digno o no digno de crédito, es decir que los préstamos a empresas dignas de crédito no serían subsidios», observó Akyuz. «¿Se puede confiar en la evaluación del mercado en este sentido?», se interrogó Akyuz. «Muchas firmas de Wall Street que eran consideradas dignas de crédito se arruinaron con la explosión de la burbuja dot.com, mientras que varias empresas coreanas que parecían inviables en las décadas del sesenta y setenta se volvieron muy exitosas».