El Tribunal Internacional de Arbitraje (TIA) fue creado con el fin de beneficiar a los grandes intereses monopólicos y a las compañías transnacionales cuando se entabla una querella contra cualquier país en vías de desarrollo. Al llegar a esa instancia, la lucha, como dice un viejo refrán, se convierte de león a mono amarrado. Y […]
El Tribunal Internacional de Arbitraje (TIA) fue creado con el fin de beneficiar a los grandes intereses monopólicos y a las compañías transnacionales cuando se entabla una querella contra cualquier país en vías de desarrollo. Al llegar a esa instancia, la lucha, como dice un viejo refrán, se convierte de león a mono amarrado.
Y eso es lo que esta pasando con la demanda presentada hace 19 años por 88 ecuatorianos (en representación de más de 30 000 habitantes afectados de la provincia de Sucumbios), contra la compañía petrolera Texaco (adquirida por la Chevron en 2001) por gravísimos daños ocasionados al medio ambiente y a sus poblaciones.
Resulta que después de todos estos años de reclamaciones y querellas, la Chevron llevó el caso al TIA con sede en Estados Unidos, el que decretó la pasada semana que Ecuador deberá ordenar la revocación de una multa de 18 000 millones de dólares impuesta por la justicia de ese país contra la transnacional petrolera por la contaminación generada durante 13 años de explotación en la zona Amazónica conocida como Lago Agrio.
La Chevron se basó en que los tratados bilaterales firmados entre el país latinoamericano y la empresa, hay una cláusula que contempla la potestad de dicho tribunal internacional que, en casos similares, ya ha fallado a favor de las transnacionales. Un panel de apelación en Quito rechazó inmediatamente la orden del tribunal por considerar que no tiene base en la ley ecuatoriana.
Por la historia de abusos contra las naciones en desarrollo a favor de las transnacionales, no hay quien pueda confiar en ese Tribunal.
Solo en tres años (de 2007 a 2009) el expediente es alarmante: Bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) tres compañías agroindustriales de Estados Unidos impusieron querellas contra México para impedir compensaciones por la inundación en esa nación de productos de maíz subsidiados y por el desplazamiento de campesinos que se quedaron sin subsistencia.
De esa forma lograron que los contribuyentes mexicanos pagaran más de 160 millones de dólares a tres compañías:
33,5 millones a ADM/Tate & Lyle; 70,3 millones a Cargill y 58,3 millones a Corn Producers Int.
En ese mismo período el TIA falló contra otros tres países Latinoamericanos: 26,5 millones de República Dominicana a TCW Group; 200 millones (pendientes) de El Salvador a la Pac Rim Cayman, y 800 millones (pendientes) de Perú a Rengo Group. Inc.
De ahí, una de las razones y la importancia que Estados Unidos otorga a la firma de Tratados de Libres Comercio con Latinoamérica, pues uno de los capítulos permite a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos.
Mediante esos acuerdos, como los firmados con México, Centroamérica, Perú y Colombia (este último aún no ha entrado en vigencia), ninguna persona, empresa o autoridad nacionales tienen potestad para demandar a las compañías transnacionales ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas.
Entre las cláusulas de los TLC se reafirma la imposibilidad de acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
El desastre ambiental en el oriente amazónico ecuatoriano se inició cuando la Texaco, empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia de Sucumbíos junto con la compañía Gulf. Tres años después encontró el primer yacimiento conocido como Lago Agrio 1.
A las extracciones se sumó, años más tarde, el Estado ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990, Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió siendo parte de la asociación.
Los estudios efectuados por varios especialistas han llegado a la conclusión que en Lago Agrio ocurrió una de las peores catástrofes ambientales en la historia de la humanidad.
Una investigación efectuada en 2008 estableció los daños por 27 000 millones de dólares pues Texaco derramó más de 64 340 000 de litros de petróleo crudo además de 68 130 000 litros de aguas de formación, las que brotan de la tierra con petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos.
La activista norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer las zonas afectadas redactó un informe en diciembre de 2009 que expresa: «Bajo el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos, donde los nativos toman agua, pescan y se bañan».
El documento añade que la Texaco construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se colocó ningún concreto para proteger el suelo y el veneno se escurrió al agua subterránea.
«Yo había escuchado durante años sobre el Chernobyl de Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo», sentenció Kennedy.
Las funestas consecuencias de la contaminación recayeron en la población, que ha presentado en los juicios, casos de malformaciones congénitas, cáncer y enfermedades a la piel. El juicio contra la petrolera se inició el 2 de noviembre de 1993 y ha sufrido todo tipo de reclamaciones y presiones por parte de Chevron para tratar de revertir las acusaciones y que sea Ecuador quien pague por los daños ecológicos ocasionados.
Después de nueve años en Estados Unidos, en 2002 el tribunal de la corte Federal del distrito de Nueva York dictaminó que al haberse cometido en Ecuador los hechos que se reclamaban y al ser la justicia ecuatoriana capaz de conocer el caso y juzgar en derecho, el proceso debía proseguir en ese país andino con lo cual la transnacional puso algunos reparos pero después accedió.
La aceptación de la petrolera se debía a que en Ecuador,
gobernaba en aquel momento Gustavo Noboa, quien había llegado al poder en enero de 2000 tras ser derrocado Jamil Mahuad por grandes manifestaciones populares.
Noboa impuso drásticas medidas neoliberales y de mayor privatización de la economía, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional e impuso fuertes medidas de austeridad. La Chevron se sentía entonces, segura con ese gobierno prooccidental.
Después de nueve años, la Corte Superior de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia halló culpable a la transnacional por el desastre y el daño ambiental causado y le ordenó pagar 18 000 millones de dólares como indemnización a los pobladores y gasto de limpieza.
Ahora, el fallo del Tribunal Internacional de Arbitraje, abre otra nueva etapa de lucha jurídica y por el respeto de la soberanía ecuatoriana. Chevron que aparece como la segunda peor compañía en el mundo por su ataque al medio ambiente, puede ser exonerada de pagos. La transnacional cuenta con dos cosas a su favor: abundante capital e influencia política en los centros financieros occidentales.
Recordemos que Condoleeza Rice, ex jefa del Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush, fue directora de la compañía en los años 90, y Dick Cheney, ex vicepresidente de W. Bush, actuó como director de Halliburton, una empresa que tiene contratos por cientos de millones de dólares con la Chevron.
La pelea será dura y probablemente continuará por varios años pero el hecho ha dejado una moraleja: No se puede hacer negocios o firmar contratos con compañías transnacionales o gobiernos extranjeros que cercenen la soberanía financiera, económica y política de un país.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.