Los numerosos acuerdos de libre comercio que siguieron a la creación de la OMC [Organización mundial del Comercio] han dejado una señal bien visible: en conjunto han garantizado múltiples derechos a las grandes empresas globales. Hay una historia paralela que llevo investigando desde los años 90: si las grandes empresas globales ganan en derechos, ¿ganan […]
Los numerosos acuerdos de libre comercio que siguieron a la creación de la OMC [Organización mundial del Comercio] han dejado una señal bien visible: en conjunto han garantizado múltiples derechos a las grandes empresas globales. Hay una historia paralela que llevo investigando desde los años 90: si las grandes empresas globales ganan en derechos, ¿ganan también los ciudadanos? Ahora sé la respuesta: no, los ciudadanos han perdido derechos, aunque ganasen eventualmente algunos derechos (sobre todo el de matrimonio de personas del mismo sexo), pero éstos no estaban vinculados a tratados de libre comercio. En conjunto, en la mayor parte del mundo occidental, los ciudadanos han perdido derechos.
El Tratado de Libre Comercio (Transatlantic Trade and Investment Partnership- TTIP), en el que aquí me centro, no será de ayuda. Otorgará todo un conjunto de derechos nuevos a las grandes empresas y diluirá aún más los derechos de los ciudadanos, sean trabajadores o pequeños empresarios-propietarios. Pero existe una nueva y grave pérdida indirecta de derechos para los ciudadanos: las empresas globales, que son las que más tienen que ganar con este tratado quieren limitar el papel de las leyes y gobiernos nacionales proponiendo una suerte de sistema legal paralelo privado bajo su control encargado de gestionar conflictos. [1]
Esta es la dicotomía que nos hace falta tener en mente al debatir la nueva generación de acuerdos de libre comercio, ahora amablemente rebautizados como de «asociación» [«partnership»]. En resumidas cuentas: otorgan aún más derechos a lo que hoy es un número creciente de grandes empresas globales. En este proceso reducen los derechos de determinados grupos de ciudadanos -trabajadores manuales, trabajadores del transporte, y de bajo rango del sector servicios-, directa o indirectamente ligados al comercio internacional. E impulsan a determinados sectores de gobierno, sobre todo a la rama ejecutiva del gobierno, a convertirse en sus ‘socios’, por así decir.
Todo lo cual cobra una importancia añadida si consideramos que este pacto transatlántico (T-TIP) entre las dos mayores economías del mundo cubriría casi el 50% del PIB global. Discutiré primero la cuestión de los derechos empresariales. Y luego la segunda cuestión de envergadura: la creación o pérdida de empleos en los países del acuerdo de asociación.
Las grandes empresas exigen más derechos por medio del TTIP
La lógica que guía los acuerdos que despegan en la década de los 90 consiste en la creación de un espacio operativo global para las grandes empresas. [2] Los datos dejan bien claro que lo ganado ha ido a las firmas que operan globalmente. La posibilidad de perder o ganar empleos es el tema clave del debate público en los distintos países implicados. Resulta crucial para muchos trabajadores y, aunque componga un panorama desigual, para los gobiernos. Pero es un tanto irrelevante para estas firmas globales. No es asunto suyo, puesto que lo que quieren es un acceso fácil a determinada fuerza laboral o entorno regulatorio que obre en su beneficio.
Estas empresas han trabajado duro para persuadir a los gobiernos que permita la creación de un espacio operativo que les permite hacer lo que les «hace falta» hacer. Los gobiernos han ayudado fundamentalmente, aunque hayan comprendido, porque está cada vez más claro, que dónde se pierdan o se ganen empleos resulta bastante secundario para estas empresas.
Los datos de los Estados Unidos son alarmantes: fundamentalmente han perdido 2,7 millones de empleos desde mediados de los años 90 merced a acuerdos comerciales, y otros 40.000 directamente ligados al nuevo acuerdo de libre comercio entre los EE.UU. y Corea. [3] Esto los políticos lo saben, pero sólo una minoría se siente concernida, mientras el resto acepta los análisis interesados de las grandes empresas mismas. [4]
Los acuerdos del T-TIP y el TPP parece que contienen cláusulas particulares que son más extremas que los acuerdos principales previos. De hecho, las organizaciones de trabajadores no formaron parte de las consultas ni tampoco las organizaciones de consumidores. Lo más extremo acaso sea el derecho de las grandes empresas a impugnar y demandar a los gobiernos. En su versión más aguda podría llevar, de acuerdo con algunos analistas, a un sistema legal paralelo bajo control de las grandes empresas. Así pues, abogados especializados gestionarán los tribunales de arbitraje y representarán a las grandes empresas. No hay posibilidad de rendir cuentas ante una instancia judicial de mayor rango o un organismo que represente al pueblo de un país o de una jurisidicción subnacional.
Se trata claramente de un movimiento agresivo por parte de las grandes empresas de evitar interferencias en su modus operandi o lograr compensaciones por futuras pérdidas de rentabilidad debidas a decisiones en detrimento de sus intereses.
El ejemplo de las renovables alemanas
Un ejemplo europeo que sacan a colación los críticos del tratado T-TIP propuesto es el hecho de que el programa de Alemania encaminado a las energías renovables podría tener que someterse a estos nuevos derechos empresariales, lo que podría traducirse en que Alemania hubiera de pagar por el lucro cesante debido al cambio a las renovables.[5]
Un primer paso potencialmente causante de problemas ya ha aparecido: una empresa energética importante, Vattenfall, se propone hacer uso precisamente de esa opción para demandar a Alemania en función de las futuras pérdidas debidas a su giro energético. Para ello la firma invocó una acuerdo energético que incluía esa disposición; el acuerdo incluye a cerca de 40 estados de Asia Central y Europa. Esto convierte en una opción cara el que un Estado apruebe medidas políticas nacionales que vayan contra los intereses de las empresas globales; dicho de otro modo, se convierte en un incentivo notable para que los gobiernos no «interfieran» con las opciones con fines de lucro de dichas empresas.
En otro lugar he argumentado que uno de los efectos principales de la globalización sobre los estados nacionales se deja sentir en el brazo ejecutivo del gobierno, que a menudo aparece más como un socio que como un impugnador de los proyectos de poderosas firmas globales (2008: ch5; 2014: ch 2). De hecho, a principios de 2014, un equipo de expertos de un comité sobre investigación e innovación en Alemania, formado por encargo del gobierno, ha pedido la abolición de la Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG). Sostienen que mantener el crecimiento en el sector de las renovables ha llevado a subidas de precios, pero no ha promovido la protección del clima.[6] En realidad, las renovables han pasado del 4 al 16% de toda la energía.
La otra cuestión del ‘libre mercado’: los empleos
Para dar seguridades a los ciudadanos, los EE.UU. y la UE sostienen que estos acuerdos de asociación estimularían el comercio y la economía, y que «un hogar europeo medio podría ganar 545 euros al año».
Este es el mismo argumento aducido por los EE. UU. en su larga historia de acuerdos de libre mercado. Pero esa historia ha generado gran cantidad de datos y no pintan bien las cifras. Cuando se examina el cuadro general está claro que lo que libre mercado ha significado a menudo es simplemente precios más bajos gracias a importaciones más baratas. En este reducido sentido, gana el hogar porque paga menos; el famoso ejemplo de ello está, por supuesto, en las importaciones chinas de bajo coste. Pero cuestión más importante es si la economía en la que se desempeña este hogar gana también, de modo que no pierda empleos o lleve a salarios más reducidos, lo que a su vez, y con el tiempo, afectaría negativamente a los hogares. Y este efecto boomerang negativo es, por supuesto, lo que hemos registrado.
Sabemos gracias a tratados anteriores que con el tiempo las que ganan son las empresas globales y los que pierden, las economías nacionales y determinados sectores. Así que si yo fuera Europa, me gustaría saber qué bienes y servicios serán más baratos porque los importamos de centros de producción de costes más reducidos.
Puede parecer bueno para algunos países y no para otros. Europa es una mezcla en su espacio económico porque en el Este hay unos cuantos países de bajos salarios. Polonia, por citar uno, ha prosperado conservando su moneda, pero exportando a la UE; este acuerdo ha sido una bendición para ellos. Puedo imaginar que estos países le sacarían mucho más partido que Alemania.
Pero para las empresas globales implicadas todo esto es secundario: disponen de ese espacio operativo, se ha construido a su imagen y eso significa asegurar sus beneficios.
De esos acuerdos podría en principio deducirse un bien mayor, pero ello exigiría un tipo radicalmente diferente de tratado y de socios. Supondría inclinarse por tratados que fueran honestos y en los que la lógica que organiza los beneficios del tratado no fuera sólo la lógica de las grandes empresas. Deberían beneficiar a toda la economía, pues, tal como mencioné anteriormente, tener simplemente productos más baratos para los hogares no es algo necesariamente positivo, puesto que puede ralentizar y degradar al conjunto de la economía. Estoy a favor de un sistema de comercio justo bien dirigido, que permita a los pequeños productores agrícolas de los países pobres poder vender a los países ricos, y habilitar a trabajadores y empresas modestas en los países implicados. Todos los países tienen necesidad de toda clase de importaciones. Pero junto a eso, yo insistiría en una lógica de ‘localizar la economía’, localizando todo lo que podamos localizar.
Notas:
[1] Véase USTR (Office of the U.S. Trade Representative). 2014a. «Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP)».
El otro acuerdo de comercio importante en fase de negociación es el Trans-Pacific Partnership – véase USTR (Office of the U.S. Trade Representative). 2014b. «Trans-Pacific Partnership (TPP)».
[2] Desarrollo esto en Territory, Authority, Rights, (Princeton University Press, 2008) capítulos 5 y 8; véase también el capítulo 4 para una historia más larga que llevó a la creación de un espacio operativo global que despega a finales de los años 80; y en Expulsions, capítulo 2. (Expulsions:Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press 2014)
[3] Véase http://www.epi.org/blog/statistics-spin-foreign-goods-considered/http://www.epi.org/blog/transatlantic-free-trade-agreement-job-claims/
[4] Para información paralela sobre el caso alemán, véase, por ejemplo, el trabajo del International Center for Development and Decent Work (ICDD).
[5] Este programa tiene como objetivo abandonar la generación de energía nuclear ahora existente. En el pasado, la energía nuclear sumistraba cerca del 30% de sus necesidades energéticas. El giro a las renovables se apoya con generosos subsidios, y ha funcionado: las renovables se han convertido en un auténtico ramo industrial en sólo unos años.
[6] http://www.dw.de/government-advisory-panel-frowns-on-german-energy-reforms/a-17463784
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7447