La investidura del presidente venezolano Hugo Chávez y la llegada al poder de los electos mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega y de Ecuador, Rafael Correa en el trascurso de solo cinco días (los dos primeros el 10 y el tercero el 15 de enero) abren nuevas perspectivas para continuar las luchas a favor de políticas […]
La investidura del presidente venezolano Hugo Chávez y la llegada al poder de los electos mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega y de Ecuador, Rafael Correa en el trascurso de solo cinco días (los dos primeros el 10 y el tercero el 15 de enero) abren nuevas perspectivas para continuar las luchas a favor de políticas sociales que beneficien a sus pueblos y son, a la vez, barreras contra las pretensiones estadounidense de adueñarse económica y políticamente de la región por medio de Tratados de Libre Comercio (TLC).
Chávez, Ortega y Correa significan una muralla contra las políticas neoliberales que tanto han afectado a las naciones latinoamericanas en las últimas dos décadas; la decisión de gobiernos nacionales que no están dispuesto a seguir los dictados de Washington, y la disminución cada vez mayor del mandato de Estados Unidos para controlar, como lo ha hecho durante más de 100 años, a la América Latina.
Dos cuestiones fundamentales tuvieron lugar en el continente para que esta realidad pudiera tomar fuerza. La primera fue la política de resistencia de la Revolución cubana que a lo largo de 48 años ha servido de ejemplo y de guía para los países latinoamericanos, al denunciar las dañinas políticas de Estados Unidos contra los pueblos del continente y demostrar que aunque el enemigo sea sumamente poderoso y peligroso, cuando un pueblo está unido resulta difícil derrotarlo.
La segunda resultó la llegada al poder en 1999 del gobierno bolivariano de Hugo Chávez que dio un tremendo impulso a la experiencia cubana de enfrentar las políticas de rapiñas del Norte en aras del beneficio y la satisfacción de las principales necesidades de sus ciudadanos.
Las crisis económicas, la pobreza extrema y las desigualdades abismales que se extendieron por América Latina en los últimos 20 años, concientizaron al electorado regional y así comenzaron a surgir gobiernos progresistas en Argentina, Brasil, Uruguay, Guyana, Bolivia y Panamá que unidos a los del Caribe, rechazan las políticas neoliberales, de privatizaciones y de injusta globalización, instrumentadas por las compañías transnacionales con el beneplácito de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Venezuela, en estos 8 años de gobierno bolivariano con una verdadera revolución social ha ido sacando de la pobreza a casi el 70 % de su población (a pesar de ser un país con inmensa riqueza petrolera) que tenía ese estatus en 1999.
El presidente venezolano desde que llegó al poder, dispuso que parte de los millonarios ingresos petroleros que antes eran extraídos del país, se dirigieran a programas de ayuda a los sectores pobres.
En 2006 la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) entregó 5 600 millones de dólares para planes de desarrollo social, entre los que sobresalen salud, alfabetización, vivienda y alimentación. En 2005 la cifra fue de 4 800 millones de dólares.
Fuerzas pronorteamericanas trataron de expulsar de la presidencia a Chávez mediante un fracasado golpe de estado en 2002 y una huelga petrolera realizada por la directiva de PDVSA entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 que ocasionaron millonarias pérdidas al país pero tras controlarse esos hechos, la economía de la nación andina ha crecido ininterrumpidamente en los últimos 12 trimestre con uno de los índices más altos de América Latina.
Ese desarrollo sostenido se ha dirigido a mejorar el estatus social de la población como son la recuperación del empleo, al aumento del salario mínimo y la intensificación de los programas de salud, alimentación, educación y vivienda.
Por su parte, Daniel Ortega deberá enfrentar un panorama desolador que le deja su antecesor Enrique Bolaños después de 16 años de gobiernos neoliberales.
Nicaragua, la segunda nación más pobre del continente después de Haití, cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de solo 4 500 millones de dólares y el 19 % de esta cifra se debe a las remesas que los emigrados envían desde el exterior. Por tanto no son una base económica segura.
Datos de organizaciones sociales indican que alrededor del 75 % de los habitantes se hallan en la pobreza y el 70 % de la población económicamente activa se encuentra sin empleo y se resguarda en el llamado sector terciario, donde subsiste negociando todo tipo de mercancías.
De 1979 a 1990 con el gobierno sandinista que había derrocado la dictadura de Anastasio Somoza, el pueblo nicaragüense disfrutó por primera vez en su historia de una política social consecuente con campañas de alfabetización, servicios médicos gratuitos y proyectos económicos los cuales se vieron truncados por la agresión estadounidense que impuso al país una brutal guerra económica y militar.
Desgastado por el largo conflicto, los sandinistas perdieron el poder en las elecciones de 1990 y a partir de ese año se sucedieron varios gobiernos pronorteamericanos que adoptaron las leyes del libre mercado y privatizaciones e incrementaron la pobreza y las necesidades de la inmensa mayoría de los 5,7 millones de nicaragüenses.
En Ecuador, donde las políticas neoliberales motivaron que las manifestaciones y protestas populares derrocaran a tres presidente en el corto período de 1997 a 2005, la situación es parecida a Nicaragua.
La nación andina tiene un índice de pobreza superior al 70 % y una de las deudas más caras de la región pues gran parte del débito externo tiene tasas de interés de 12 % (bonos globales 2012 que reemplazaron a los bonos Brady) por lo que su servicio o pago es oneroso y le resta recursos para los sectores sociales.
No obstante a estos inconvenientes, Rafael Correa ha reiterado que no suscribirá el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que renegociará la deuda exterior de Ecuador, aunque mantendrá por el momento la dolarización del país acordada hace seis años.
El gobierno de Lucio Gutiérrez (sacado de la presidencia en 2005 por las masas populares) para cancelar la abultada deuda externa que se ubica en cerca de 15 500 millones de dólares, y poder adquirir nuevos fondos financieros, acordó bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dedicar más de la mitad de sus ingresos al pago de ese compromiso.
Esa medida motivó que se deterioraran aún más los servicios de salud, educación electricidad, alimentación y vivienda de la población.
En Ecuador, la mayoría de los ingresos del petróleo son saqueados por las transnacionales que reciben dividendos de hasta un 80 %, con excepción de la compañía norteamericana Occidental (Oxy), recientemente nacionalizada por el gobierno de Alfredo Palacios. Además, las empresas son exoneradas del pago del impuesto a la renta y por tanto, realizan un saqueo indiscriminado de las riquezas del país.
Con este panorama económico deprimente, Nicaragua y Ecuador también deberán enfrentar los embates de las fuerzas de derecha dentro de sus parlamentos que tratarán de obstaculizar las medidas que favorezcan a las grandes masas empobrecidas.
La unión y el apoyo del pueblo serán fundamentales en las batallas sociales que deberán enfrentar los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Ecuador que representan la extensión de las reivindicaciones sociales que recorren nuestra América.