En el municipio de Chorozinho (interior del Ceará), cerca de 130 familias permanecen en campamentos delante de la hacienda «Campestres». Las familias están ahí desde el pasado viernes y aguardan una decisión del Instituto Nacional de Colonización Agrícola y Reforma Agraria (INCRA), que se comprometió a hacer una inspección en el lugar de la protesta […]
En el municipio de Chorozinho (interior del Ceará), cerca de 130 familias permanecen en campamentos delante de la hacienda «Campestres». Las familias están ahí desde el pasado viernes y aguardan una decisión del Instituto Nacional de Colonización Agrícola y Reforma Agraria (INCRA), que se comprometió a hacer una inspección en el lugar de la protesta y divulgar su posición a inicios de Febrero. Esta información está en el sitio del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
En enero los Sin Tierra del campamiento Luiz Carlos ocuparon por la segunda vez el área para denunciar irregularidades en el Laudo de Inspección Judicial emitido en diciembre 2006, que considera productiva el área en disputa.
Después de la ocupación, las familias fueron recibidas por el nuevo secretario de Desarrollo Agrario del Ceará, Camilo Maia, por el Superintendente Regional del INCRA, Francisco Clesson Dias Monte y por el representante de la Secretaria Estadual de Seguridad Pública y de la Policía Militar. También participaron de las reuniones miembros de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB (Orden de los Abogados), Sección Ceará.
El MST rechaza la declaración de la hacienda como productiva. Ante esta posición el Incra decidió formar una comisión para hacer un nuevo análisis del caso. El órgano federal reconoció las dificultades y creó una comisión permanente para evaluar la situación de la Reforma Agraria en Ceará, con participación de los movimientos sociales.
Odair Magalhães, miembro de la dirección del MST del Ceará, destacó que los técnicos del INCRA no toman en cuenta el cumplimiento de las funciones social y ambiental de las propiedades agrícolas al hacer sus inspecciones de las áreas en conflicto.
Según el MST, otras 25 haciendas cearenses aparecen como productivas en los laudos judiciales, pero en realidad están abandonadas.