El caos provocado por las inundaciones del sureño Estado de Tabasco, México, ocurrido durante los tres últimos meses de 2007, ha abierto un fuerte debate sobre el proceso de privatización silenciosa del sector energético del país así como sobre sus impactos: la reducción de la inversión pública en las empresas estatales energéticas para dejarlas morir […]
El caos provocado por las inundaciones del sureño Estado de Tabasco, México, ocurrido durante los tres últimos meses de 2007, ha abierto un fuerte debate sobre el proceso de privatización silenciosa del sector energético del país así como sobre sus impactos: la reducción de la inversión pública en las empresas estatales energéticas para dejarlas morir y entonces justificar su privatización. La legislación mexicana (artículo 27) otorga a la nación la exclusividad en la producción y en el control de todas las etapas del sector, como el caso de Pemex en petróleo y la Comisión Federal de la Electricidad (CFE).
Sin embargo, los gobiernos neoliberales han desarrollado figuras nuevas de producción de energía abierta al capital privado como la Cogeneración, Pequeña Producción, Producción Independiente, Exportación e Importación de electricidad, cuya legalidad es cuestionada por sectores sociales e incluso políticos del país. Bajo este esquema están funcionado compañías como Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural en la generación de energía vía termoeléctricas, plantas de ciclo combinado y parques eólicos, en perjuicio de la energía producida desde las hidroeléctricas nacionales, en manos del Estado. Estas plantas se han visto condenadas a reducir su capacidad de producción para beneficiar a las compañías privadas pese al buen funcionamiento de las presas. La política gubernamental de baja generación hidroeléctrica es una medida para promover la rápida recuperación de las inversiones privadas en el sector energético pese a la inconstitucionalidad de la participación extranjera en su explotación y el grave riesgo del deterioro de las infraestructuras de las plantas en manos del Estado.
Una muestra del peligro de este mecanismo fue lo ocurrido con el complejo hidroeléctrico del río Grijalva formado por las centrales La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. En octubre de 2007, el sur del país fue golpeado por una inusual prolongación de la temporada de lluvias y por un frente frío que depositó en las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta mil mm. en solo tres días. Debido a la falta de mantenimiento y al encontrarse en el máximo de su capacidad debido a la política de baja producción eléctrica, la presa Peñitas abrió las compuertas para evitar que su cortina reventara, enviando al río Carrizal cerca de dos millones de litros por segundo a lo largo de tres días. En conjunto, el agua depositada en la planicie tabasqueña fue de 10.000 metros cúbicos por segundo, cien veces más de lo que recibe la ciudad de México en todo el año, provocando cerca de un millón de damnificados con más de la mitad del territorio bajo el agua. La tragedia pudo haberse evitado. En un informe de la CFE se señalaban los riesgos de mantener alta la generación de los Productores Independientes de Energía (PIE) a costa de la sub-utilización de las Grandes Centrales Hidroeléctricas. Las empresas españolas han sido las grandes beneficiadas con las políticas de baja generación hidroeléctrica.
Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural, entre otras, controlan al menos el 70% de la capacidad de generación de los PIE, con una capacidad de generación equivalente al 46,5% del total de la energía eléctrica que se produce en México y su participación sigue en aumento por las perspectivas de consumo interno pero también por las posibilidades de interconectarse con el mercado estadounidense.