Por más de 25 años el sistema de salud panameño se ha estado deteriorando como consecuencia de las políticas públicas de reajuste que privilegian los intereses de un puñado de empresarios, perjudicando a la población, especialmente niños y madres. Además, esta política contribuye a la violencia y a la criminalidad rampante al agudizar las enormes […]
Por más de 25 años el sistema de salud panameño se ha estado deteriorando como consecuencia de las políticas públicas de reajuste que privilegian los intereses de un puñado de empresarios, perjudicando a la población, especialmente niños y madres. Además, esta política contribuye a la violencia y a la criminalidad rampante al agudizar las enormes desigualdades sociales que caracterizan a Panamá.
Hemos insistido sobre la necesidad de enfocar los problemas sociales desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, planteamos que «la falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. Tampoco hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social». Como respuesta a estos planteamientos, el gobierno panameño introdujo a la Asamblea de Diputados el proyecto de ley neoliberal que privatiza el sistema de salud del país. El presidente Martín Torrijos quiere dejarle a todos los panameños un sistema que ponga fin a 40 años de salud pública, inaugurado por su padre – el general Omar Torrijos H. – con la creación del Ministerio de Salud en 1969.
El lema del Ministerio de Salud, creado en aquella época, era «Salud igual para todos» y el plan reflejaba ese objetivo. Consistía en construir un sistema de salud a lo largo y ancho del país que le diera a todos los panameños – no importa de que origen social – la oportunidad de recibir atención en materia de salud. Se planteó como lo más importante para la salud el tener acceso a la buena alimentación, al saneamiento ambiental (mucho antes de los movimientos ambientalistas), al agua potable y a la vivienda que le diera protección a la familia. En segundo lugar, se privilegió el seguimiento del niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad y a la madre en la etapa de su gestación. En tercer lugar, se realizó una campaña permanente de educación y organización de las comunidades en torno a los problemas de la salud. Los gobiernos nacional y locales invertían sus recursos para trabajar con la gente en la construcción de centros de salud, escuelas, puentes, huertas y nuevas ideas en torno a la salud.
También se privilegió, en la década de 1970, la construcción y modernización de centros de salud y hospitales muy necesitados en el interior del país, así como en la Capital. Se hizo énfasis en la formación de profesionales y técnicos de la salud. Tampoco se olvidó estimular a los trabajadores de la salud mejorando sus ingresos y dándoles más responsabilidades en sus comunidades, en sus gremios y a nivel nacional. Se buscaron acuerdos de toda índole para que la gente tuviera acceso a los mejores medicamentos al precio más módico. El presupuesto destinado a la salud se multiplicó varias veces en la década de 1970 con los esfuerzos por elevar la participación de la gente en la producción de la salud. Cada familia, cada comunidad y el país entero se movilizó para hacer realidad el lema de «Salud igual para todos».
Con los llamados «ajustes económicos» de la década de 1980, se cuestionó la viabilidad de los programas de salud de Panamá. Se planteó que la salud no era un derecho de la población. Más bien, decían los neoliberales que se insertaban en las oficinas públicas, la salud puede ser un buen negocio para el beneficio de los empresarios. Así se comenzó a hablar de la privatización del saneamiento ambiental y del agua. La atención de los niños y de la madre, en todo el país, comenzó a disminuir debido al alto costo que representaba. Los programas de educación permanente fueron debilitándose y con el tiempo se volvieron caricaturas introducidas por agencias como el Banco Mundial, el BID y el FMI.
A pesar de los recortes en servicios de salud, en la construcción de centros hospitalarios y en la compra de medicamentos, los presupuestos en el sector salud siguieron aumentando. A lo largo de la década de 1980 y 1990 los programas de salud del gobierno se convirtieron en excelentes negocios. Incluso, durante los años en que EEUU agredió con un bloqueó a Panamá (1987-1989) las ganancias fueron aún más generosas para los empresarios. La salud tal como fue concebida en la década de 1970 desapareció y se convirtió en un negocio. Las empresas farmacéuticas, de equipos médicos, las constructoras y sus financistas se repartían los presupuestos nacionales en combinación con funcionarios corruptos. Mientras más recursos tenía el presupuesto del gobierno menos servicios recibía la población y más ganancias hacían las empresas especializadas en descuartizar las aspiraciones populares.
Pero, incluso, este sistema de rapiña se hizo insuficiente para satisfacer las aspiraciones desorbitadas de quienes se beneficiaban del presupuesto de salud asignado por la nación. A fines de la década de 1990 y en la presente década, se desató una nueva ofensiva contra la salud de la gente. Los gobiernos PRD y panameñistas (incluyendo al actual candidato Martinelli) sacaron el machete decididos en cortarle todo recurso de salud a la población. En sus cinco años en la presidencia, Martín Torrijos y su equipo, han trabajado arduamente por convertir en ley un proyecto de «descentralización» de todos los servicios de salud. En la actualidad, el proyecto se está debatiendo en la Asamblea de Diputados.
El proyecto consiste en traspasar todo plan de salud del nivel nacional a los municipios. En Panamá hay 71 municipios. Con la excepción del distrito capital, los demás municipios viven en una situación deficitaria permanente. Reciben regularmente subvenciones del gobierno nacional para satisfacer sus necesidades. Los municipios – incluso el distrito capital – no tienen capacidad para confeccionar planes integrales de salud. En última instancia, los «planes» de salud caerían en manos de las empresas trasnacionales y sus socios locales, especializados en vender medicamentos, equipos de salud y prestar servicios. El objetivo de estas empresas, que someterán a los municipios así como a sus funcionarios, no será prestar servicios de salud. Su objetivo único es y seguirá siendo hacer dinero y garantizarle a sus dueños muchas ganancias.
Los gremios médicos y otros sectores han denunciado esta situación. Sin embargo, las empresas vinculadas a la salud han logrado silenciar a la opinión pública y a los medios de comunicación ante el atraco que tendrá costos muy elevados para el país. En la actualidad, la prestación de servicios de salud ha colapsado (Salud y CSS), la salud ambiental nunca ha estado peor (basura, dengue y otros problemas) y los indicadores cada día son más alarmantes (han regresado las enfermedades contagiosas, las respiratorias y las tasas altas de morbilidad). El gobierno señala que el presupuesto de salud incrementa anualmente. Es verdad, sin embargo, es para aumentarle las transferencias a los «inversionistas» que se han adueñado de la salud panameña.
El sector salud (Ministerio, CSS y otras instituciones) representa más de US$2 mil millones en el presupuesto nacional. En la actualidad, la mitad de este monto es repartido entre los representantes de empresas particulares. Con el proyecto de ley, si es aprobada, el sector privado aumentaría su participación al 75 por ciento. Seguirían aumentado las tasas de morbilidad y no se atendería en forma integral a lo niños y madres.
Según el candidato popular a la Presidencia de la República, Juan Jované, el sistema actual de salud panameño excluye «al 20 por ciento de la población». Además, «en un contexto de descalabro, se evidencia la carencia de medicamentos y de atención en todos los niveles». La candidatura de Jované fue bloqueada por el Tribunal Electoral y, en la actualidad, está a la espera de un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia.
Siempre tengo presente las palabras y el ejemplo de José Renán Esquivel, quien luchó por medio siglo para hacer realidad un plan nacional de salud para todos los panameños. Su labor no fue en vano. Aparecerá una nueva generación que levantará sus banderas de «salud igual para todos» y de lucha que dirigirá el país en otra dirección hacia puertos seguros, lejos de las pirañas que se han adueñado del país, su población y de sus recursos, pero jamás de su espíritu combativo.
El primer paso en la recuperación de la salud panameña es suspender el debate en torno al proyecto de ley sobre salud en la Asamblea. Hay que expulsar a los mercaderes y a los políticos corruptos del «templo republicano» y regresar a una visión que ponga en primer lugar la salud de todos los panameños. El segundo paso es elaborar y ejecutar en forma urgente un plan nacional de salud que recupere el lema de «Salud igual para todos».
– Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui.blogspot.com