El 15 de octubre es la fecha límite para que los estados miembros envíen sus planes fiscales plurianuales para cumplir con las normas fiscales reformadas de la UE a la Comisión Europea (CE). Estos planes se pueden ampliar hasta siete años en presencia de inversiones y reformas estructurales coherentes con los objetivos de la UE. Los planes tendrán que moverse dentro de las restricciones definidas por la CE para cada Estado miembro, de acuerdo con el análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA) en el que se basa en gran medida el nuevo sistema de normas fiscales.
En este marco, el DSA desempeña un papel crucial en la definición del perímetro de las políticas fiscales implementadas a nivel nacional. Al definir los márgenes de maniobra de los países individuales durante un horizonte plurianual, se supone que el nuevo esquema garantiza que el índice de deuda esté «en una trayectoria plausible a la baja o permanezca en niveles prudentes, incluso en situaciones adversas». Los criterios utilizados para definir las trayectorias de gasto requieren que, sin recurrir a una mayor consolidación fiscal, el índice de deuda pública caiga o permanezca por debajo del 60% del umbral del PIB al final del período de ajuste y en los siguientes diez años; el ratio de deuda debe caer con una probabilidad «suficientemente» alta; y el déficit fiscal debe caer por debajo del 3 por ciento y permanecer allí a medio plazo.