¿Por qué tenemos que recordar que todo lo que tenemos y lo que llegaremos a tener o saber es fruto de la acumulación del trabajo? Y, sin embargo, estamos contemplando una pérdida de su valoración. La valorización económica del trabajo, su precio, frente a una financiarización de la economía.
La reivindicación del trabajo decente, aquel definido por el organismo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto que hay empleo para todos, con un salario apropiado, en el marco de una protección social y laboral para él y su familia, con plena capacidad de negociación colectiva y, por qué no, en una sociedad democrática es un objetivo plausible y, aun a pesar del COVID19, realizable. Hay una conciencia social que rechaza el trabajo infantil y que las empresas o multinacionales que lo consientan, están deslegitimadas para entrar en el mercado. La igualdad hombres y mujeres no es ahora real y es necesario seguir insistiendo en la igualdad de oportunidades desde la formación, en las candidaturas a la entrada laboral y al no sexismo en los puestos de trabajo, en la promoción interna y en la dirección y, consiguientemente, en las prestaciones laborales.
Y en el reparto de las tareas domésticas, cuidados. Y también, en la reducción de la jornada laboral.
Pero, la negociación colectiva, no lo es todo. En la evolución de las relaciones productivas se ha desarrollado unas dinámicas en las que el factor trabajo ha visto reducido su peso en la Renta nacional. Además, los sistemas fiscales de todos los países han ido haciendo más roma la progresividad fiscal y se han consentido la existencia de paraísos fiscales y la erosión fiscal mientras se privilegiaba una globalización de las multinacionales.
Parece que se quiere volver a un sistema aristocrático y censitario en las relaciones sociales y democráticas. Eso se ve en las posiciones antiliberales y plutocráticas de eliminar el impuesto de sucesiones o del patrimonio y las campañas electorales o de sensibilización en función de las aportaciones multimillonarias de ciertos grupos de interés.
Las diferencias de renta, la creciente y escandalosa desigualdad periódicamente señaladas tienen reflejo en la producción y distribución de los bienes. No en función de las necesidades, sino por las torsiones de la demanda, con consecuencias humanas muy graves. Podemos eliminar el hambre o la pobreza y no se hace. No lo hacemos.
Los sindicatos creemos que la agenda 2030, aprobada por todos los gobiernos de las Naciones Unidas, es una agenda política de transformación y desde nuestro prisma de defensa de las trabajadoras y trabajadores, que no sólo es el salario, y que abarca los demás ámbitos sociales, salud, vivienda, hábitat, alimentación saludable, … en un planeta habitable, abogamos por su cumplimento.
Por eso, la necesidad de unir el trabajo decente y la justicia fiscal, que es la que proveerá de bienes y políticas públicas. Tanto en un concepto como en otro, hay mucho camino por recorrer y universalizar. Pero, hay que hacerlos.
Santiago González Vallejo. Economista. USO y Plataforma por la Justicia Fiscal.